Esteban Hopp, Dr. en
Ciencias biológicas y tecnología agropecuaria del INTA ha
considerado que la ingeniería genética es una tecnología más que
puede ser usada con fines buenos o malos. “Respecto de los alimentos, en EEUU
y Canadá, donde el 70% de lo que consume un ciudadano medio es derivado de OGM,
las estadísticas demuestran que no han aumentado los índices de alergias ni de
cánceres, ni han causado otros daños a la salud”.
Por ello, se manifestó
a favor del establecimiento imprescindible de sistemas regulatorios, que
garantizan al consumidor la inocuidad de los alimentos que consumen, funcionen
correctamente.
Actualmente el concepto
de “calidad” pasa por la satisfacción de las exigencias y gustos del
consumidor. Es necesario determinar
y valorar las propiedades que debe tener un
producto para ser considerado de calidad,
valoración que puede realizarse mediante criterios objetivos (light,
sin azúcar, sal con menos
sodio, sin pesticidas, saborizados, etc.) que son medibles;
y mediante criterios subjetivos, apreciables
por los sentidos y valorable como caracteres organolépticos (color, sabor,
aroma, presentación, textura,
etc.), valoración que puede ser
diferente según regiones, culturas,
épocas e incluso edades de los evaluadores.
La conformidad del
producto con criterios objetivos no comporta necesariamente la calidad del
producto, solo se puede decir con
ello que resulta apto para el consumo humano. El concepto actual de
“calidad” aplicado a los alimentos contempla la inocuidad y
la satisfacción de las preferencias del cliente
El problema que se plantea ante el consumo de alimentos transgénicos es
si éstos son aptos para el consumo y si cumplen con las exigencias de calidad
establecidos. Y sí como consecuencia del consumo constante de este tipo de
alimentos, los seres humanos podemos sufrir modificaciones genéticas por comer
un alimento que tiene ingredientes transgénicos. Hasta hoy, está científicamente
comprobado que no presentan ningún problema a la salud de las personas que los
consumen, ni de los animales que los consumen, ni de las personas que consumen
productos de estos animales. La alternativa que todavía no está científicamente
descartada es la eventual influencia en el organismo a lo largo de varios años
de consumo de este tipo de alimentos, y más aún, a través de varias
generaciones. Pero luego de diez años de consumo por millones de personas, no
hay ningún indicio científico que pueda suponer la aparición de alguna
alternativa sanitaria de consecuencias fuera de control para la medicina humana.
Sin lugar a dudas que
deberá desarrollarse una vigilancia alimentaría continua acerca de los
procedimientos y tecnologías utilizadas cuyas deficiencias impliquen riesgos
para la salud; así también como deberán realizarse estudios epidemiológicos
para prevenir enfermedades de transmisión alimentaría.
La evaluación de los
efectos adversos resultantes de la exposición humana a una alimentación
continuada implicará realizar estudios tendientes a lograr la identificación
de los riesgos, pudiendo así, caracterizar el peligro que éste podría implicar,
determinando de esta manera que la exposición a una alimentación
continuada será segura.
Probablemente suceda
que, a no ser por razones alérgicas o de tipo ético, incluyendo una postura
ecologista antitransgénica visceral- los consumidores reaccionen ante el
etiquetado transgénico, igual que los fumadores que compran los paquetes de
cigarrillo donde se anuncia claramente que el fumar perjudica seriamente la
salud; es decir, que no hagan caso a la advertencia.
En relación con el
aspecto de la salud humana es importante poner de manifiesto que desde 1990
organizaciones como la FAO, la OMS y la FDA norteamericana vienen evaluando con
rigor los pros y los contras de los alimentos transgénicos, y no se han opuesto
a su utilización.
En lo que respecta al
ser humano, aquellos que no están
de acuerdo con ésta clase de alimentos, consideran que la desinformación y la
falta de legislación sobre el control y etiquetado de estos productos hace
imposible que una persona pueda decidir libremente sobre su consumo o no. Por
ejemplo, algunos vegetales transgénicos, como la soja y el maíz, se están
usando mezclados y de forma indistinta con los cereales no modificados. Además,
algunos alimentos modificados genéticamente se utilizan para dar de comer a
animales que llegan al consumo de las casas, por lo que, aunque no se realice un
consumo directo, llegan de forma indirecta a nuestra mesa sin saberlo.
Asimismo, consideran que
su consumo puede afectar directamente a la salud del hombre. Y es que, según
ellos, la introducción de un nuevo compuesto que contiene una nueva información
genética dentro de una célula, puede alterar los equilibrios metabólicos de
organismo huésped, variando el contenido nutritivo del alimento modificado.
Esto hace que sus efectos sean imprevisibles en el hombre.
Otro bloque de críticas gira en torno a la no necesidad de este tipo de
alimentos, respondiendo el desarrollo de esta tecnología a factores puramente
económicos
y comerciales.
La promoción de los
vegetales transgénicos por parte de las grandes compañías productoras gira en
torno a dos ideas: una mayor productividad y la posibilidad de acabar con el
hambre en el mundo.
Alegan que existe una
mayor productividad dado que las plantas que sean más resistentes a los
insectos o determinados parásitos conllevaran a una mayor productividad.
Al aumentar la productividad y
hacer los alimentos más resistentes a las condiciones externas, conseguirían
la producción en todas partes del mundo y así lograrían acabar con el hambre
que todavía padecen millones de personas.
Actualmente ya existen
50 alimentos transgénicos comercializados, la mayoría en Estados Unidos y Japón,
pero sólo tres se pueden encontrar en el mercado español: el maíz, la soja y
un derivado del tomate. No obstante, existen más de 300 que están a la espera
de una autorización para estar a disposición de los consumidores.
A pesar de si expansión mundial, en Europa no son bien recibidos por el
consumidor. Por ello, desde la biotecnología se está realizando un esfuerzo
para que los consumidores vean "beneficios directos" en forma de
mejora nutricional en productos como patatas que retienen menos aceite al freírse,
aceites de soja con menor concentración de ácidos grasos, o yogures que
producen un aminoácido que actúa como edulcorante natural (especialmente
indicado para diabéticos).
Lo que es cierto es que esta tecnología aplicada a la alimentación es
imparable. Ya son 28 millones de hectáreas las dedicadas al cultivo de esta
clase de alimentos, cifra que se duplicará en cinco años. ¿Qué nos deparará
el futuro?, ¿hasta dónde llegaremos?
En cuanto a los efectos
que la utilización de transgenicos puede ocasionar sobre el ambiente, cabe
aclarar en primer lugar algunos conceptos previos.
Por ambiente, se debe
comprende a todo el conjunto de elementos naturales, artificiales o creados por
el hombre, físicos, químicos y biológicos que posibilitan la existencia,
transformación y desarrollo de los distintos organismos vivos. A pesar de que
el ambiente es parte de un todo mas generalizado, como es la naturaleza, y que
se busque una política de tutela ambiental general, existen múltiples
estrategias proteccionistas sectoriales que van mas allá del ámbito
exclusivamente natural y persiguen preservar la obra humana en sus distintas
manifestaciones, con miras a asegurar una mejor calidad de vida y mayor
aprovechamiento de los recursos naturales.
La biotecnología, como
una obra del hombre, también se encuentra íntimamente relacionada al ambiente,
ya sea por las alteraciones que está puede ocasionar en el medio, como por las
ventajas que puede generar.
En lo que respecta al
medio ambiente, varios son los peligros que se plantean, en primer lugar, la
información genética introducida en estos alimentos (especialmente en los
vegetales, que son los que hasta ahora se están comercializando) tiene una
remota posibilidad de migrar como si se tratará de un virus, e instalarse en
otros organismos. Esto puede provocar la aparición de bacterias resistentes a
los antibióticos utilizados para la selección de los organismos modificados,
así como nuevas plagas resistentes a los mismos insecticidas y/o herbicidas que
las plantas cultivadas.
En segundo lugar, la idea de un gen resistente a los herbicidas provocará el
incremento de la dosificación de dichos herbicidas en el cultivo, lo que
aumentará el aporte de sustancias extrañas al medio ambiente, es decir, la
contaminación.
El mayor riesgo de los transgénicos, como producto de la biotecnología, está
dada por la posibilidad de “polinización cruzada y los no previstos efectos
recombinantes con otros genes, en mutaciones que sufren otros cultivos o las
hierbas silvestres aledáneas que pueden adquirir la resistencia al componente
del herbicida, volviéndose incombatibles o requiriendo cada vez mayores
cantidades de herbicidas con la consiguiente erosión de los suelos y
contaminación del agua.”[iii]
Además la posibilidad
de cruzamiento y mayor resistencia de las especies vegétales puede provocar la
extinción de las especies originarias de una zona; así como la propagación de
las mencionadas “malas hierbas súper resistentes”.
Y, en tercer lugar, la
implementación de transgénicos en determinadas áreas puede ocasionar la
migración de insectos de un lugar a otro, dada la modificación de su hábitat
natural, además puede ocurrir que determinados vegetales sean resistentes a los
insectos, lo que puede provocar la reducción de su población, lo que a su vez
afectará a los animales que se alimentan de ellos. Alterando la totalidad del
ecosistema. No debe dejarse de tener presente que todos estos posibles efectos,
se manifestaran en el mediano o largo plazo.
Un reciente informe de
la National Academy of Sciences del año 2002 ha señalado que no hay
diferencias entre los resultados que pueden provenir de plantas modificadas
mediante las modernas técnicas de la biotecnología y aquellos que han sido
obtenidos mediante las prácticas de breeding convencional y, de hecho, las
primeras están sujetas a evaluaciones más estrictas que las segundas.
De todos modos,
entendemos que el proceso regulatorio debe ser mejorado con un mayor
involucramiento del público en general, perfeccionando el proceso de revisión
por pares de científicos, y presentando
más claramente los datos y métodos empleados en las decisiones. Se entiende,
mas aún en relación a los posibles efectos ambientales, que el proceso de
monitoreo deber ser extendido aún después de la aprobación para el uso
comercial de los OGM, ya que, los efectos ambientales visibles en la etapa
experimental pueden ser distintos de aquellos que aparecen cuando se cultivan
extensiones grandes de tierra.
Sin perjuicio de esto,
las experiencias realizadas a nivel científico tienden a corroborar que, por el
momento, los OGM, per se, no presentan peligro especial ni para el medio
ambiente, si son adecuadamente tratados y testeados.
No debe desconocerse la
existencia de controversias sobre el tema,
las que no solo se encuentran motivadas en razones de tipo ambiental y
sanitarias, sino también por factores económicos, sociales y
ética-religiosos, entre otros. Además es cierto que los países tendrán
diferentes posturas en relación al tema en función de su potencial genético
doméstico y el impacto que pudiera tener sobre el mismo uso de OGM, o el lugar
que ocupan sus empresas nacionales e instituciones locales en el mundo de la
biotecnológica.
La reforma
constitucional de 1994, ha introducido en el derecho argentino, con máxima
jerarquía legislativa a los llamados derechos de tercera generación.
Esta modificación se ha realizado en perfecta sintonía con el
reconocimiento de la comunidad internacional de la trascendencia de la temática
ambiental.
El derecho a un ambiente
sano es receptado a nivel internacional por primera vez en la Declaración de
Estocolmo de 1972, que reconoció que el hombre tiene el
derecho fundamental la libertad e igualdad, en un ambiente cuya calidad
le permita vivir en dignidad y bien estar. Este concepción fue
incorporada en el articulo 41 de la CN que establece “…Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. …las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural cultural y a la diversidad biológica…”
y en el Art. 42 que reza:
“los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e interese económicos,
a una información adecuada, a la libertad de elección…”
Los mencionados artículos
incorporan algunos de los denominados derechos de “tercera generación”.
Bajo este concepto se agrupan un conjunto de derechos, los cuales estarían ya
otorgados a las personas e incluso a los pueblos, por medio de la cláusula de
derechos implícitos del Art. 33 de la CN.
Dentro de este grupo de
derechos se incluye el derecho a una mejor calidad de vida, a la defensa del
ecosistema, el derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso a la explotación
de los recursos naturales propios por el estado o por quien el autorice.
El derecho a un medio
ambiente sano y equilibrado implica la defensa del medio y de los recursos
naturales y consecuentemente el desarrollo de las disciplinas auxiliares de la
ecología.
Si bien el desarrollo de
la protección ambiental tiene que ver más con la enorme preocupación que
provocó la contaminación en los países industralizados, no puede dejarse de
reconocer que esta normativa es aplicable al caso de estudio.
La norma es clara, si
bien fomenta el desarrollo de las actividades productivas, entre las que se
puede incluir la biotecnología y la producción de transgénicos, ésto no
permite que esta actividad se desarrolle en plena libertad, sin limite alguno y
en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.
Por el contrario, la C.N recepta la noción de “desarrollo sustentable”, que
establece el derecho - deber de proteger y mejorar el ambiente para las
generaciones presentes y futuras. Implica un compromiso intrageneracional de
preservación del medio ambiente, que obliga a la utilización racional de los
recursos naturales, de manera tal que no generen deudas al sobreexplotar la
capacidad de sostenimiento y producción de la tierra.
La producción de transgénicos
debe realizarse conforme a esta norma, es decir que las empresas públicas o
privadas que manipulen los alimentos, ya sea con fines científicos o
comerciales, deben encontrarse sometidos a una regulación que garantice el
cumplimento de esta norma fundamental.
Con relación al derecho
a la salud, con la reforma de 1994 se incorpora el Art. 42 –menciona ut supra-
que establece de forma expresa que los consumidores de bienes tienen derecho a
que se los proteja, en su salud, en la relación de consumo y a la adecuada
información. Esta disposición
constitucional fue complementada con la Ley de Defensa del Consumidor.
La ley de defensa del
consumidor, es una ley de aplicación en todo el país. Sus resultados fueron
efectivos, a pesar de su corta vida. Esta ley protege a las personas en dos
aspectos importantes, por una lado, protege su salud, por otro el derecho a una
adecuada información sobre los productos que consume. Debe tenerse presente que
esta ley tiende a evitar que las personas sean víctimas de maniobras dolosas
por partes de las empresas para inducir a un consumo que puede resultarle
perjudicial. Estableciendo la responsabilidad solidaria de las empresas
productoras, transportistas y comerciantes de los bienes. Por tales razones
entendemos que es totalmente aplicable al caso de estudio.
La Ley de Defensa del
Consumidor es su Capitulo II estipula la información al consumidor y la
protección a la salud. En su articulo 4° define a la información
estableciendo que “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen
cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en
forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente
sobre las características esenciales de los mismos”. Todo ello, basándose en
el derecho de protección al consumidor para tratar de evitar los peligros para
la salud o integridad física de los mismos.
Entendemos que esta ley
es otro limite, de carácter infraconstitucional, al desarrollo y aplicación de
las biotecnologías en los alimentos transgénicos.
El desarrollo de los
alimentos transgénicos, especialmente los destinados al consumo humano, debe
respetar entre otras, esta norma.
Una consecuencia
necesaria de la aplicación de esta ley es lo relativo al etiquetamiento.
“los consumidores y
distintos representantes de la sociedad civil, no conformes con las pruebas
científicas que están detrás del proceso de aprobación de los OGM, han
reclamado, en particular en los países desarrollados, que se instrumenten
sistemas de etiquetado o labelling, con el fin de identificar a los alimentos
que contienen OGM.”
La cuestión del
etiquetado recoge un fuerte apoyo entre los ciudadanos de países tanto
desarrollados como en desarrollo. Pero el problema del etiquetado de los
alimentos trangénicos es más complejo de los que parece. En principio,
se cree que se trataría exclusivamente de garantizar la mayor información
posible al consumidor, debido a que existen temores extendidos acerca de la
seguridad de los alimentos transgénicos.
Sin embargo, hay
opiniones contrarias al etiquetado; entre las razones mencionadas, se incluye,
por ejemplo, la pregunta de por qué no se reclama, también, información
acerca de los herbicidas y pesticidas empleados para producir un determinado
cultivo “convencional”. Asimismo, se señala
que podrían existir otras vías de informar a los consumidores sobre los
transgénicos, tales como campañas publicitarias, centros de educación, lineas
de consultas gratuitas, etc. que podrían complementar el etiquetado, el cual,
vale aclarar que no siempre es leído por los consumidores. Pero el argumento más
escuchado, es que no habiéndose demostrado que los alimentos transgénicos son
diferentes, en composición química y valor nutricional, de los convencionales, sería engañoso etiquetar a los primeros, ya
que haría pensar a los consumidores que se trata de productos menos seguros o
potencialmente dañinos.
Además de la ley de
defensa del consumidor en relaciona a los alimentos debe aclararse que se
encuentra en vigencia el sistema nacional de control de alimentos creado por
Decreto 2194 / 94, modificado por Decreto 815 / 99
que tiene por objeto armonizar toda la legislación sobre alimentos:
compuesta por el Código Alimentario Argentino, la Estructura Organizativa de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica
(ANMAT), el Reglamento y estructura de Servicio nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), las Resoluciones
del MERCOSUR relativas a la materia y con prevalencia sobre las demás, en
virtud del Art. 75.24 de la C.N.
Las
normas básicas reguladoras de los productos alimentarios aptos para el consumo
(Código Alimentario Argentino) contienen,
esencialmente la definición, parámetros
físico- químicos y microbióticos, una lista de prácticas productos, aditivos admitidos (ingredientes) en la elaboración,
y características en los envases en contacto con los alimentos
(enlatado, cartón,
etc.), etiquetado y pesos
(neto) que permitan brindar garantía sanitaria y seguridad ante posibles
fraudes y engaño al consumidor (Ley de Lealtad Comercial y de Defensa del
Consumidor).
Código Alimentario
Argentino (C.A.A.)- Ley 18.284 (Ministerio de Salud)
El C.A.A. surge como una
actualización del anterior Reglamento Alimentario que fuera aprobado por el
Decreto N 141 del 8 de Enero de 1953. Contiene las normas oficiales de carácter
general y especificas, comunes para
todo el país, en lo concerniente a
la producción, elaboración y
circulación de alimentos de consumo humano en cuanto se refiere a las
condiciones higiénico- sanitarias, bromatológicas
y de identificación comercial que deben satisfacer,
así como las facultades y obligaciones de las respectivas autoridades
sanitarias.
Como disposiciones
reglamentarias del C.A.A. existen: el
Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos
y Derivados de Origen Animal (decreto N 4238/68) y la Reglamentación de Frutas
y Hortalizas (Decreto N 9244/63), cuyas
autoridades de aplicación son el S.E.N.A.S.A. (Servicio Nacional de Sanidad
Animal) y el I.A.S.C.A.V. (Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal),
respectivamente; y
actualmente el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria.
Este reglamento
establece el sistema de inspección de productos, subproductos y derivados de
origen animal. Existen en Argentina
dos tipos de plantas exportadoras: las
del ciclo completo, que incluye
faena, desposte, carnes cocidas, conservas de carne y extractos de carne; y las
faenadoras, que comprenden
operaciones de faena, desposte y refrigeración.
En el mismo se definen
los conceptos básicos siguientes:
Las Buenas Practicas de
Fabricación (BPF) a los procedimientos que son necesarios cumplir para lograr
alimentos inocuos y seguros.
Los Procedimientos
Operativos Estandarizados (POE), que
son aquellos procedimientos escritos que describen y explican como realizar una
tarea para lograr un fin especifico, de
la mejor manera posible.
Saneamiento, son las acciones destinadas a mantener o restablecer un
estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos y procesos de
elaboración a Los fines de prevenir enfermedades transmitidos por alimentos
ETAs.
Procedimientos
Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) que son aquellos procedimientos
que describen las tareas de saneamiento, los
que deben aplicarse antes, durante y posteriormente a las operaciones de
elaboración.
La estructura de control
de la industria agroalimentaria, a
nivel internacional, comprende:
Control Interno o
Autocontrol: sirve para que cada
productor o fabricante compruebe y asegure el nivel de calidad de su producto y
su gradop de adecuacion a normas y especificaciones.
Control Oficial: es aquel que, en todo momento,
pueden efectuar los organismos estatales competentes (Nación, Provincia,
Municipio), con el objeto de
comprobar el cumplimiento de normas obligatorias y garantizar la salud y
seguridad del consumidor.
Control Externo: es el realizado por un tercero, generalmente se trata de
entidades privadas especializadas y debidamente autorizadas.
Suele centrarse mas en la certificación de las normas voluntarias.
La característica
deseada de muchos alimentos incluye aspectos relacionados tanto con la calidad
como con la inocuidad. Estas
características pueden excluirse o no mutuamente,
y a menudo el consumidor no establece diferencias entre ellas.
La coordinacion de los
organos de control de los alimentos, tanto
en el ámbito nacional como internacional,
es indispensable para generar un cuadro institucional de fuerte
legitimidad respecto a la calidad y seriedad de la estructura y los
procedimientos de control.
El objetivo principal
del sistema de control de alimentos, cualquiera
sea éste, es la protección de la
salud de los consumidores, debiendo
asegurar:
Que la oferta de
alimentos sea sana, nutritiva y de
calidad.
Que llegue en esas
condiciones al consumidor, y
Que ésta disponga de
información adecuada sobre la cantidad, calidad,
sanidad, valor nutricional,
métodos de manipulación, procedimiento
y preparación de dichos alimentos como para que puedan tomar las decisiones
apropiadas para proteger su propia salud.
Este objetivo central
debe ser logrado mediante un sistema de normas,
estándares, procedimientos,
y metodologías de aplicación de los mismos que respeten la necesidad de
informalidad y armonización de las normas y su aplicación,
y que tenga los menores costos de control por parte de los organismos
competentes.
El decreto tiene por
objeto crear un Sistema Nacional de Control Alimentario (S.N.C.A.) y es de
aplicación en todo el territorio de la nación Argentina,
coordinando las funciones de inspección entre Los organismos
intervinientes, tendiendo a evitar
superposiciones de funciones, y a
evitar el pago doble de tarifas, creando
una Base Unica de Dates.
En el caso de
superposición de controles de organismos nacionales, los representantes de la
Secretaria de Política y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción
Social y de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
integrantes de la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS, determinarán el
organismo que intervendrá.
La integración del
sistema incluye a la C.O.N.A.L., S.E.N.A.S.A.,
y A.N.M.A.T. en la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social, con funciones de asesoramiento,
apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos.
Estará integrada por un representante de la SAGPYA,
un representante del Ministerio de Salud,
un miembro representante de la autoridad de aplicación de las Leyes Nº
22.802 y 24.240, dos representantes
designados por el S.E.N.A.S.A., dos
representantes designados por la A.N.M.A.T.
Las provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedan
invitados a participar con un total de tres miembros.
La representación del
sector empresario queda en el
Consejo Asesor, un representante
debe corresponder a las PyMES alimentarias, dos representantes del sector de los
consumidores y un representante de los trabajadores del sector alimentario.
Facultades y
obligaciones que no son vinculantes:
1.
Proponer la actuación del C.A.A. como referencia de las normas
internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR
2.
Impulsar la puesta en funcionamiento, tal como lo establece la C.A.A.,
del registro Nacional Unico de Productos y de Establecimientos.
3.
Impulsar el control coordinado de alimentos en boca de expendio a través
de las autoridades sanitarias integrantes del Sistema Nacional de Control de
Alimentos.
4.
Recomendar sistemas de auditoria para el cumplimiento de plazos,
procedimientos y requisitos dispuestos.
5.
Recomendar a las autoridades competentes integrantes del Sistema Nacional
de Control de Alimentos la unificación de sanciones,
tasas y aranceles.
6.
Proponer a los organismos competentes del Sistema Nacional de Control de
Alimentos la creación de las cabinas sanitarias únicas,
y recomendar los sitios aduaneros, puestos
fronterizos o de resguardo.
7.
La instalación de una Base Unica de Datos informatizada en la que se
incorporen datos correspondientes a la normativa vigente.
8.
Promover, principalmente, que
las empresas productoras de alimentos y bebidas, adopten
y optimicen sistemas internacionales de autocontrol y/o logren certificaciones
internacionales de calidad. Asimismo
se deberá considerar un sistema de estímulos y beneficios para las empresas
que implementen tales sistemas y/u obtengan dichas certificaciones.
El S.E.N.A.S.A tendrá
las siguientes facultades y obligaciones en materia alimentaria:
1.
Hace cumplir la C.A.A., la
Ley N° 18.284 y sus disposiciones reglamentarias. Además de velar en el ámbito de su competencia.
2.
Velar por la inocuidad, salubridad y sanidad de los productos
alimenticios, sus subproductos y
derivados, materiales en contacto
directo con los mismos, las
materias primas, envases,
ingredientes, aditivos y rotulados.
3.
Registrar productos y establecimientos, y ejercer la fiscalización higiénico- sanitaria en la
elaboración, industrialización,
procesamiento, almacenamiento en los establecimientos y depósitos de
productos, subproductos y derivados
de origen animal de transito federal o internacional, registrara y fiscalizara los medios de transporte en el área
de su competencia.
4.
Ejercer la fiscalización higiénico- sanitaria de los productos y
subproductos de origen vegetal, en
las etapas de producción y acopio, en
especial deberá fiscalizar que no sean utilizados en los lugares de producción,
elementos químicos y/o contaminantes que hagan a los alimentos no aptos
para el consumo humano.
5.
Ejercer la fiscalización higiénico- sanitaria de los establecimientos
que procesen productos primarios de origen vegetal cuando ese procesamiento no
sobrepase la etapa de transformación que se consigna.
6.
Ejercer la fiscalización de las normas higiénico- sanitarias de las
importaciones de toda clase de ganados, carnes, pescados y aves,
sus productos y subproductos, acondicionados
o no para su venta directa al publico, y
cuyo acondicionamiento asegure o no una estabilidad,
y que corresponda a su estricta competencia.
Estas conductas se realizaran con carácter previo a su ingreso a plaza.
7.
Elaborar y ejecutar planes y programas referentes a la prevención,
control y erradicación de las plagas y enfermedades en los vegetales y
animales, estableciendo en el
territorio nacional las barreras fito- zoosanitarias.
8.
Otorgar los certificados sanitarios que requieran las exportaciones de
productos alimentarios de origen vegetal y/o animal cuando convenios
internacionales así lo determinen, o
a solicitud del exportador.
9.
Suspender las importaciones de materias primas y productos alimenticios
de origen animal y/o vegetal, cuando
el ingreso de ellos al país comporte un riesgo comprobado para la sanidad
animal o un riesgo fitosanitario. Igual
medida podrá adoptarse cuando exista un riesgo de salud humana en los productos
de su competencia.
10.
Comunicar en la Base Unica de Datos toda la información referente a
resoluciones dictadas, controles
efectuados, autorizaciones, y las
sanciones o medidas cautelares.
La A.N.M.A.T., organismo descentralizado de la Administración Pública
Nacional, dependiente del
Ministerio de Salud, y por
intermedio del Instituto Nacional de Alimentos(I.N.AL.) se encarga de ejecutar
la política que dicte el Gobierno Nacional en materia de sanidad y calidad de
aquellos productos que estén bajo su exclusiva competencia,
y de asegurar el cumplimiento del C.A.A.
Las misiones de la
A.N.M.A.T., a través del I.N.AL.,
son:
1.
Velar por la salud de la población,
asegurando la inocuidad, salubridad
y sanidad de aquellos productos que estén bajo su competencia,
los materiales en contacto directo con los mismos,
las materias primas, envases,
aditivos, ingredientes y rotulados.
2.
Controlar y fiscalizar los establecimientos que elaboren, fraccionen y
almacenen productos alimenticios destinados al consumo humano (con excepción de
los indicados en el Anexo I y II, según
los términos del inciso e del articulo 13 del decreto en análisis).
3.
Controlar y fiscalizar los procesos de manipulación,
elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y transporte de alimentos
para consumo humano.
4.
Controlar y fiscalizar la sanidad y calidad de los alimentos
acondicionados para su venta al público, de
elaboración nacional o importados, destinados
para ser consumidos en el mercado interno y/o externo.
5.
Adoptar, ante la detección
de cualquier factor de riesgo relacionado con la sanidad y calidad de los
alimentos, las medidas adecuadas y
oportunas para proteger la salud de la población, de acuerdo a lo establecido en el C.A.A.
Son responsables de aplicar el C.A.A. dentro de sus respectivas
jurisdicciones. Las autoridades
sanitarias de cada provincia y del Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires deberán registrar los productos y establecimientos que soliciten
autorización para industrializar, elaborar,
almacenar, fraccionar,
distribuir y comercializar alimentos. Además, se encargaran de realizar los controles en bocas de expendio.
Para fiscalizar la importación de alimentos,
se establece un sistema de cabinas sanitarias únicas,
las que estarán instaladas en las aduanas,
los puestos fronterizos y resguardos,
integradas por funcionarios del S.E.N.A.S.A.
y de la A.N.M.A.T.
La biotecnología se
desarrolla rápidamente; los avances son cada vez mayores y por lo tanto es
necesario que la sociedad y el derecho, como herramienta de control, evolucionen
conjuntamente con ella.
En la actualidad no se
puede pretender que se paralicen los avances, sino por el contrario, el Estado
es quien debe tomar un rol activo en la materia generando una reglamentación
jurídica adecuada y eficaz, que permita el desarrollo de la misma en armonía
con los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.
En el aspecto jurídico,
debe recalcarse que mientras las normas sanitarias y de seguridad son
disposiciones públicas de cumplimiento obligatorio, y por lo tanto son
susceptibles de fiscalización y control; las
normas y sistemas de calidad son de adopción voluntaria, aunque también son
pasibles de control y auditoria, y
de sanción.
Las normas, programas y sistemas de calidad establecen las bases para la
identificación y particularizaron de un producto o servicio.
Debido a que la calidad está basada en el autocontrol,
requiere de la certificación y control del Estado para ciertos
programas, tales como los relacionados a la investigación, desarrollo y
producción de nuevas especies biotecnológicas, entre ellas los transgénicos,
que pueden afectar directamente al ambiente y la salud de la población.
En la actualidad, los
empresarios argentinos están demandando al Estado
que se actualice y que efectivice su accionar, entienden que debe acompañarlos
al ritmo de los cambios, no solo
con la normativa que pueda generar para adecuarse a las exigencias de los
mercados sino en la información que producen,
la investigación y la difusión de las novedades.
Es necesario que el
Estado se reorganice y reasigne roles y presupuesto de acuerdo con la nueva
realidad mundial.
El Estado no puede
desentenderse de aquellas funciones que son indelegables, a saber, las relativas
a la higiene e inocuidad de los alimentos, la protección del Ambiente y de los
consumidores, consagrados como derechos constitucionales. El control de plagas y
enfermedades en el proceso y en los productos.
También debe tener a su
cargo el control del cumplimiento de normas que determinan la inocuidad de un
producto.
Pero el Estado no es
quien debe tomar toda la responsabilidad, si bien entendemos que existen
funciones que no puede delegar, también creemos que la división de tareas es
un principio que posibilita la mejor asignación de recursos.
En la actualidad, la
argentina es un país que posee gran actividad en relación la materia de
estudio, debe tenerse presente que nuestra economía es básicamente
agropecuaria. Consecuencia del gran desarrollo de esta actividad es que han
surgido distintos entes públicos y privados que también se ocupan de estas
cuestiones.
Son estas instituciones
las que deben asumir funciones importantes para lograr la mayor performance de
la actividad. Entendemos que entre estas funciones están las de: Asistencia técnica
e Institucional, Asesoramiento, capacitación
y difusión de la temática de la calidad, registros de certificadoras-
Protocolos- Manual de Calidad- etc.
Programas de apoyo económico
a las PyMES, para absorber el costo
del Sistema de Calidad (organización, capacitación, gestión empresarial,
innovación de tecnología, etc.)
Certificación de la
Calidad en caso que corresponda: S.E.N.A.S.A.,
I.A.S.C.A.V., I.R.A.M.
Por último debe
reconocerse que otro agente importante son los entes privados, los cuales deben
tener a cargo, siempre de forma solidaria con el Estado, la libre elección del
Sistema de Calidad; la Implementación del Sistema de Calidad en el proceso-
producto; Elaboración de los Manuales de Calidad o de Procedimiento y/o
Protocolos así como la realización del autocontrol.
“Los transgénicos en
la agricultura argentina” Chudnovky, D; López, A; Trigo, E:, Cap. E; libros
del Zorzal. Buenos Aires: 187. Año 2002
Apuntes de la materia
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Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad del Salvador.
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NOTAS:
[ii]
Informe del Comité de Agricultura 15º periodo de sesiones, Roma 25/29 de
enero de 1999 Sala Roja. Pto II-D
[iii]
Y la acción de la justicia, Catalina
Bosch Fragueiro. Trabajo
propuesto como Alumna en 2001
