Catálogo de la Colección "Derecho, Economía y Sociedad" Sitio Oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Regulación jurídica de las biotecnologías

Curso dictado por la Dra. Teodora Zamudio

Equipo de docencia e investigación UBA~Derecho

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Marco jurídico del ambiente en la República Argentina


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Mario F Valls y Claudia F Valls

Fuente: http://www.eldial.com/suplementos/ambiental/consti.asp

Este trabajo ofrece una somera descripción del marco jurídico del ambiente en la República Argentina encabezada por el texto de los artículos de la constitución nacional relativos al ambiente.

 


EL MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL ARGENTINO

La Constitución Nacional de la Argentina fue promulgada originalmente el 1 de mayo de 1853.

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No fue aceptada por la Provincia de Buenos Aires hasta 1860.

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Una Convención Nacional ad hoc la sancionó, coordinó y editó su texto definitivo el 25 de septiembre 25 de 1860.

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Posteriormente fue reformada por las Convenciones de 1866, 1898 y 1994.

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Una Constitución sancionada en 1949 fue declarada nula por la Convención Nacional de 1957.

Las últimas reformas fueron aprobadas el 22 de agosto de 1994 por la Convención Nacional reunida en la Ciudad de Santa Fe.

La Constitución así reformada entró en vigor el día siguiente a su publicación (Cláusula provisional Nº 16) y fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 23 de agosto de 1994.

 

NOTA EXPLICATIVA

La Constitución Nacional de la Argentina en su texto anterior no hacía referencia al ambiente ni al desarrollo sostenible, pero sus redactores habían prestado especial atención a las características del ambiente argentino para formular el sistema federal adoptado.

Los estados federales, llamados Provincias ostentan la responsabilidad originaria de legislar en materia de ambiente.

El Gobierno Nacional está habilitado para sancionar los presupuestos mínimos para la protección del ambiente sin alterar las jurisdicciones locales y los de las Provincias a sancionar aquellas que las complementen.

El Congreso Nacional tiene la facultad de legislar en materia de ambiente mediante la legislación civil, comercial, penal, minera, laboral y de seguridad social que está facultado para sancionar. Corresponde su aplicación a los tribunales locales o federales según que las cosas o las personas se encuentren bajo sus respectivas jurisdicciones.

La reforma de 1994 establece el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y el deber de preservarlo.

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La Constitución

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norma la responsabilidad por daño ambiental imponiendo la obligación prioritariamente de recomponer, según lo establezca la ley y atribuye a las autoridades la responsabilidad de proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

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también prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.

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legitima para interponer una acción de amparo especial al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Esta acción corresponde siempre que no exista otro medio judicial mas idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades publicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES RELATIVAS ESPECÍFICAMENTE AL MEDIO AMBIENTE

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, [1] según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección [2], y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.

Art. 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo [3], siempre que no exista otro medio judicial mas idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades publicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Art. 75. Corresponde al Congreso:

.........................................

12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones;

32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

Art. 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

NOTAS

(1) La obligación prioritaria de recomponer el daño conforme a la ley requiere un nuevo régimen legal por cuanto el texto constitucional transcripto cambia el quien son los responsables.

(2) El representante Alberto Natale, proponiendo la cláusula comentaba (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, pag. 1627/8):

Ahora tendremos un mecanismo distinto. La legislación nacional establecerá los resguardos de protección mínima comunes a todo el territorio del país, aquellos sobre los que haya consenso general de que deben ser imprescindibles tutelar en todo el ámbito de la geografía argentina. Allí legislará el Congreso de la Nación.

Pero las provincias seguirán siendo autoridad de aplicación tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional de la legislación federal que se dicte sobre esta materia.

Creo que esto debemos precisarlo con mucha claridad porque en función de la innovación que estamos haciendo sobre nuestro sistema federal debe surgir sin ninguna duda en el ámbito de la Convención Constituyente qué es lo que se quiere establecer con estas cosas.

La legislación de protección mínima común a todo el país habrá de ser dictada por el Congreso de la Nación, pero la aplicación y la jurisdicción sobre esa legislación seguirá correspondiendo a las provincias, con una solución similar a la del artículo 67, inciso 11. de la Constitución Nacional cuando atribuye al Congreso de la Nación dictar la legislación de fondo, pero preserva las jurisdicciones locales para su respectiva aplicación.

En todo lo demás, en todo lo que sea necesario para complementar, implementar o extender, a partir de ese piso mínimo, las exigencias de tutela del medio ambiente las provincias conservarán íntegros sus poderes actuales. Porque hay necesidades comunes a todo el país, pero también hay necesidades específicas de cada región

(3) La acción de amparo es una acción especial que el sistema jurídico argentino se da para la protección de los derechos contra los actos que dañan o amenazan un interés jurídicamente protegido cuando no hay un mejor medio legal para protegerlo.

 

 

EL MARCO LEGAL NACIONAL

El Código Civil

El código civil impone el ejercicio regular del derecho de propiedad, prohíbe el abuso del derecho (Arts. 2513/4) y establece la responsabilidad objetiva (Art. 1113).

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Acuerda a quien temiere que de alguna cosa pudieran derivar daños a sus bienes una acción posesoria para pedir medidas cautelares (Art. 2499) y obliga a los propietarios de edificios a evitar que su caída o la de sus desprendimientos dañe a terceros (Art. 2616)

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Limita el dominio obligando a tolerar determinadas molestias originadas en fundos vecinos e impone conductas para evitar daño ambiental (Art. 2618 y sigs.).

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No se limita a imponer restricciones y límites al dominio, sino que también impone medidas protectoras del ambiente hídrico

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Establece que la construcción de represas (Art. 2645) es sometida al derecho administrativo y establece el derecho a cazar especies silvestres (Arts. 2540/3) y pescar (Arts. 2547/8).

Los artículos 2164 y siguientes y el 4041 norman la acción redhibitoria y la quanti minoris que limitan sensiblemente la responsabilidad de quien transfiere una cosa contaminada o afectada de otro modo por la degradación ambiental.

Responsabilidad

La responsabilidad en materia ambiental en la que pudiere incurrir quien desarrolle una actividad potencialmente dañosa para el ambiente, quien es dueño o dirige una industria y  tiene el deber de conocer su funcionamiento  debe obrar con diligencia .

En reglas generales el art. 902 del Código Civil establecen que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento  de las cosas, mayor será  la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

También los arts 903 y 904 del del Código Civil imponen responsabilidad por las consecuencias mediatas, al que hubiera actuado con imprudencia o negligencia, por no haber previsto lo que debía prever, dicha norma es directamente aplicable en materia de responsabilidad ambiental

No existe en el derecho argentino una norma específica, como la que en los Estados Unidos instituye el Superfondo (CERCLA) ni una Agencia de Protección Ambiental como la EPA que aplique e impulse el sistema.

La  EPA está legitimada para ordenar la limpieza o remediación de un predio (Ley del Superfondo  -CERCLA-42 U.S.C.A ##9601 sancionada el 3-12-1980 con sus reformas de 1986 – SARA - y 1996 ACLLDIPA)

Solamente pueden eximirse de la responsabilidad quienes causen contaminación  demostrando que se debió a fuerza mayor o acto de guerra o fue realizado por un tercero con el que no tuviesen una relación contractual directa ni indirecta y que habían tomado medidas para evitar actos previsibles de terceros.

El Código Penal

El código penal argentino incrimina específicamente:

  1. La usurpación de agua y la rotura y alteración de obras hidráulicas con ese fin (Art. 182).

  2. El daño que incluye implícitamente el daño al ambiente (Arts. 183/184).

  3. El incendio, la explosión y la inundación (Arts. 186/189).

  4. La fabricación, suministro, adquisición, sustracción o tenencia de bombas, materiales o aparatos capaces de generar energía nuclear, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos (Art. 189 bis).

  5. El envenenamiento o adulteración de agua potable (Arts. 200 y 203), pero nada dice de la demás agua, la no potable, lo que induce a los jueces a excluir de la figura delictiva el envenenamiento o contaminación del agua que ha dejado de serlo como es la que fluye bajo el Gran Buenos Aires, lo baña y lo rodea.

  6. La propagación de una enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas (Art. 202). Advirtiendo la dificultad de acreditar la responsabilidad cuando se propaga una enfermedad el código incrimina la mera propagación.

Pero como también es difícil describir una conducta que ha de ser distinta según las circunstancias sanitarias, el código se constituye en guardián de otras normas protectoras de la salud cuando reprime:

  1. La violación de las leyes de policía sanitaria animal (Art. 206).

  2. La violación de medidas que la autoridad adopte para impedir la introducción o propagación de una epidemia (Art. 205). En este caso la autoridad llena el blanco.

La ley 22421 de Fauna Silvestre reprime la caza cuando sea: furtiva y depredadora.

Una futura reforma del código debería agrupar en un título especial a las normas penales aplicables ya que el comportamiento socialmente peligroso del delincuente ambiental presenta características homogéneas. Además se estimularía así a la jurisprudencia y a la doctrina a ir elaborando una teoría general del derecho ambiental penal.

Evaluación del impacto ambiental

El marco legal nacional no cuenta aún[1] con una norma que obligue en forma genérica a realizar evaluaciones del impacto ambiental respecto de toda actividad susceptible de causar un daño significativo al ambiente, sin embargo, sí existen normas nacionales que imponen la realización de Evaluaciones del impacto ambiental respecto de acciones o actividades específicas como la construcción de diques y embalses, la construcción de represas hidroeléctricas, la disposición final de residuos peligrosos y, las actividades minera y petrolera entre otras, todas ellas con supuestos de aplicación en el ámbito provincial.

Adicionalmente a estas normas que regulan actividades específicas, existe una ley nacional de inversiones Públicas Nro  24.354 que obliga, a la realización de estudios de factibilidad o impacto ambiental en la etapa de preinversión de los proyectos de inversión públicos o privados que requieran de transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos o cualquier tipo de  beneficios del estado nacional

El código de procedimientos civil y comercial nacional

El código de procedimientos civil y comercial nacional no ha recogido las modernas tendencias en materia ambiental. Se limita a facultar al juez para disponer medidas de seguridad destinadas a hacer cesar peligros sobre bienes de terceros siempre que compruebe (Art. 623 bis):

a) Riesgo grave

b) Urgencia, y

c) Temor de daños serio inminente.

La ley de residuos peligrosos Nro 24.051

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Residuos a los que la ley se aplica:

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a los que puedan dañar directa o indirectamente seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general (Art. 2).

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incluye los que pudieran constituir insumos para procesos industriales.

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excluye los domiciliarios, los radioactivos y los derivados de operaciones normales de buques.

El Congreso Nacional pudo haber legislado para todos los residuos peligrosos del país usando la facultad constitucional de dictar la legislación civil, pero se limitó a normar residuos sometidos a la jurisdicción nacional. La ley se aplicará en consecuencia a aquellos residuos peligrosos (Art. 1):

* Generados o situados en lugares sometidos a la jurisdicción nacional;

* Destinados a transportarse fuera de una provincia o territorio;

* Cuando pudieran afectar a las personas o al ambiente más allá de los límites de la provincia de generación.

* Cuando la repercusión económica de las medidas que convenga tomar haga aconsejable uniformarlas en toda la República para garantizar la efectiva competencia entre las empresas afectadas.

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prohíbe la importación de todo residuo

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crea un Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos peligrosos en el que deben inscribirse los generadores, transportistas y operadores de esos residuos, quienes tienen severas obligaciones que cumplir conforme a la ley

Modificaciones del régimen de la propiedad civil:

La ley tipifica al residuo como una de las cosas riesgosas del Art. 1113 del código civil (Art. 45). Y extiende la responsabilidad civil

Modificaciones del Código Penal:

Crea la figura de envenenamiento, adulteración o contaminación ambiental mediante el uso de los residuos peligrosos a los que se refiere la ley (Art. 55 y C.P. Art. 200).

Régimen contravencional:

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Reprime las infracciones con multa administrativa de hasta U$ 500.000,-, máximo que aumenta en caso de reincidencia, suspensión o cancelación del registro (Arts. 49 y 51).

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La acción prescribe a los 5 años

La provincia de Buenos Aires concentra el mayor polo industrial del país, las empresas que se instalen en la provincia básicamente deberán cumplir con las siguientes normas:

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La ley 11723 de la Provincia de Buenos Aires de protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general que  impone al Estado Provincial la obligación de garantizar a todos sus habitantes los derechos a gozar de un ambiente sano, a la información, a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente. Correlativamente les impone el deber de

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Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos.

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Abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente de la Provincia.

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Encomienda al Poder Ejecutivo Provincial fijar la política ambiental

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La ley 11.720 de la Provincia de Buenos Aires regula los residuos especiales en la provincia teniendo características muy similares a la ley 24.051 mencionada

Legislación de otras materias que contiene normas ambientales 

Existen normas ambientales en leyes que norman otras materias. Como por ejemplo:

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El código de minería impone a quien explora o explota minas determinadas limitaciones con el fin de evitar daños al terreno y a sus accesorios (Arts. 32 y sigs.). Además impone medidas de seguridad y expresamente la preservación ambiental (Art. 233 y sigs.).
La ley nacional de hidrocarburos 17.319 contiene normas relativas a la preservación ambiental (Art. 69) e impone a quien busque o explote hidrocarburos la obligación de indemnizar a los propietarios de la tierra en que lo hagan (Art. 100).
La legislación laboral impone reglas de higiene y seguridad para proteger al trabajador contra los daños que el medio puede causarle.
La ley 19587 (21/4/72) somete a reglamento de la autoridad las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo por cuenta ajena.
La legislación nacional prohíbe arrojar a ríos y arroyos residuos cloacales, domiciliarios e industriales sin purificación previa (Ley 2797 del 3/9/1881) y contaminar las aguas navegables (Ley 20094 del 15/1/73) y el agua en general por hidrocarburos (Ley 22190). Disposiciones similares contienen leyes y códigos de aguas provinciales (B.A., ley 12257, arts.25, 45, 58,69, 84, 103, 105 y 140); (Córdoba, Arts. 183 y sigs.; Corrientes, Art. 8).
La ley 11709 (18/9/33) obliga a instalar en los diques que construya el Gobierno Nacional escalas para facilitar la circulación de peces que, en muchos casos, es indispensable para su reproducción.

Tanto la legislación nacional como la provincial organizan el abastecimiento de agua potable a poblaciones y la evacuación de sus desechos domiciliarios e industriales, para lo que acuerdan privilegios a este uso del agua sobre todos los otros, imponen la obligatoriedad de utilizar o pagar el servicio público y en algunos casos norman la prestación por terceros de estos servicios. (Ley Nacional 20324, OSN; Dec. Nac. 9762/64, Dec. Nac. 479/73 y Dec. Nac. 2629/73, SNAPR, C. A. Catamarca, Arts. 26 y sigs.).

Las leyes de policía sanitaria animal y vegetal 3708, 4863, 3595, 4155, 12566, 12732 y otras encomiendan funciones policiales en la materia a la autoridad nacional.

Ya la ley 9080 atribuía al Estado la propiedad de las ruinas y de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico, que la reforma del código civil de 1968 (art,2340 inc.8) declaró de dominio público.

La legislación del ordenamiento territorial, condiciona el disfrute y la preservación del ambiente. El Decreto ley 8912 (24/10/77) de ordenamiento territorial y uso del suelo de la Provincia de Buenos Aires encomienda el ordenamiento territorial a las comunas.

Oportunidad de inversiones al amparo de la nueva legislación argentina

El sistema de promoción de las inversiones forestales que introduce la ley 25.080  

La ley 25.080, prevé un régimen de promoción a las inversiones que se realicen en nuevos emprendimientos forestales, en la instalación de nuevos proyectos silvindustriales y en las ampliaciones de los existentes, siempre y cuando estos impliquen la implantación de nuevos bosques El régimen de promoción aludido se basa en exenciones impositivas y otorgamiento de créditos no reintegrables.

Este régimen tiene clara vocación de ser aplicado en el ámbito provincial, haciéndose  efectivo en la medida que las provincias van adhiriendo  a través de un a norma local

El sistema prevé varios beneficios fiscales respecto de casi todos los tributos para aquellos sujetos comprendidos por la ley.

 

EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL  

La República Argentina suscribió, entre otros, los siguientes convenios y tratados

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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue aprobada por la República Argentina mediante Ley Nº 24.295.Presentando para la COP 3 el inventario de gases de efecto invernadero

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La República Argentina no es parte del Protocolo de Kioto firmado posteriormente aunque asumió en la COP 4 “Compromisos Voluntarios” de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

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La Convención  sobre la Diversidad Biológica, fue aprobada por Ley Nº 24.375 de la República Argentina, habiendose sancionado tanto a nivel nacional como provincial normas en consecuencia.

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La producción  utilización, comercialización y exportación de semillas transgénicas es uno de los temas de principal atención de gobernantes y productores agropecuarios del país, especialmente a partir de firma del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad.

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La Convención sobre el "Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres", (CITES), fue firmada el 3 de marzo de 1973. Actualmente son Partes del Tratado ochenta y siete países entre ellos Argentina -aprobado mediante Ley Nº 22.344

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En 1979 se suscribió la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, adoptada en Bonn, República Federal de Alemania mediante Ley Nº 23.918.

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El Convenio de Basilea regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, aprobado por ley Nº 23.922.

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El Convenio de Viena para protección de la capa de ozono al que adhirió la República Argentina mediante Ley 23.724

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Complementando la Convención de Viena y a los efectos de obtener una eficaz disminución de las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono por parte de los países, en 1987 se suscribió el Protocolo de Montreal.

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La República Argentina receptó legalmente las modificaciones de Helsinki, Londres y Copenhague.

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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, fue aprobada por la República Argentina mediante la sanción de la Ley Nº 24.071.

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El Tratado de Cuenca del Plata celebrado en 1969 por los representantes de los gobiernos de la Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objeto de "promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia directa y ponderable".      

Convención de Cambio Climático y Protocolo de Kioto

En la República Argentina se pueden promover actividades encuadradas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio y el  Protocolo de Kioto.

El Protocolo instituye figuras que habilitan para emitir certificados de emisión transferibles de los gases que producen el efecto invernadero. Siguiendo este sistema los países firmantes del protocolo de Kioto que se comprometieron a reducir sus emisiones, podrán cumplir con sus cometidos forestando en países como Argentina que emite pocos gases de efecto de invernadero, cubriendo la totalidad de los costos que la tarea signifique y beneficiarse transfiriendo a su país los créditos equivalentes a la cantidad de gases que se hayan absorbido en ese espacio forestado. a través  sistema de mecanismo denominado de desarrollo limpio (“clean development mechanism”) 

 

 


NOTA:

[1] Aunque sí existen proyectos legislativos actualmente en trámite parlamentario en el Honorable Congreso de la Nación: Régimen Federal del Impacto Ambiental, Cámara de Diputados, Expte.:D L 114 2301 96, Publicación: TP55, fecha: 14/05/96, Régimen de evaluación del impacto ambiental, Cámara de Diputados, Expte.:D L 114 2450 96, Publicación: TP57, Fecha: 16/05/96, Régimen de protección ambiental. Estudios de factibilidad para proyectos de ingeniería y obras publicas, Cámara de Diputados Expte.:D L 114 1481 96, Publicación: TP34, Fecha: 15/04/96.

 

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Colección: Derecho, Economía y Sociedad

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Última modificación: 09 de Marzo de 2007

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