Por Gonzalo Cantó
INTRODUCCIÓN.
ALIMENTOS
TRASGÉNICOS. ESTADO ACTUAL.
BENEFICIOS
OBTENIDOS EN VEGETALES EN PARTICULAR:
CONSIDERACIONES
A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN A SU IMPLICANCIA RELATIVA AL USO DE ESTA
TECNOLOGÍA.
MEDIO
AMBIENTE:
ALIMENTACIÓN
HUMANA:
IMPLICANCIAS
SOCIALES:
IMPLICANCIAS
ECONÓMICAS/COMERCIALES:
ANÁLISIS
DE LOS
MECANISMOS VIGENTES QUE GARANTIZAN EL MONOPÓLIO SOBRE LA BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA
LATINA, PARTIENDO DE LA BASE DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
INTRODUCCIÓN.-
TRATAMIENTO
ESPECÍFICO PARA AMERICA LATINA.-
La
manipulación genética es utilizada en diversos campos comerciales -energía,
medicina, etc.- pero es la agricultura el rubro en el que el nuevo comercio genético
tendrá mayor impacto. Aunque hay muchas aplicaciones de la ingeniería genética
en la agricultura, el enfoque actual de los investigaciones está concentrado en
desarrollar cultivos que tengan una vida comercial mas larga, resistan
condiciones ambientales agresivas como heladas, sequías y suelos salinos,
resistan herbicidas, plagas de insectos, enfermedades, a ciertos virus, retardar
su descomposición o lograr que sean más uniformes entre otras
y tengan mejores cualidades nutritivas
El
centro de interés principal de la investigación en ingeniería genética no
apunta a obtener cultivos libres de plaguicidas, sino variedades resistentes a
los plaguicidas, ya que es más barato adaptar el vegetal a la química que la
química al vegetal (el costo de desarrollar una nueva variedad de cultivo
raramente llega a los 2 millones de dólares, mientras que el costo de un nuevo
herbicida excede los 40 millones).
Algunos
enzimas y aditivos utilizados en el procesado de los alimentos se obtienen desde
hace años mediante técnicas de DNA recombinante. La quimosina, por ejemplo,
enzima empleada en la fabricación del queso y obtenida originalmente del estómago
de terneros, se produce ahora utilizando microorganismos en los que se ha
introducido el gen correspondiente. Sin embargo, la era de los denominados
"alimentos transgénicos" para el consumo humano directo se abrió el
18 de mayo de 1994, cuando la Food and Drug Administration de Estados Unidos
autorizó la comercialización del primer alimento con un gen "extraño",
el tomate "Flavr-Savr", obtenido por la empresa Calgene. A partir de
este momento, se han obtenido cerca del centenar de vegetales con genes ajenos
insertados, que se encuentran en distintas etapas de su comercialización, desde
los que representan ya un porcentaje importante de la producción total en
algunos países hasta los que están pendientes de autorización.
Existen
diferentes posibilidades de mejora vegetal mediante la utilización de la
ingeniería genética. En el caso de los vegetales con genes antisentido, el gen
insertado produce un mRNA que es complementario del mRNA del enzima cuya síntesis
se quiere inhibir. Al hibridarse ambos, mRNA del enzima no produce su síntesis.
En el caso de los tomates "Flavr -Savr" en enzima cuya síntesis se
inhibe es la poligalacturonasa, responsable del ablandamiento y senescencia del
fruto maduro. Al no ser activo, este proceso es muy lento, y los tomates pueden
recogerse ya maduros y comercializarse directamente. Los tomates normales se
recogen verdes y se maduran artificialmente antes de su venta con etileno, por
lo que su aroma y sabor son inferiores a los madurados de forma natural. En este
caso, el alimento no contiene ninguna proteína nueva. La misma técnica se ha
utilizado para conseguir una soja con un aceite con alto contenido en ácido
oleico (80 % o más, frente al 24% de la soja normal), inhibiendo la síntesis
del enzima oleato desaturasa.
1.
SOJA.- La inclusión de genes vegetales, animales o bacterianos da lugar a la síntesis
de proteínas específicas. La soja resistente al herbicida glifosato, conocida
con el nombre de "Roundup Ready" y producida por la empresa Monsanto
contiene un gen bacteriano que codifica el enzima
5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintetasa. Este enzima participa en la síntesis
de los aminoácidos aromáticos, y el propio del vegetal es inhibido por el
glifosato; de ahí su acción herbicida. El bacteriano no es inhibido.
2.
MAIZ.- El maíz resistente al ataque de insectos contienen un gen que codifica
una proteína da Bacillus thuringiensis, que tiene acción insecticida al ser
capaz de unirse a receptores específicos en el tubo digestivo de determinados
insectos, interfiriendo con su proceso de alimentación y causando su muerte. la
toxina no tienen ningún efecto sobre las personas ni sobre otros animales. La
utilización de plantas con genes de resistencia a insectos y herbicidas permite
reducir la utilización de plaguicidas y conseguir un mayor rendimiento. también
se ha obtenido un vegetal con un aceite de elevado contenido en ácido laúrico,
mediante la inserción del gen que codifica una tioesterasa de cierta especie de
laurel. Los vegetales resistentes a virus se consiguen haciendo que síntetizen
una proteína vírica que interfiere con la propagación normal del agente
infeccioso. Estos vegetales contienen proteína vírica, pero menos de la que
contienen los normales cuando están severamente infectados.
Estos
dos tipos de vegetales transgénicos son los mas importantes para la industria
alimentaria ;la soja resistente al herbicida glifosato y el maíz resistente al
taladro, un insecto. Aunque se utilice en algunos casos la harina, la utilización
fundamental del maíz en relación con la alimentación humana es la obtención
del almidón, y a partir de este de glucosa y de fructosa. La soja está
destinada a la producción de aceite, lecitina y proteína.
Puesto
que la harina de maíz, la proteína de soja y los productos elaborados con
ellas contienen DNA y proteínas diferentes a la de las otras variedades de maíz,
en la Unión Europea (no en los Estados Unidos, ni en los países el MERCOSUR)
existe la obligación de mencionar su presencia en el etiquetado de los
alimentos.
Aunque no se ha detectado ningún caso, sería concebible la existencia de
personas alérgicas a las nuevas proteínas y por ende no sería de mala práctica
hacer extensible tal exigencia nuestro país. No obstante, en el caso de la
proteína de B. thuringiensis, su amplio uso como plaguicida en agricultura ecológica
permite asegurar su falta de alergenicidad.
El
aceite de soja transgénica, la glucosa y la fructosa obtenidas del almidón de
maíz transgénico no contienen ningún material distintito a los que contienen
cuando se obtienen a partir de los vegetales convencionales. En la mayoría de
los casos, ni siquiera las técnicas de PCR, que como se sabe tienen una
sensibilidad extrema, son capaces de detectar material genético extraño, razón
por lo que no existe ninguna obligación de etiquetado diferencial.
En
el caso de los alimentos completos, o de partes que incluyan la proteína extraña,
como podría ser la proteína de soja o la harina de maíz, habría que
considerar el riesgo de la aparición de alergias a la nueva proteína. (por
ej., en el caso de la soja a la que se le había introducido el gen de una proteína
de la nuez del Brasil para aumentar el contenido de aminoácidos azufrados de
sus proteínas y por ende su valor nutricional. La nueva proteína resulto ser
alergenica, y esta soja no ha llegado a salir al mercado. Sin embargo, esto es
absolutamente excepcional, y no existe ninguna evidencia de que las proteínas
introducidas por medio de la ingeniería genética sean mas alergénicas que las
naturales).
En
el caso de la utilización de materiales procesados exentos de proteínas, como
el aceite de soja o la glucosa obtenida a partir del almidón del maíz, no
existe ningún material que no se encuentre en el producto convencional, y
consecuentemente no existe ningún riesgo, ni siquiera hipotético, atribuible a
la manipulación genética. Incluso en los casos en que existe alergia a una
proteína de la semilla oleaginosa (convencional o transgénica), un aceite
procesado no produce respuesta.
Desventajas.-
Los
potenciales impactos de la liberación en el medio ambiente y de la utilización
en la alimentación de los organismos modificados genéticamente (OMG) a largo
plazo no están evaluados. Desde el punto de vista ambiental, los cultivos
transgénicos presentan el muy grave riesgo de propagar contaminación genética,
siendo impredecibles el comportamiento de los nuevos genes transferidos a
especies silvestres y los peligros para los ecosistemas, como asimismo una
disminución de la biodiversidad. Los cultivos transgénicos amenazan la
diversidad genética al simplificar los sistemas de cultivo y promover la erosión
genética.
Creación
de supermalezas. La potencial transferencia de genes de Cultivos Resistentes a
Herbicidas a variedades silvestres puede crear supermalezas si se producen
cruzamientos entre ellos.
El
uso de plantas resistentes a herbicidas aumentará el uso de estos químicos que
contaminan suelos, agua y alimentos.
El
uso de plantas que producen insecticidas, en donde se ha insertado el gen de una
bacteria, por ej. Bacillus thuringiensis (Bt), que produce toxinas para plagas
de la familia de los lepidópteros, aumenta el riesgo de que aparezca
resistencia a estas toxinas, generando de esta manera una reducción de la
población de insectos, afectando a animales insectívoros (aves, murciélagos)
al privarles de sus presas. Es un efecto muy poco importante, ya que solamente
mata a aquellos insectos que pretenden alimentarse a expensas de la cosecha..
La
existencia de plantas resistentes a virus pueden facilitar la creación de
nuevos virus que provoquen enfermedades más severas.
Plantas
que producen sustancias tóxicas como drogas o plaguicidas pueden presentar
riesgos a otros organismos del ecosistema aunque éstos no sean el objetivo para
el cual fueron pensadas dichas sustancias.
Habriá
que tener en cuenta que por ej. los cultivos de maíz transgénico, pueden
contaminar con su polen a cultivos normales a kilómetros de distancia por lo
que no es necesario que se cultiven grandes superficies para poner en riesgo los
cultivos de la zona.
O
por ejemplo, la influencia sobre las abejas que cosechen su miel y polen sobre
cultivos transgénicos pueden verse afectadas, además nuestra miel perdería
imagen como producto natural
Ventajas potenciales.-
El
glifosato es un herbicida relativamente poco tóxico y biodegradable, pero no es
selectivo, por lo que no puede utilizarse con cultivos de soja
"normal"
Evita
la utilización de herbicidas mas agresivos para el medio ambiente, pero mas
selectivos, en los cultivos de soja.
Reduce
el uso de insecticidas. Solamente afecta a los insectos perjudiciales para la
planta concreta.
Desventajas.-
En
cuanto a los alimentos, la aparición de nuevas toxinas o nuevas sustancias alérgicas
no se ha descartado científicamente. Además, los genetistas han relacionado el
surgimiento tanto de bacterias patógenas como de resistencia a los antibióticos
con la transferencia de genes a especies no emparentadas, por infección a través
de virus y por intermedio de partículas de ADN presentes en el ambiente que se
han pegado a la célula, o por medio del cruzamiento inusual entre especies no
emparentadas
Es
posible que el uso abusivo de antibióticos en la cría intensiva de animales y
en la medicina, junto con la nueva práctica de la ingeniería genética a
escala comercial, sean los principales factores que en los últimos años han
contribuido a la rápida propagación de la resistencia múltiple a los antibióticos
entre agentes patógenos nuevos y antiguos.
Muchos
de los genes que están siendo insertados en los cultivos de alimentos nunca
antes habían integrado la dieta humana y nadie sabe realmente cómo afectará
esto a nuestra salud en el mediano y largo plazo, ya que por ejemplo, algunos de
estos genes auxiliares confieren resistencia frente a determinados antibióticos,
para poder seleccionar las células modificadas. Así, el maíz modificado genéticamente
tiene también el gen de la beta-lactamasa, que confiere resistencia al antibiótico
ampicilina.
Ventajas potenciales.-
Básicamente, el aumento notable de la
producción de alimentos necesarios para el abastecimiento de una cada vez mayor
población.
La
utilización de la soja como alimento, como tal soja, es puramente anecdótica.
La soja se utiliza como materia prima para obtener aceite, que luego es
procesado químicamente por hidrogenación, y lecitina. Ninguno de estos dos
productos contienen la proteína que ha sido introducida para inducir la
resistencia. Son por tanto idénticos en todas sus propiedades físicas, químicas,
biológicas, nutricionales y toxicológicas , procedan de soja
"normal" o de soja "transgénica".
Casi
lo mismo puede decirse del maíz. Sus aplicaciones fundamentales son la obtención
de almidón y de glucosa a partir de ese almidón. Ninguno de estos dos
productos contiene DNA ni proteínas, ni "normales" ni "transgénicas"
Por
otro lado, es casi imposible que el gen de resistencia al antibiótico se
mantuviera intacto. El procesado de los alimentos destruye el DNA.
Consecuentemente sería necesario comer el maíz crudo. Esto descarta el
problema en el caso humano.
Como
también es improbable que el gen pudiera transferirse a una bacteria. Aunque
originalmente el gen de resistencia al antibiótico procede de bacterias, su
situación actual dentro del genoma vegetal hace esto extremadamente improbable.
Sería muchísimo mas probable que adquiriera ese gen de otra bacteria de las
muchas presentes en el tubo digestivo.
Como
precaución adicional, no se utilizan generalmente genes de resistencia a antibióticos
importantes en clínica humana o frente a antibióticos nuevos que pudieran
tenerla en el futuro. En todo caso, puesto que el gen de resistencia al antibiótico
no juega ya ningún papel en la planta transgénica, si se considerara un
riesgo, podría eliminarse.
Desventajas.-
Considero
particularmente que el problema del hambre no se debe solamente a una producción
agrícola escasa en relación al crecimiento desproporcionado de la población
humana, sino en gran medida, al mal reparto de los recursos; ya que por
ejemplo, el 78% de los niños menores de 5 años desnutridos en el Sur de
América, viven en países con excedentes de alimentos. Para resolver este
problema, son imprescindibles unas decisiones políticas para alcanzar una mayor
justicia entre individuos y entre países. En las condiciones actuales de
organización de los mercados, un aumento de la producción
"per
se"
no servirá a abastecer los más necesitados si no está acompañado con políticas
activas de reparto..
No
hay que perder de vista que el uso
de la ingeniería genética en la agricultura puede aumentar la producción (por
un tiempo), pero a la vez reducir el empleo; hay proyecciones que estiman que
unos 100.000 agricultores de países en desarrollo(Argentina, Uruguay, etc)
podrían perder su medio de vida cuando la vainilla natural que exportan
sea sustituida por versiones de laboratorio más baratas, como asimismo, el
encarecimiento de las semillas y la necesidad de comprar insumos importados serán
un factor más para la desaparición de los agricultores familiares.
El
aumento en el uso de plaguicidas pondrá en peligro la salud de trabajadores y
productores que aplican los productos.
Los
dirigentes deben aprender de estos errores y plantearse las preguntas antes de
que el daño ya esté consumado. Por otro lado, las personas tienen el derecho a
estar debidamente informadas y decidir qué es lo que quieren consumir, por lo
que el etiquetado de los productos de origen transgénico es un imperativo que
forma parte de un derecho básico.
La
introducción de los OMG en la agricultura crea el monopolio de unas pocas
multinacionales básicamente de Estados Unidos de América sobre la producción
de alimentos, lo que pone en peligro la soberanía de los pueblos y de los países.
Las semillas transgénicas están desarrolladas y vendidas bajo patentes por un
puñado de grandes empresas que se pueden permitir la investigación biotecnológica,
no siempre movidas por motivos humanitarios sino por la rentabilidad de sus
actividades.
El
proceso de concentración feroz que está ocurriendo en el campo de la ingeniería
genética dejaría a los productores y a los economías de los países del Sur a
merced de una o dos trasnacionales, que amparadas en el marco legal de los
derechos de propiedad intelectual contemplados primero en la Ronda Uruguay del
GATT y ahora en la OMC, se convertirían en dueñas de las fuentes de la
seguridad alimentaria de nuestros países.
ANÁLISIS
DE LOS
MECANISMOS VIGENTES QUE GARANTIZAN EL MONOPÓLIO SOBRE LA BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA
LATINA, PARTIENDO DE LA BASE DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
El
tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) se ha generalizado a través
de la discusión por parte de las ONG y las organizaciones sociales sobre el
contenido de los TRIPS (el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, mejor conocidos
como TRIPS, por su sigla en inglés). Sus efectos han sido objeto de críticas
de diversos sectores por los alcances éticos y comerciales que plantean,
especialmente cuando la protección de la propiedad intelectual recae sobre
materia viva, incluidos genes humanos. Además, se han constituido en una
especie de legislación de primera clase a la cual deben supeditarse las otras
normas sobre derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas, seguridad
alimentaria y los tratados ambientales. A su vez, cada vez más la protección
de los intereses comerciales transnacionales rebasa el ámbito de los TRIPS, y
los países industrializados utilizan otros mecanismos para imponer en América
Latina los DPI sobre la biodiversidad para el sustento, creando importantes
distorsiones y desestabilización en los procesos nacionales.
.
Durante la década de los 90 estas industrias se consolidaron, con tendencias
claramente monopólicas, y en muchas ocasiones nos encontramos con que las
mismas transnacionales aparecen en los primeros lugares de varias de las áreas
estratégicamente importantes para el control de nuestra alimentación y salud.
Sólo 10 gigantes corporativos poseen una participación de cerca del 84% del
mercado global de productos agroquímicos, valorada en cerca de US$ 30 mil
millones; 10 compañías semilleras controlan casi un tercio del mercado
mundial de semillas, valorado en US$ 24 mil millones; las 10 más grandes
empresas farmacéuticas contabilizan el 48% de mercado global de ese ramo
valorado en US$ 317 mil millones; mientras 10 transnacionales controlan el 60%
del mercado de la industria de la salud animal valorada en US$ 14 mil millones.
La
magnitud de esas inversiones, y de las ganancias que generan, es sin duda el
motor que determina los movimientos que se han realizado desde hace alrededor de
dos décadas para proteger jurídicamente esas corporaciones transnacionales
mediante todo tipo de legislaciones nacionales, pactos regionales y tratados
internacionales; una protección que pretende incluir las corporaciones
subsidiarias,
inversiones, ventas, exportaciones y ganancias, en todos los países del mundo.
Se produce una globalización o internacionalización del derecho de las
grandes corporaciones. Una característica relevante de esta etapa de aumento
del número y poder de las transnacionales es el creciente número de
organizaciones internacionales que amparan sus actividades (tribunales de
arbitrajes, organismos financieros), la adaptación de reglas que faciliten su
tarea –por parte de los Estados– y la importancia otorgada a determinadas prácticas
de abogados que tienen sucursales y filiales para servir los intereses de esas
corporaciones.
El
escenario más conocido sin duda ha sido el de la OMC, la Organización Mundial
de Comercio, que se conformó después de haber concluido las
negociaciones de la llamada Ronda Uruguay del GATT en 1994; Dentro esa negociación,
las grandes transnacionales introdujeron el tema de los derechos de propiedad
intelectual (DPI) sobre los organismos vivos y sus partes, así como el de las
tecnologías asociadas, asegurando su implicancia con un comercio internacional
cada vez más libre de limitaciones nacionales y el respaldo a la industria
biotecnológica, en aquel momento ya lista para lanzar sus primeros productos en
el campo agrícola al mercado internacional. No les bastaban a los intereses
corporativos los instrumentos existentes sobre protección sino que había que
atar su cumplimiento al emergente marco del comercio internacional bajo la égida
de la OMC. El instrumento para llevar al máximo nivel la protección para los
DPI fue el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC, o TRIPS según siglas en inglés), de firma obligatoria para
todos los países que accedieron a la OMC. De esta manera, y a través de los
mecanismos de la OMC, cualquier infracción o incumplimiento de lo impuesto por
esas transnacionales a todos los países puede tener consecuencias negativas
sobre el comercio de ese país.
Además,
los DPI no toman en cuenta las otras formas de conocimiento, lo cual lleva en la
práctica a contradicciones con otros acuerdos internacionales, como es el caso
de la implementación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ese
convenio reconoce las formas ancestrales de conocimiento de esos pueblos,
que sin embargo quedan fuera del sistema de DPI, que son esencialmente derechos
occidentales con fines industriales y mercantiles.
Es así como ese enorme caudal de saber ancestral de los Pueblos y la
comunidades locales queda sin protección frente a los DPI, los cuales fueron
ideados para la materia inerte pero poco a poco se han ido extendiendo hasta
incluir la materia viva y el conocimiento asociado.
Revisión
de los TRIPS.-
En
su artículo 27.3.b los TRIPS exigen de los países miembros de la OMC que
otorguen patentes sobre materia viva, con excepción de plantas y animales, si
bien queda pendiente la obligación de ofrecer una protección sui generis
efectiva sobre las variedades de plantas. Para muchos, esta ‘puerta’ de los
derechos sui generis pareció que presentaba una oportunidad para fortalecer, en
el ordenamiento occidental, los derechos colectivos/comunitarios de los
Pueblos Tradicionales y de las comunidades agrícolas, a partir de la revisión
del 27.3.b pautada para 1999. Sin embargo, un recuento pormenorizado de los
pasos que ha seguido el proceso de revisión deja claro que todavía no se
decide nada de importancia en lo sustantivo. Mientras tanto, en la práctica las
obligaciones de los TRIPS están siendo implementadas rápidamente por los países
en desarrollo en virtud de, según se ve más adelante en este trabajo, las múltiples
presiones ejercidas para revisar sus legislaciones nacionales sobre los DPI. Es
decir, muchos países están haciendo esfuerzos por ponerse al día con el
TRIPS, e incluso ir más allá, a pesar de que no han logrado que se dé
respuesta los interrogantes que tienen sobre el propio texto del 27.b.3. Un
trabajo reciente demuestra cómo se vienen imponiendo en muchos países
obligaciones sobre DPI mucho mas allá de lo estipulado en los TRIPS, lo cual va
quitándole a la OMC el papel central que se le había imaginado en ésta área
de apoyo a la transnacionalización neoliberal.
En el ámbito americano se encuentran
operando mecanismos a varios niveles para promover la integración de los DPI en
las legislaciones nacionales. En primer lugar existen los acuerdos regionales o
multilaterales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la
Comunidad Andina de Naciones, y el MERCOSUR, entre otros. En segundo lugar están
los Tratados Bilaterales de Protección a la Inversión, los cuales vienen
proliferando en años recientes. A
esto se le añade, en tercer lugar, la amenaza de manera
unilateral de aplicación de la Sección 301 de la ley de comercio de Estados
Unidos, que de manera permanente realiza un monitoreo cuerpo a cuerpo sobre
todos los países, a través de la lista de observación, e ingresa a la lista
prioritaria los países que, a su juicio incumplen lo pactado en el plano
multilateral o en el bilateral.
Dentro de la lógica del libre comercio, no
respetar los derechos de propiedad intelectual puede considerarse como una
barrera no arancelaria, y por consiguiente el incumplimiento de lo acordado en
los tratados internacionales sobre DPIs puede derivar en sanciones a la luz de
los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Es tal la proliferación
de esta clase de acuerdos que ya se comienza a hablar del peligro de normas
fuera del ámbito de la OMC.
Respecto
de América, el lanzamiento en 1990 de la “Iniciativa de las Américas”
motivó a la Secretaria de Comercio Exterior de Estados Unidos a recorrer América
Latina invitando a participar en el “nuevo
modelo de cooperación comercial entre Estados Unidos y los países de América
Latina”.
Pero para acceder a esos beneficios una de las condiciones era la modificación
del régimen de propiedad industrial, por cuanto se trataba de proteger
cualquier inversión norteamericana, incluidos los bienes intangibles. Las
pautas para esa liberalización del comercio, ahora a nivel continental, han
quedado recogidas en la propuesta para la creación del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), que en cuanto a los DPI va más allá de los TRIPS .
Los
trabajos sobre DPI dentro de las negociaciones del ALCA se basan en la intención
de favorecer las actividades que se desarrollan a través de las nuevas tecnologías.
Parten de la premisa de que la protección de los derechos de propiedad
intelectual sirven para promover la innovación tecnológica así como para
promover la transferencia y difusión de la tecnología. Se asume como protección
mínima la de los TRIPS, bajo la OMC, y al mismo tiempo las normas sobre DPI del
ALCA se considerarían como un marco de protección mínima que los Estados
partes deberán otorgar.
En
cuanto a las patentes sobre organismos vivos y sus partes, las propuestas son
muy similares al apartado sobre patentes de los TRIPS. Concuerdan en que debe
otorgarse protección a las variedades de plantas. Las propuestas de texto son
muy similares al artículo 27.3.b del ADPIC, o TRIPS, y en una de ellas se
identifica al régimen UPOV (Unión
para la Protección de las Obtenciones Vegetales)
como
el régimen sui generis que todo país debe adoptar. Esto sería un
endurecimiento frente a los TRIPS, ya que bajo los sui generis del artículo
27.3.b se entiende que se permite a los países crear un mecanismo jurídico que
les permita cumplir con las obligaciones comerciales adquiridas, sin que sea sinónimo
de UPOV.
En
cuanto a la relación entre el conocimiento tradicional y la propiedad
intelectual, así como a la relación entre el acceso a los recursos genéticos
y la propiedad intelectual, se pretende proteger el conocimiento tradicional a
través de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual propios de
Occidente. Sin embargo, el carácter del conocimiento tradicional –
esencialmente ancestral y colectivo– no permite lo anterior y por lo tanto no
es viable.
En
el tema de acceso se refiere a la participación en la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados. Consideramos un mal precedente que este
apartado exista dentro de este capítulo del ALCA. Permitir que exista implica
estar de acuerdo en que el conocimiento tradicional puede ser protegido a través
de instrumentos que han sido diseñados exclusivamente para proteger invenciones
de utilidad industrial y comercial. El conocimiento tradicional de pueblos indígenas
y comunidades locales posee un carácter que fortalece los valores de bienestar
social de toda la colectividad.
El
propuesto capítulo del ALCA referido a propiedad intelectual es amplio, y en
materia de biodiversidad es un instrumento que más bien refuerza a los TRIPS.
De igual forma introduce la protección del conocimiento tradicional dentro de
un mecanismo que no puede darle protección adecuada sino más bien lo cosifica
y no toma en cuenta sus características principales. Por último, asimila el régimen
UPOV con la protección de las variedades vegetales, lo cual limita las
posibilidades de los Estados de formular sistemas propios de protección de
variedades vegetales.
Una
prueba de la intención de fortalecer las obligaciones emanadas de los DPI en el
marco del ALCA es la inclusión de normativas sobre inversión afines al Capítulo
11 del TLCAN/NAFTA (que también formaban parte del marginado proyecto del AMI).
Este tipo de normativa permite a las corporaciones extranjeras exigir por vía
legal compensaciones por la pérdida de ganancias resultante de una legislación
nacional dirigida a la protección de la salud, la seguridad laboral o el medio
ambiente. Bajo este marco, la falta de protección adecuada de los DPI podría
ser considerada como pérdida de ganancias a ser compensada por el país
encontrado en falta.
Los
estados en vías de desarrollo, tendrían que trabajar con más empeño para
afianzar los auténticos derechos de las comunidades locales sobre sus recursos
y conocimientos tradicionales. Conseguir la inclusión de 'efectos especiales'
en las leyes de patentes no es ninguna solución: es insustancial e ilusorio
–y
peligroso, por consiguiente–.
Hasta que no puedan conseguir el saber tradicional y los derechos de los países
de origen tengan el mismo peso y fuerza legal que los DPI, la situación seguirá
siendo completamente injusta e inequitativa.
En
resumen, con estos tratados regionales y bilaterales los gobiernos de América
Latina pretenden obtener un mejor desempeño de las exportaciones y un mayor
bienestar para sus poblaciones, a través de la obtención de la categoría de
Aranceles Preferenciales, los cuales conceden ventajas sobre sus productos. Sin
embargo, la realidad es que esto no funciona siempre, y la mayoría de las veces
no solamente no se consiguen las ventajas sino que se asegura a los países
desarrollados y a sus empresas el estricto acatamiento a los DPI, pieza clave
para una mayor transnacionalización de la economía regional.
Según
un estudio amplio realizado para la Organización de Estados Americanos (OEA),
durante la década del 90 se incrementó el número de tratado bilaterales. Esto
redundó en otorgar mayores ventajas a los inversionistas extranjeros, que
mediante estos tratados gozan del mismo tratamiento otorgado a los nacionales.
Además, los TBI incluyen disposiciones que obligan a someter las controversias
al arbitraje internacional, abandonando el régimen judicial nacional.
Estos
acuerdos no son objeto de debate público durante sus negociaciones, y se
acuerdan en foros del sector privado y de los funcionarios de comercio exterior
de los países interesados. Presentan una grave contraposición con los
objetivos de otros acuerdos internacionales, como es el Convenio de Diversidad
Biológica (CDB). Sin embargo, no acostumbran recibir mayor atención por parte
de las ONG y de otras organizaciones de la sociedad civil, ante el
desconocimiento de su intrincado recorrido, generalmente realizado de forma
reservada y casi secreta.
Métodos
de presión: Sanciones unilaterales de la legislación comercial de los Estados
Unidos
Los
EEUU entienden que los derechos de propiedad intelectual conceden a las compañías
estadounidenses una mayor oportunidad para la competencia comercial, y es por
ello que su observancia y protección forma parte ahora de las materias
prioritarias bajo la política de comercio exterior de aquel país.
La
sección 301 del Acta de Comercio de 1974 de Estados Unidos es la principal
herramienta con la que cuenta este país para combatir prácticas comerciales de
otros países consideradas desleales por este gobierno.
Se
la puede utilizar para proteger los derechos de Estados Unidos contemplados en
acuerdos comerciales multilaterales o bilaterales así como para ponerle remedio
a prácticas comerciales extranjeras consideradas como no razonables,
injustificadas o discriminatorias que restringen o infringen el comercio
estadounidense. Esta sección fue concebida como un mecanismo flexible en
controversias comerciales y nace como una reforma a la sección 252 del Acta de
Expansión Comercial de 1962 y con ella se da mayor poder al presidente de ese
país para imponer sanciones comerciales.
En
tiempos de la globalización, resulta extraño la existencia de esta clase de
procedimientos arbitrarios. Pero tal vez la unilateralidad es la máxima expresión
de la determinación para imponer los DPI, puesto que se trata de incidir a través
de diferentes espacios multilaterales y bilaterales, hasta, en caso de
necesidad, llegar a exigencias unilaterales respecto de países con alta
dependencia en sus exportaciones. De esta los estados más poderosos logran
imponer la ley, aún, fuera de su territorio.
Existen
tres categorías de acciones en la sección 301 del Acta de Comercio de 1972:
a)
la 301 original: para prácticas comerciales desleales;
b)
la 301 especial: para identificar países que no poseen una adecuada y efectiva
protección de los derechos de propiedad intelectual o no ofrecen un acceso
justo y equitativo a sus mercados para ciudadanos o compañías de Estados
Unidos relacionado a propiedad intelectual. Aquellos países cuyas políticas y
prácticas afectan en forma importante a los Estados Unidos o no participen en
negociaciones de buena fe o no realicen progresos significativos en las
negociaciones para solventar esos problemas, son identificados como países
prioritarios y pueden ser investigados. Seis meses después se examina si la
situación persiste. Si es así, se decidirá que acción tomar y podrán
aplicarse incluso sanciones bilaterales comerciales. Existe una lista de
observación donde se clasifica a aquellos países con prácticas que no
provocan un daño importante pero sí serio. Con estos países se llevan a cabo
conversaciones bilaterales para solucionar el problema. De los casos estudiados,
solamente a Brasil se le ha impuesto una sanción que fue levantada una vez este
país modificó su legislación sobre protección intelectual relacionada a
productos farmacéuticos;
c)
la 301 super: para identificar las prácticas prioritarias que conllevan las
mayores barreras al comercio y cuya eliminación beneficiaría
significativamente a los Estados Unidos. Anualmente se brinda una lista de prácticas
extranjeras desleales que pueden derivar en sanciones.
Las
sanciones que pueden imponerse incluyen las siguientes:
1)
suspensión, retiro o prevención de la aplicación de beneficios comerciales
derivados de concesiones;
2)
imposición
de derechos aduaneros u otras restricciones comerciales, imposición de multas o
restricciones de servicios de un país extranjero por cierta cantidad de tiempo
según la determinación del Representante Comercial de Estados Unidos;
3)
entrar
en un acuerdo obligatorio por medio del cual el país extranjero se comprometa
a: 1) eliminar o suspender la ley, política o práctica; 2) eliminar cualquier
gravamen o restricción; o, 3) proveer a los Estados Unidos con beneficios
comerciales compensatorios.
La
OMC no ha dejado sin efectos esta norma puesto que en la adhesión, los EEUU se
reservaron el derecho de usar esta Sección cuando consideraran que había prácticas
comerciales desleales. Sin embargo, la OMC puede autorizar a un país en
desarrollo a utilizar las mismas represalias que un país desarrollado si
considera que existen razones suficientes.
De
esta forma la Sección 301 se convierte en una potente herramienta de los EEUU
para imponer condiciones favorables a las actividades de sus empresas
transnacionales, más allá de los tratados multilaterales y bilaterales. Ver
limitado el acceso a las fronteras comerciales de ese país es una pesadilla
para cualquier otro país, y esa amenaza es muy efectiva a la hora de exigir
cambios en las legislaciones nacionales en materia de derechos de propiedad
intelectual.
Problemática
actual y necesariedad de modificar:
Los
anteriores son los mecanismos principales utilizados para imponer normativas
sobre derechos de propiedad intelectual en América Latina favorables a
los intereses económicos de los países más industrializados y las
corporaciones transnacionales. Las negociaciones bilaterales y multilaterales de
carácter esencialmente comercial y de inversión son utilizadas para introducir
cambios en los países de América Latina que distorsionan y desestabilizan
procesos políticos nacionales.
Los
DPI se convierten en un elemento esencial dentro de las estrategias dirigidas a
un mayor control de la comercialización sobre los recursos genéticos, la
diversidad biológica y los conocimientos asociados, lo cual se traduce en
la destrucción de las comunidades agrícolas locales y su diversidad biológica
y cultural. Todo esto lleva a la negación de la soberanía alimentaria, a la
destrucción de la capacidad local para producir alimentos en forma sustentable
y a la imposición de sistemas agroalimentarios industrializados y globalizados.
Implementación
de mecanismos tendientes a neutralizar la avanzada monopólica
de las industrias norteamericana.
1. Evitar
por intermedio creación de normas internas tendientes a implementar la negativa
de los
derechos de propiedad intelectual sobre la biodiversidad – tanto las patentes
como los derechos de obtención vegetal u otros – ya que socavan la soberanía
de las comunidades sobre sus propias culturas y derechos.
2.
Presionar
para que nuestros gobiernos informen públicamente (por mecanismos legales)
– antes de asumir compromisos – en torno a todas las negociaciones
sobre los derechos de propiedad intelectual y derechos afines relacionados con
la biodiversidad y el conocimiento tradicional. Solicitar la conformación de
comités interinstitucionales para que asuman y lleven posturas coherentes y
socialmente consensuadas a los distintos ámbitos de negociaciones bilaterales y
multinacionales. En especial, reclamar transparencia y consulta antes de asumir
compromisos bajo las propuestas del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)
como asimismo dar intervención a las ONG como medio objetivo que contrarreste
los potenciales perjuicios que ocasionen la adopción de tales decisiones.
3.
Los
países de América Latina deberían apoyar la propuesta del Grupo Africano ante
la OMC para prohibir las patentes sobre la vida, y dar impulso a la revisión
del Artículo 27.3(b) para que se elimine cualquier obligación que lleve a
conceder derechos monopólicos sobre la biodiversidad.
4.
Los
gobiernos deben asegurarse que no se admitan los DPI sobre los recursos genéticos
para la alimentación y la agricultura dentro del Compromiso Internacional de la
FAO.
5.
Los
derechos de las comunidades locales, de los pueblos y los países a la soberanía
alimentaria deben tener prioridad sobre los DPI en las políticas nacionales e
internacionales. Este principio debe quedar expresado en los acuerdos
bilaterales y multilaterales. Los TRIPS no deben tener primacía sobre tratados
internacionales que tratan sobre los derechos humanos,
la seguridad alimentaria y el uso sustentable de los recursos naturales.
NOTAS:
En el caso de productos como el tomate, es posible el etiquetado
diferencial. De hecho, los tomates Flavr Svr suelen etiquetarse uno por uno.
La decisión se debió a que la empresa productora consideraba (con razón)
que su superior calidad debía quedar evidente para los consumidores.
En el caso de la soja, el etiquetado es
casi imposible. La soja se manipula a grane, razón por la cual, en los
silos y barcos de transporte se mezcla con la convencional. Además, en el
caso de la soja destinada a elaboración de productos derivados, no tiene la
menor importancia, ya que como se ha dicho, el aceite que se obtiene no
contienen material genético
En el caso del maíz transgénico, si
se utiliza directamente su harina en la fabricación de alimentos, el
etiquetado es obligatorio, ya que es, en cierta forma, difiere del habitual,
al contener la proteina de Bt. Si el maíz se utiliza para obtener almidón,
con el que luego se fabrica glucosa o fructosa, pretender el etiquetado de
estos productos finales es absurdo, ya que son ABSOLUTAMENTE IGUALES, e
indistinguibles por cualquier sistema, de los obtenidos del maíz "no
transgénico".
