Se ha
afirmado que la ciencia -en tanto forma exclusiva, y por cierto excluyente, de
conocer la realidad, de alcanzar la verdad de las cosas, garantizada por una
lógica interna- y el derecho -como trascripción de la situación social más
razonable y por ello más justa-, no han tenido, históricamente, vinculación
alguna. Sin embargo la actividad científica ha inspirado y ha canalizado
posiciones filosóficas y, bajo reglas epistemológicas propias, ha delineado
las estructuras sociales y políticas para la expresión del hombre.
La ciencia
y el derecho fueron elaborando las estructuras económicas, políticas y
culturales, con el estímulo, la tolerancia o el rechazo de su entorno natural
y social. En todas las etapas de la construcción del sistema jurídico se
verifica la continua necesidad de tomar decisiones. Tomar decisiones significa
introducir valores. Valores, asumidos a partir de consideraciones (leyes o
teorías) de orden científico, filosófico, ético, antropológico y religioso que
siendo pre y meta legales están presentes en la intencionalidad del sistema
jurídico como ordenador social que éste es.
La imagen
general social que, hoy, la biogenética evoca y lleva en sí -no sus
consecuencias efectivas ni sus desarrollos- crea una variedad de formas
imaginarias y naturales que determinan un complejo y ambivalente estereotipo,
en este caso, de la manipulación de los genes, la que es vista como el peligro
de la transformación del hombre, tal y como se lo conoce hoy. Se alienta un
piélago agitado de opiniones y se aspira a poner un freno (¿legal?) a la
investigación y al desarrollo tecnológico ante la posibilidad de que tales
conocimientos puedan ser utilizados con fines antidemocráticos, lo menos. No
es necesario pensar que la naturaleza humana es angelical o demoníaca para
darse cuenta de que el peligro que entraña el conocimiento es insignificante
comparado con el que entraña la ignorancia
