Catálogo de la Colección "Derecho, Economía y Sociedad" Sitio Oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Regulación jurídica de las biotecnologías

Curso dictado por la Dra. Teodora Zamudio

Equipo de docencia e investigación UBA~Derecho

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 Glosario

Los transgénicos y su importancia en el futuro comercial de la Argentina.


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Por Silvina Livellara  

 

  Fuente: ElDial

 

I- Introducción:

 

En el presente trabajo nos proponemos analizar y describir un sector relevante de las exportaciones de nuestro país, los productos transgénicos, dada la importancia relativa de las mismas dentro del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. La producción de productos transgénicos por parte de Argentina ha llevado a grandes multinacionales como Monsanto a realizar inversiones significativas en nuestro país, a la vez que la empresas de biotecnología se encuentran en creciente auge.

 

El Producto Nacional puede medirse por la vía del gasto y por la vía de la producción. Por el lado de la demanda, tomando en cuenta que las empresas, el sector público y los residentes en otros países también realizan gastos, podemos decir que el producto nacional está integrado por los siguientes componentes[1]:

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Consumo privado

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Consumo público

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Inversión

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Exportaciones netas, es decir exportaciones menos importaciones.

 

Cuando hablamos de exportaciones nos referimos a los bienes y servicios producidos en el país y demandados por el exterior. Dentro de este contexto incluiremos la producción nacional de soja destinada a exportaciones.

 

La Biotecnología:

 

Las dimensiones económicas que encierra la Biotecnología son impensables, baste con citar solamente los esfuerzos que la gran mayoría de los países desarrollados están haciendo con miras a preparar su aparato económico y académico para este nuevo desafío, en algunos casos incluso fusionando Universidades centenarias con el fin de adaptarlas al desafío de insertarlas en esta nueva dimensión económica. Con la Biotecnología el mundo ha entrado a una nueva era económica, su potencial es tan relevante como lo fue en su tiempo la invención de la rueda o el comienzo de la Revolución industrial en el siglo XIX.

 

Argentina no puede quedar marginada del desarrollo de capacidades en Biotecnología, eso podría hipotecar parte del bienestar de nuestros hijos y de las generaciones futuras de nuestro país. Sin embargo, al mismo tiempo nuestro país debe formular reglas claras que prevengan riesgos innecesarios y aseguren el mayor grado de protección posible a la población y al medio ambiente.

 

La humanidad ha manipulado organismos y ha explotado sus procesos biológicos para fabricar o elaborar ciertos productos o alimentos a lo largo de miles de años[2]. El conjunto de las técnicas y métodos que permiten tales manipulaciones es conocido como biotecnología.

 

Sin embargo la biotecnología moderna, entendida como concepto restringido al que hará referencia el presente trabajo, contempla únicamente a aquellas técnicas no convencionales que permiten cambios antropogénicos específicos en el material genético de los organismos.

 

La biotecnología ha sido definida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como la aplicación de los principios científicos y de la ingeniería al procesamiento de material por agentes biológicos para proveer bienes y servicios.

 

También el Convenio sobre Diversidad Biológica define en su art. 2 la biotecnología como “...toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”.

 

La ingeniería genética es una aplicación de la biotecnología que involucra la manipulación de ADN y el traslado de genes entre especies para incentivar la manifestación de rasgos genéticos deseados (OTA 1992).[3]

 

Aunque hay muchas aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura, el enfoque actual de la biotecnologia está en el desarrollo de cultivos tolerantes a herbicidas, así como en cultivos resistentes a plagas y enfermedades.[4]

 

La biotecnologia no constituye un nuevo sector industrial, es una tecnología horizontal que cruza todas las áreas y disciplinas, impactando en numerosos sectores productivos, aportando insumos para que los mismos incrementen su competitividad. En el escenario mundial, la aplicación de la biotecnologia dio origen a un conjunto de grandes empresas, instaladas en numerosos sectores industriales ligadas por mecanismos contractuales o de propiedad entre sí o con pequeñas empresas innovativas. En consecuencia, la biotecnologia industrial está en una proporción considerable bajo el control de las empresas multinacionales, tanto en lo que respecta a la innovación como a la utilización comercial de los resultados.

 

II- Los transgénicos y su importancia en la economía argentina:

 

En la últimas décadas la biotecnología ha desarrollado nuevas y sorprendentes técnicas para la manipulación de la vida. La ingeniería genética o bioingeniería, permite entre otros resultados, la clonación o el desarrollo de un organismos completos a partir de una célula, fusionar células o insertar embriones en hembras de otras especies.

 

Por otro lado la bioingeniería también facilita el aislamiento de un gen presente en un determinado organismo y su inserción en otro ser viviente, aunque no pertenezca a la misma especie. De este modo es posible la implantación de rasgos propios del organismo de origen de la muestra en el receptor, salvando todos los obstáculos que la propia naturaleza ha ideado. El organismo resultante es denominado organismo modificado genéticamente u organismo transgénico. En definitiva, se trata de aquellos organismos cuyo patrimonio genético ha sido alterado gracias a la aplicación de técnicas propias de la biotecnología moderna[5].

 

En una primera etapa la biotecnología, que fue denominada como defensiva, dirigió sus esfuerzos a evitar el uso de pesticidas de alta toxicidad y poder residual[6]. Algunos han visto esta incorporación de la biotecnología en la Argentina como un logro desde el punto de vista de la salud de la población y del medio ambiente[7]. Quienes exaltan los beneficios de esta nueva tecnología aplicada al agro señalan que la facturación de agroquímicos se redujo en 200 millones de dólares en nuestro país[8].

 

Para comprender el fenómeno de la adopción de los cultivos OGMs (organismos genéticamente modificados) por parte del productor argentino hay que partir de la base que entre las principales ventajas que éstos le ofrecen se encuentran: las de mayores rindes obtenidos como consecuencia de su superior efectividad en el control de plagas o malezas[9]. Asimismo, el número requerido de aplicaciones de herbicidas y/o plaguicidas posibilita el creciente control sobre los insumos variables (agroquímicos, combustible, etc), contribuyendo así a una reducción de costos [10]. A todo esto se le debe sumar la facilitación de las labores en todas sus etapas. Sin embargo la contrapartida consiste en los mayores costos que los productores agrarios deben afrontar por el mayor valor de la semilla, al cuál podría sumársele los nuevos costos requeridos para enfrentar eventuales riesgos derivados de potenciales limitaciones a la comercialización de los organismos genéticamente modificados [11].

 

La Argentina entró en la era de los organismos genéticamente modificados desde un punto de vista comercial con la liberación al mercado de la semilla de soja transgénica rr (Roundup Ready) que presenta resistencia al herbicida Roundup, permitiendo bajar los costos de producción en 15 % o 20% respecto de sus semillas hermanas no transgénicas[12].

 

Asimismo se ha introducido, entre otros el maíz bt, con un gen de Bacillus Thuringensis que le permite defenderse naturalmente de los insectos. Todos estos adelantos han tenido una gran acogida entre los productores argentinos, debido ha que ha significado para ellos una disminución de los costos de producción, sin afectar el precio de venta del producto[13].

 

El caso de la soja transgénica resistente, mostró una notable mejora en la competitividad argentina que se tradujo en el constante aumento de todos los índices: área sembrada, rendimiento, productividad y producción.

 

 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional Agropecuaria 2001

 

Como se puede observar la superficie implantada de soja se ha casi duplicado en los últimos dos años, pasando de un total de 4.100 ha a 8.000 ha implantadas en el año 2001. Los datos correspondientes al año 2002 todavía no han sido publicados.

 

En cuanto a la producción de soja, la misma también revela un crecimiento importante en el último año un 22,6% con respecto a la producción del 2000. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la producción desde 1993.

Esto ha llevado a sostener a los defensores de esta alta tecnología que gracias a la soja transgénica la Argentina es hoy el productor más eficiente del mundo. Esta afirmación responde a la valoración de nuestro rendimiento que es similar al de USA, pero la Argentina lo aventajaría en la producción neta por hectárea ya que el 60% de nuestra soja se produce dentro del esquema del doble cultivo: trigo-soja[14].

 

III- Importancia de la Soja dentro de las exportaciones argentinas y el comercio internacional

 

Para resaltar la importancia del complejo sojero dentro de las exportaciones argentinas, se presenta a continuación un cuadro que muestra la evolución de las exportaciones en el lapso de cinco años. En el mismo se puede observar que desde 1996 al 2001, las exportaciones de soja crecieron en más de un 35%, mientras que todo el complejo cerealero cayó un 8% en el mismo período. Otro dato relevante es la importancia relativa de las exportaciones de soja dentro de las exportaciones totales de la Argentina, las mismas representan un 17,6%, superando incluso al complejo del petróleo y gas que en el 2001 fue del 16%.

 

Estos datos obtenidos del INDEC confirman la importancia del tema para la toma de decisiones con respecto a políticas comerciales internacionales que deberá resolver en el corto plazo la Argentina.

 

 



Otras fuentes de consulta señalan que el Mercosur duplicó su participación en el comercio mundial de soja, ocupando sustancialmente segmentos de mercado antes dominados por U.S.A. El mismo estudio señala que la oferta mundial de soja transgénica posee un pequeño núcleo de oferentes, destacándose USA, Brasil, Argentina, India, Paraguay (más del 95% del total).

 

Por su parte Eduardo Ablin, en su trabajo: El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob cit. , en la pag. 6, señala que durante 1999, las importaciones de habas de soja por parte de la Unión Europea superaron los 16 millones de tn, mientras que el volumen importado de harinas en sus diversas presentaciones alcanzó los 16,5 millones de tn (equivalentes a 20,4 millones de tn de habas). Respecto a esto destaca que el 85% de las importaciones europeas de soja y sus derivados resultaron en 1999 de origen brasileño (37%), argentino (31%), y estadounidense (17%), respectivamente, reforzándose la presencia del Mercosur frente a la competencia estadounidense.[15]

 

Los datos expresados parecerían no presentar ningún problema para el futuro exportador argentino y deberían verse como buenos agurios, sin embargo la realidad política comercial internacional de los transgénicos es mucho más compleja, y es el objetivo de nuestro trabajo abordarla para poder comprender el posible futuro de nuestro principal complejo exportador.

 

III- Los principales problemas a resolver para garantizar el futuro de nuestras exportaciones de transgénicos:

 

Los organismos genéticamente modificados (que en adelante denominaremos como OGM) han abierto una polémica mundial con posiciones extremas y algunos de los principales puntos a considerar son:

 

1) Desconfianza en la opinión pública sobre los productos transgénicos:

 

La percepción de gran parte de los consumidores europeos respecto de los OGMs es negativa[16] y teñida de desconfianza como consecuencia de importantes campañas realizadas por Organizaciones No Gubernamentales como Greenpeace para desacreditar las bondades de estos productos. Otro factor que contribuyó a la presente actitud reticente de los consumidores frente a los OGMs fueron las experiencias que han puesto de manifiesto la incapacidad de los organismos estatales para controlar el desarrollo de prácticas seguras en materia alimentaria, así podemos citar como ejemplos: BSE (Encefalitis Espongiforme Bovina o mal de la vaca loca), aplicación de hormonas en la ganadería[17], contaminación de bebidas gaseosas con dioxinas, empleo de proteínas derivadas de aguas servidas para la producción de alimentos balanceados, contaminación de hamburguesas con bacterias coli, epidemias de listeria en lácteos y huevos, etc[18].

 

En este punto vale la pena detenerse a cotejar los argumentos de organizaciones ecologistas, y aquellos esgrimidos por grandes multinacionales que invierten en biotecnología y comercializan los productos obtenidos a través de la misma, así como también de un amplio sector de la comunidad científica.

 

Hemos elegido a Greenpeace como principal representante de los grupos ecologistas ya que esta ONG ha desplegado una fuerte campaña contra los organismos genéticamente modificados que ha resultado muy exitosa su repercusión en la percepción del consumidor europeo.

 

a)Los argumentos de Greenpeace[19]:

 

1.     La ingeniería genética rompe las barreras naturales para la reproducción y creación de seres vivos.

2.     La expansión de la siembra de OGM responde a una decisión corporativa de la poderosa industria de la biotecnología.

3.     Las corporaciones biotecnológicas pretenden obligar a los productores a comprar todos los años sus semillas y los productos agroquímicos que ellas mismas producen, con intenciones de controlar la agricultura y el mercado alimentario mundial.

4.     Quienes consumen alimentos transgénicos sin la información respecto a los mismos, están siendo privados ilegítimamente de su derecho a elegir si quieren o no correr el riesgo de contraer alergias o resistencias a antibióticos.

5.     Hasta el momento esta rama de la biotecnología ha sido desarrollada principalmente para bajar los costos de producción y no para producir alimentos más saludables.

6.     Los transgénicos al ser liberados fuera del laboratorio originarán indefectiblemente una contaminación genética del medio ambiente que en la mayoría de los casos se volverá irreversible.

7.     La soja transgénica conocida comercialmente como soja RR (Roundup Ready) fue diseñada para resistir un herbicida total creado por la misma empresa que vende el herbicida de nombre comercial Round Up, cuyo principio activo se llama glisofato. La aplicación masiva de un solo herbicida podría ser perjudicial para los agrosistemas ya que podría generarse un fenómeno llamado de presión selectiva, que puede activar el crecimiento desmesurado de malezas resistentes al glifosato.

8.     La soja mutante de la empresa norteamericana Monsanto fue aprobada por el gobierno argentino debido a presiones de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos.

En cuanto a los argumentos en defensa de los OGM, hemos considerado que Monsanto es un referente de las compañías que tienen fuertes intereses económicos en juego para que prospere el negocio de los alimentos transgénicos[20].

 

b)Los argumentos de Monsanto[21]:

 

1.     El principal argumento es que muchas de las afirmaciones de la organizaciones ecologistas no tienen asidero científico

2.     Respecto al etiquetado de los OGM, consideran que si bien el consumidor tiene derecho a informarse, la etiqueta en este caso cumpliría una función disuasiva y que solo contribuiría a reforzar la campaña del temor respecto de este tipo de alimentos.

3.     Los desarrollos de Monsanto son locales, dependiendo de los cultivos y de las plagas de cada región, pero la política tecnológica que aplican es la misma en todas partes. Asimismo afirman que la empresa pasa generalmente bien las etapas de control de la CONABIA y el SENASA.

4.     Ante el potencial peligro de que una planta desarrolle resistencia a un herbicida, la respuesta de Monsanto consiste en la aplicación de un nuevo herbicida.

 

c)Los argumentos de un amplio sector de la comunidad científica:

 

Los científicos, artífices de la bioingenería, defienden las virtudes de los alimentos transgénicos sosteniendo que entre los principales objetivos buscados a través de la transgenía de plantas se incluyen el combate de diversas pestes, un menor requerimiento de agua o herbicidas, la posibilidad del crecimiento en suelos salinos, el embellecimiento de plantas ornamentales, una mejora en la calidad de los alimentos tales como el aumento de su valor nutritivo, la producción de vacunas orales, y las modificaciones organolépticas[22].

 

En un sentido optimista se ha pronunciado el grupo de científicos convocados por la Consulta de Expertos FAO/OMS, la cual tuvo lugar en Ginebra en mayo/junio del 2000, elaborándose un documento sobre seguridad de los alimentos derivados de los vegetales genéticamente modificados. Los expertos concluyeron que el análisis de la seguridad de los alimentos GMs requiere un estudio integrado y específico para cada caso, concentrándose en determinar las diferencias y similitudes entre alimentos GMs y convencionales. Asimismo destacaron que es muy poco probable, que a largo plazo surjan efectos nocivos atribuibles exclusivamente a alimentos genéticamente modificados[23].

 

La Argentina nunca propició un debate que involucrase a los distintos sectores incluyendo a los consumidores, para discutir las ventajas y desventajas de este tipo de cultivos, sin embargo el hecho que uno de los principales mercados a dónde se dirigen nuestras exportaciones evolucione hacia una no aceptación de los transgénicos puede ser preocupante.

 

2)El etiquetado y su problemática:

 

Existe una tendencia en la Legislación Europea a regular la comercialización de los OGM[24], con una creciente intención de exigir el etiquetado de OGM para diferenciarlos de los cultivos orgánicos y de los cultivos convencionales, suministrando información detallada a los consumidores. Esto significaría un costo extra que hasta el momento no queda bien definido como habría de ser soportado entre los sujetos que participan desde la etapa su producción, distribución y la de exportación e importación[25].

 

Entre 1994 y 2000 la superficie sembrada de soja en nuestro país pasó de 6 millones a 8,8 millones de hectáreas, registrando un crecimiento del 46,7%, del cual el 32% se produjo desde 1996, coincidiendo con la introducción del cultivo transgénico[26].

 

Antes de avanzar en el planteo del posible impacto que tendría sobre nuestras exportaciones las regulaciones sobre etiquetado de los países importadores de nuestra producción de transgénicos, es necesario destacar que la demanda de los mismos se encuentra centrada al presente casi exclusivamente en soja[27].

 

La soja transgénica argentina se exporta en forma de haba cerca del 15% de la cosecha, esencialmente a China y la Unión Europea. En cuanto a la exportación de subproductos, los aceites se dirigen fundamentalmente al Asia y Medio Oriente. La producción de harina de soja encuentra su destino casi esencialmente en la Unión Europea[28].

 

El complejo sojero alcanza el 15% de las exportaciones totales, lo cual lo convierte en el principal sector exportador del país. Al considerar la posibilidad de implementar un etiquetado obligatorio es necesario analizar la significatividad de las exportaciones de soja a los destinos más propensos a establecer esta normativa. Es importante tener en cuenta que las exportaciones dirigidas a UE representan el 35,71%, con lo cual, el impacto de tal medida puede generar problemas de comercialización con los países europeos[29].

 

Por otro lado en Argentina existen varios proyectos de leyes en danza, sobre el etiquetado de OGM, pero hasta el momento el tema no ha sido resuelto.

 

Uno de los principales argumentos de quienes se oponen al etiquetado es que el mismo afectaría la percepción del consumidor respecto a los transgénicos y generaría desconfianza impactando negativamente en la comercialización de los mismos. Además el etiquetado importaría costos adicionales significativos que el sector involucrado no está dispuesto a afrontar.

 

En este orden de ideas, una manera de ganar la confianza de los consumidores sería mediante la implementación de un sistema que permitiese la producción en forma conjunta de OGM y no OGM. Para lograr este objetivo sería menester separar las materia primas y los productos a través de toda la cadena productiva y comercial. Dicha separación de productos puede ser llevada a cabo a través de dos métodos: la segregación y la identidad preservada[30].

 

El método de la segregación: implica mantener separados los productos durante la carga y descarga, el almacenamiento, la industrialización y el transporte. Mediante este método los productos no son discriminados en los contenedores, lo cual requerirá controles sobre las características y el origen en todas las etapas del proceso[31].

 

El método de la identidad preservada: requiere la completa separación de los OGM y los no –OGM durante todas las etapas del proceso, manteniendo los productos en contenedores separados. Este último método hace necesario un sólo control de los productos, que se realiza previo al empaquetamiento de los mismos. Identificados los costos adicionales, se analiza la capacidad de trasladar dichos costos, la posibilidad de cargarlos en los distintos actores de la cadena productiva. En este sentido se dice que dependerá de tres factores:

 

a) Elasticidad-precio de la oferta: cuanto más inelástica sea la oferta del producto respecto de su precio, mayor es la proporción del costo adicional que deberá ser absorbida por el propio productor.

b) Elasticidad-precio de la demanda: a la inversa, cuánto más inelástica sea la demanda en relación al precio, mayor es la capacidad del productor para trasladar los costos y, por lo tanto, mayor la proporción de los mismos que recaerán sobre el consumidor.

c) Disponibilidad de bienes sustitutos: a mayor existencia de bienes sustitutos más difícil será la traslación de los costos al precio final, y por lo tanto, mayor la absorción de los costos por parte del productor [32].

 

Por un lado, se considera que para realizar la separación los productores, acopiadores, procesadores y transportistas podrán continuar utilizando la estructura actual, si bien tendrán que realizar tareas de coordinación y limpieza para asegurar que cada producto cumpla con los requisitos de los mercados externos. Estas erogaciones adicionales se denominan “costos de transacción”[33]. Por otro lado, se teme que el sistema de segregación cree riesgos de perder ciertos mercados.

 

Si como consecuencia de futuras restricciones internacionales o nacionales de los países importadores de nuestra soja transgénica, los productores se planteasen la reversión hacia una mayor producción de soja convencional, al menos deberían contar con el atractivo que el precio de ésta fuese suficientemente elevado respecto del precio de la soja genéticamente modificado, para ver compensados los márgenes brutos de producción[34].

 

Sin embargo para posibilitar la obtención de un precio mayor de la haba de soja convencional, el productor tendría que estar en condiciones de acreditar que se trata de soja libre de contaminación con soja transgénica. Esto último haría ineludible el adoptar el mecanismo de identidad preservada desde la etapa de siembra, cuya instrumentación implicaría mayores costos[35]. Los mayores costos no resultarían fácilmente trasladables al precio final, por lo cual los productores de soja convencional tendrían que absorber gran parte del costo adicional por el proceso de segregación, viendo reducidos sus márgenes brutos[36].

 

3)El Protocolo de Bioseguridad y su relación conflictiva con las normas de la Organización Mundial del Comercio:

 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología se adoptó en febrero del año 2000 y sus disposiciones deberían haber entrado en vigor en el año 2002 si se hubiesen reunido las firmas de por lo menos 50 países.

 

El objetivo central del Protocolo es regular la liberación, manipulación y uso de organismos genéticamente modificados que puedan tener un efecto adverso en la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

 

El Protocolo crea una agencia de “Clearing de Bioseguridad”, la cual notificará de las decisiones relativas al uso doméstico, incluyendo la comercialización en el mercado, de cualquier OGM que pudiera ser objeto de tráfico transfronterizo para su uso directo como alimento o forraje, o para su posterior procesamiento.

 

Nuestro país debe reflexionar con profundidad respecto del Protocolo de Bioseguridad, y sus consecuencias para su propia política comercial. Dicho Protocolo fue suscrito por nuestro país en el marco de la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad, en Montreal en enero del año 2000. Transcurridos casi 3 años desde su firma vale la pena debatir sobre algunas interrogantes.

 

El problema político de fondo del Protocolo, a nuestro juicio, es que éste dictó normas y regulaciones en un ámbito que ya se encontraba en gran medida regulado por otros acuerdos multilaterales. Nos referimos básicamente a las fricciones que se producen al comparar el Protocolo de Bioseguridad con el “Acuerdo de la OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias” AMSF o SPS en su versión inglesa. Tan evidente es esta colisión que el mismo Protocolo adopta un lenguaje dubitativo cuando se refiere a la relación que debe tener con otros acuerdos internacionales, pues reconociendo la vigencia de otros acuerdos que regulen la misma materia, no fija pautas de acción diferenciados ni menos aún se diseñan mecanismos de concordancia y/o complementación, en circunstancias que el mismo Protocolo contiene disposiciones que exceden esta frágil relación existente entre protección ambiental y libertad de comercio.

 

Cabe recordar que el AMSF de la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT tuvo por objeto acotar el nuevo marco definido por la OMC los excesos incurridos a lo largo de la historia del GATT al amparo del artículo XX del Acuerdo General, relativo a excepciones generales[37].

 

Todas las previsiones contenidas en el artículo XX son asociables con el llamado “poder de policía” que ejerce el Estado. Dicen Ablin y Paz que “...a lo largo de la experiencia acumulada durante la historia del GATT las partes contratantes encontraron enormes dificultades para evitar que normas nacionales, adoptadas en el contexto del artículo en cuestión, bajo argumentaciones precautorias, no escondieran en rigor propósitos claramente proteccionistas. Por ello en última instancia, las denominadas “excepciones generales” involucran excepciones al artículo III del GATT (trato nacional), cuyo abuso puede abrir una vía de elusión del espíritu del Acuerdo General”[38].

Es decir que el AMSF tuvo por objeto acotar esta irrestricta libertad de los miembros de la OMC que introducían prácticas distorsivas del comercio internacional, utilizando como amparo el argumento sobre presuntas medidas protectivas de la salud humana, animal o vegetal.

 

Entre los aspectos jurídicos que mayor debate suscitan se halla el enfoque que el Protocolo le da al criterio de la precaución, permitiendo su interpretación y aplicación incluso más allá de lo que la misma Declaración de Río de 1992 en su Principio 15 le reconoce como campo de acción. Como se sabe, el Principio 15 de la Declaración de Río señala que los Estados podrán aplicar el criterio de la precaución solo si hay peligro de daño grave o irreversible, y si además existe un grado importante de certeza científica sobre las probabilidades que el daño ocurra. Por ejemplo, los países podrán prohibir la importación de un producto agropecuario si existe un alto grado de probabilidad científica que ese producto puede causar un daño grave a la población o al medio ambiente[39]. Dicho de otro modo, solo se podrá aplicar el criterio precautorio si se comprueba la existencia una alta probabilidad sobre la peligrosidad del OGM y si el daño que se pretende evitar es grave o irreversible. De no cumplirse alguno de estos dos requisitos, los Estados no pueden invocar la precaución para restringir el comercio de un producto.

 

Sin embargo, este marco conceptual de la prevención fue eliminado en el Protocolo de Bioseguridad al plantearse que basta que un Estado señale que posee sospechas, no probadas científicamente, que un producto puede causar un daño a la población, para que se lo autorice a prohibir la importación de un OGM[40].

 

No se trata de un asunto menor ni tampoco de mero ejercicio teórico, pues basta comprobar lo que sucedió hace casi dos años cuando Suiza y Europa suspendieron la provisión de harinas de pescado como forraje para animales rumiantes. En dicha ocasión Suiza justificó la prohibición señalando que estas podían estar involucradas entre las causas que producen el mal de las “vacas locas “ al ganado bovino local[41]. Estudios científicos de organismos internacionales desecharon esa posibilidad, pero a pesar de ello esos países persistieron en su rechazo y con ello se causó un daño grave a las exportaciones de harina de pescado. Lamentablemente, el Protocolo de Bioseguridad no ofrece instrumentos que minimicen ese tipo de riesgos comerciales, más bien consolida la posibilidad que se produzcan eventos como el de las harinas de pescado, facilitando de esa manera una manipulación arbitraria del criterio de la precaución.

 

Por otro lado algunos países han dictado normas sobre seguridad biológica alegando que lo hacen para proveer a un manejo y disposición seguros de los OVM y sus productos. Esas normas podrían levantar las barreras aduaneras paraarancelarias enmascaradas como “barreras verdes o ecológicas” que previó el Capítulo 2 de la Sección I del programas 21 de Río de Janeiro cuando declaró que: “No se deberían utilizar las inquietudes ambientales para justificar una restricción del comercio”. En la materia, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Río 1992) reclama un sistema económico internacional valorable y abierto (Principio 12)[42]. El camino que la OMC quiere abrir a la libertad de comercio presenta varios de este tipo obstáculos. Es así que muchos de los mercados que se declararon abiertos comercialmente no piensan levantar “las barreras verdes o ecológicas”. De alguna manera son la última barrera que les queda a los países proteccionistas para evitar el ingreso de productos agrícolas. El argumento de la bioseguridad les permitirá hacer más severas dichas barreras. Basta para ello ver lo que ocurrió con la aftosa mediante una propaganda y presión política que cerró muchos mercados a las carnes argentinas durante muchos años e impulsó su precio hacia abajo.

 

El AMSF que también regula los aspectos sanitarios y fitosanitarios del comercio internacional de productos agropecuarios es más cuidadoso en el uso del criterio de la precaución y al mismo tiempo más exigente desde el punto de vista científico si se desea restringir el comercio de un producto determinado. Es así que en su artículo 5:1 establece que los Miembros ”se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias se basen en una evaluación adecuada de las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación de riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes”[43].

 

El AMSF habilita a los Miembros a ”establecer o mantener medidas sanitarias y fitosanitarias que representen un nivel de protección sanitaria y fitosanitaria más elevado que el que se lograría mediante medidas basadas en las normas, directrices, o recomendaciones internacionales pertinentes, si existe una justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de protección sanitaria o fitosanitaria que el Miembro de que se trate determine adecuado de conformidad con las disposiciones pertinentes de los párrafos 1 a 8 del art. 5”[44].

 

La redacción ambigua del preámbulo del Protocolo[45] impide determinar si existe la primacía de éste por sobre las normas contenidas en el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC, para resolver en el supuesto en que se plantee un conflicto entre países que adhieren a ambos instrumentos[46].

 

Algunos encuentran la solución interpretativa en la aplicación de la Convención de Viena sobre interpretación de Tratados que determina que la ley posterior prevalece sobre la anterior[47]. Razón por la cual la Organización Mundial del Comercio podría considerar e integrar la normativa del Protocolo de Bioseguridad para la resolución de conflictos.

 

Asimismo divisamos otro punto de fricción entre la OMC y el Protocolo de Bioseguridad, dado por la normativa de la OMC dada por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC)que tiene por objeto evitar: “que los Miembros de la OMC elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio”. Por ello “los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo”. Entre dichos objetivos legítimos se lista la protección de la salud o seguridad humana, debiendo evaluarse los riesgos inherentes en esta materia “sobre la base de la información disponible científica o técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos” remitiéndose para ello a las normas internacionales existentes.

 

Es conveniente dilucidar estas dudas antes de convertir al Protocolo de Bioseguridad en Ley de la República. No son pocos los países (entre ellos algunos de los miembros del Grupo Miami: Chile y Canada) que se resisten a aprobar el Protocolo, pues las dudas superan a las certezas y mientras no haya claridad sobre el lugar que el Protocolo ocupará en este gran puzzle jurídico-comercial internacional, lo más prudente es avanzar lentamente[48].

 

Sin perjuicio de lo anterior, y atendidos los desafíos que se presentan para el país en esta materia, nuestro país debería dotarse de una Ley de Biotecnología propia, independiente y autónoma de cualquier otro texto normativo.

 

No podemos soslayar como aspecto importante con relación al Protocolo de Bioseguridad que nuestro país debe evaluar antes de su ratificación, el hecho que a partir de su entrada en vigencia, la Argentina deberá proceder a identificar sus embarques bajo la expresión ”pueden contener OVMs”, y por ende las habas de soja quedarán sometidas a los efectos imprevisibles en materia de precios de una segregación de mercados entre soja convencional y soja transgénica[49]. Estamos frente a un esquema de trazabilidad que exige una identificación detallada aún para los alimentos procesados que tengan algún ingrediente u origen transgénico.

 

Aunque los análisis preliminares del protocolo de Bioseguridad hacen pensar que el mismo quedaría circunscripto a los organismos vivos, y por lo tanto sólo afectaría a los cultivos exportados sin procesamiento alguno que altere las cadenas de ADN, quedando excluidos subproductos destinados a ser utilizados como piensos, así como aceites, la amplitud del principio de precaución podría abrir la puertas a otro panorama. Decimos esto porque el citado criterio de precaución incorporado al Protocolo podría avalar una progresiva tendencia a identificar no sólo los OGMs como tales, sino a todos los productos destinados a alimentación animal y humana elaborados a partir de los mismos. Un claro ejemplo de esto es que tanto Japón como la Unión Europea- entre los mercados más importantes- se han amparado en el principio de precaución para introducir normativa nacional dirigida a exigir identificación de todos los productos alimenticios comercializados en sus mercados que contengan OGM. Vislumbramos una clara tendencia hacia el etiquetado, aplicación de prácticas de trazabilidad e identidad preservada, apuntando a una distinción certera de los cultivos genéticamente modificados de los convencionales.

 

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE:

 

Consideramos que siendo nuestro país uno de los principales productores y exportadores en el mundo de cultivos transgénicos, debemos formular una política comercial que nos permita conciliar una consolidación en los mercados a los que se dirigen nuestras exportaciones y a la vez estudiar la manera en que podremos afrontar los costos adicionales de las exigencias de trazabilidad para este tipo de productos agrícolas. Hasta el momento, los análisis que hemos compulsado de economistas y representantes de Cancillería se limitan a especular con diferentes variables tales como:

 

a) La no ratificación por parte de la Argentina del Protocolo de Bioseguridad, y la esperanza que dicho Protocolo no alcance la ratificación de los 50 países necesarios para su entrada en vigencia.

b) La sabia política espejo adoptada por la Argentina, en el sentido de sólo aprobar aquellos eventos transgénicos aprobados por la Unión Europea[50].

c) El hecho que la sustantiva colocación de aceites de soja en Asia, Medio oriente y algunas regiones de Africa no resultaría previsiblemente afectadas, en tanto dichos mercados continúen interesados en abastecerse de este producto relativamente barato, no estando en condiciones de pagar primas de precios para optar por bienes manufacturados a partir de soja convencional[51].

d) La situación especial de la UE frente a su importación de harinas de soja GM, que a pesar de su tendencia al etiquetado, no significa que persiga el objetivo de limitar el acceso de productos transgénicos a su mercado ya que una restricción en tal sentido deterioraría la función de producción pecuaria de la UE, basada en la importación de sustitutos proteicos- con el subsecuente incrementos de precios para el consumidor europeo[52]. Además de la dificultad que encontraría la UE para encontrar fuentes de abastecimiento de soja convencional (y sus subproductos) para cubrir el volumen de sus necesidades de importación.

 

Nos parece oportuno, no quedar sujetos a variables externas, especulando que no se produzca un cambio significativo en la normativa de otros países ni en el marco internacional. Una de las características de la biotecnología en la rapidez con la que se producen sus avances y la subsecuente rapidez del impacto de sus consecuencias. Razón por la cual sería prudente adoptar un debate interno sobre las ventajas de los cultivos transgénicos, prever y adaptar nuestras estructuras agrarias y comerciales a las exigencias de trazabilidad que terminaran por imponerse tanto en el mercado internacional como local.

 

SEGUNDA PARTE

 

Luego de haber realizado en la primera parte de nuestro trabajo una introducción a la problemática de los transgénicos y en particular del complejo sojero en la Argentina, nos proponemos realizar un análisis de los interrogantes que se plantean al respecto en la política comercial.

 

Sabemos que el tema propuesto es complejo, y que las respuestas posibles pueden ser objeto de controversia, ya que los transgénicos han despertado posiciones extremas y encontradas a nivel internacional, reproduciéndose estas posturas en la esfera nacional.

 

IV- ¿Es necesario un nuevo modelo de comercialización internacional?

 

Creemos que los productos transgénicos deben ser objeto de un nuevo modelo de comercialización internacional. Por sus particulares características, y el desconocimiento hasta el momento de posibles riesgos que podrían comprobarse en el futuro (los llamados riesgos de desarrollo), no pueden quedar bajo el mismo esquema que los productos agrícolas de cultivo tradicional u orgánico.

 

La Argentina dispone desde 1991 de una normativa regulatoria de bioseguridad de productos para la agricultura, obtenidos mediante las técnicas de biotecnológicas de avanzada.

 

El ente encargado de formular, coordinar, gestionar y controlar el cumplimiento de esta normativa es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). Esta Comisión somete sus dictámenes al Secretario de Estado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, quien es la autoridad de aplicación de la normativa sobre experimentación y/o liberación al medio de organismos genéticamente modificados[53]. La CONABIA es una Comisión multisectorial, formada por miembros del sector público y privado, guiada en su funcionamiento y dictámenes por los principios de la bioseguridad. Sus procedimientos operativos se fundan en consideraciones exclusivamente técnicas, basadas en los conocimientos científicos disponibles.

 

Por ello será necesario que la CONABIA refuerce su papel como organismo estatal en el control y certificación de estos productos, sometiéndolos a periodos de prueba y estudios prolongados como ya ha venido realizándolo desde que inició su gestión. Así por ejemplo la CONABIA: determina mediante estudios de campo si una variedad transgénica importada puede afectar gravemente el desarrollo de una especie autóctona o bien provocar un desequilibrio en nuestra biodiversidad. De considerarse al evento transgénico objeto de una importación no viable para su desarrollo en nuestro país, podrá entrar en la categoría de mercadería afectada a una prohibición de importación de carácter no económico (arts.449 a452, Cod. Aduanero).

 

Asimismo la CONABIA deberá trabajar en estrecha colaboración con la Cancillería argentina en el diseño de una política comercial internacional para los transgénicos.

 

Así como los países de la Unión Europea mediante la Directiva 90/219/CE, del 23 de abril de 1990 y Directiva 90/220/CE de igual fecha, además del Reglamento 258/97/CE [54] han establecido un estricto control para las importaciones de productos transgénicos que deben pasar por varios controles previos a su comercialización, de igual manera a nivel interno debemos tener una regulación que nos permita determinar que productos transgénicos son viables en el mercado interno y externo, además de la normativa técnica de la CONABIA, que parece ser conocida solo por limitado grupo de expertos, no así por los juristas.

 

En cuanto a la reformulación de un modelo de comercialización internacional para este tipo de productos, recomendamos ir más allá de la política espejo de aprobar sólo los eventos transgénicos autorizados en Europa. Esto de alguna manera implicaría replantearnos el buscar otros mercados alternativos que no tuviesen la desconfianza del consumidor europeo, y tratar de colocar en los mismos nuestro potencial de productores de transgénicos. También en otros mercados podrían obtenerse los beneficios de preferencias arancelarias, que parecen imposible de pactar en materia de transgénicos con la Unión Europea, y así incentivar aún más la exportación de dichos productos.

 

Otro aspecto importante a fin de plantearse el modelo de comercialización de transgénicos es no quedarnos exclusivamente en el análisis de estos productos en el ámbito científico y específico de la bioseguridad, sino avanzar en el estudio de la responsabilidad civil del Estado frente a la aprobación de dichos eventos que eventualmente pudieran resultar nocivos para la salud o el medio ambiente. Con relación a la consagración de la responsabilidad civil será necesario contemplar si cabe hacer extensiva dicha responsabilidad en forma solidaria al productor, distribuidor, exportador o importador, e inclusive vendedor de estos productos, siguiendo los lineamientos del art. 40 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

 

De consagrarse un sistema de responsabilidad civil habrá que pensar en la instrumentación de un seguro que cubra dicha responsabilidad. Este mismo tema se reproduce en la esfera de comercialización internacional de los productos transgénicos, ya que uno de los puntos más debatidos en el Protocolo de Bioseguridad fue el de cómo idear un sistema de responsabilidad civil que acompañara el incumplimiento de la normas del mismo. De hecho por el lado de los exportadores, se buscó eliminar la necesidad de incorporar normas específicas sobre responsabilidad en función de la seguridad de la Biotecnología, por la preexistencia de normas de responsabilidad civil en el derecho internacional y en el Convenio de Diversidad Biológica[55]. En este sentido el Protocolo de Bioseguridad responde a la tendencia actual del tráfico comercial internacional que impulsa a las Naciones, a que por intermedio de tratados multilaterales, se acuerden normas sustantivas y uniformes que regulen directamente sus conflictos.

 

Marzorati nos dice que las características del nuevo ámbito y de la nuevas figuras contractuales, en los últimos veinte años ha variado sustancialmente. En este sentido, no sólo el número de reglas jurídicas que conciernen a la empresa ha aumentado de manera casi exponencial, sino que los hombres de negocios han inventado, para llevar adelante sus proyectos, nuevas técnicas de naturaleza comercial, industrial y financiera, a las cuales no corresponde ningún régimen jurídico apropiado[56].

El autor citado enuncia como características de las modalidades contractuales en el ámbito de un nuevo derecho comercial que se refleja en los negocios internacionales, las siguientes: 

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Creación constante de nuevos contratos;

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Complejidad;

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Resistencia a la organización legal imperativa;

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Dificultades de calificación

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Internacionalización

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Búsqueda de acuerdos de la solución de conflictos mediante arbitraje.

 

La comercialización internacional de transgénicos no queda exenta de la influencia de las mencionadas tendencias que se dan en el ámbito del derecho comercial internacional. A lo que hay que sumarle la veloz evolución de la biotecnología y sus productos. Así en un futuro no muy lejano nuestras exportaciones de organismos genéticamente modificados no se limitaran a la soja, sino a micro organismos genéticamente modificados que requieren de un confinamiento especial, seguimiento y control para el caso de su liberación accidental al medio ambiente. Asimismo las vacunas incorporadas a las estructuras genéticas de plantas o a la producción de leche de nuestras vacas como propiedades farmacológicas, serán también comercializadas. Quizás lleve a un replanteo de los incoterms aplicables a una modalidad diferente de exportación consistentes en productos derivados de la biotecnología. Recordemos que los incoterms son usos y costumbres recopilados y codificados por la Cámara de Comercio Internacional.

 

Los términos de los contratos internacionales de comercialización de estos productos plantearan un desafío a los juristas quienes deberán trabajar con biólogos, ingenieros y expertos en bioseguridad para redactar cláusulas de asunción de riesgos, resguardos especiales para el transporte y distribución, que probablemente revolucionen el derecho comercial internacional actual. Existirá una controversia sobre la calificación de estos productos que ya no serán simple mercadería o productos agrícolas sino fármacos o en el caso de los micro organismos material de experimentación científica, aún cuando nuestro Código Aduanero en su art. 10 defina a las mercaderías como todo objeto pasible de ser importado.

 

Actualmente se aplicaría a la compra venta internacional de transgénicos, La Convención sobre Compraventa Internacional, aprobada en Viena en 1980 con el auspicio de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada por la Argentina por la Ley 22.765 y ha entrado en vigor el 1° de enero de 1988, rigiendo en la actualidad entre la Argentina, Estados Unidos, Hungría, Francia, Egipto, Noruega, Finlandia, Yugoslavia, Siria, Zambia, China, Polonia, Australia, Lesotho, México, Alemania, Austria e incluso Suiza. Asimismo, el 10 y 11 de abril de 1980, sesenta y dos países aprobaron unánimemente la Convención de Viena[57]. Cabe aclarar que dicha Convención rige para los países que la han ratificado.

 

Por último, las operaciones económicas de importación y exportación, en cuanto reflejan el ingreso y egreso de mercaderías al país, constituyen la instrumentación administrativa de la compra venta comercial internacional. Esto último trae aparejado que se encuentren íntimamente ligadas a actos administrativos de tipo aduanero, cambiario, de seguridad y policía sanitaria. A esto debe sumársele aquellos actos jurídicos que se realizan simultáneamente como pueden ser la apertura de cartas de crédito, la celebración de contratos de transporte y seguros, el libramiento de pagarés y la constitución de garantías diversas[58]. Al momento de formular un modelo de comercialización internacional habrá que tener en cuenta cada uno de estos aspectos donde seguramente el aspecto de seguridad y policía sanitaria ocupará un lugar preponderante.

 

V- Los subsidios y medidas de salvaguardia de la industria, ¿son necesarias?

 

Argentina, ha sido uno de los países que ha criticado el subsidio encubierto a los productos agrícolas realizado tanto Europa como U.S.A..(más allá de la prohibiciones vigentes en los Acuerdos del GATT y de la OMC) parecería una incoherencia sugerir cualquier tipo de subsidio a la producción de transgénicos.

 

Sin embargo, el subsidio al que podría aspirarse para impulsar con más fuerza la producción de transgénicos, a nuestro criterio, no debería ir dirigido a la producción en sí misma. Como ya hemos señalado en la primera parte del trabajo la incorporación de las semillas transgénicas al agro argentino se tradujo en una significativa disminución de los costos de producción, sin afectar el precio de venta del producto. No obstante ello la colocación de transgénicos en el mercado externo, principalmente en la Unión Europea se ve amenazada por una paulatina regulación de la importación de estos productos y la exigencia del etiquetado que demanda el consumidor europeo.

 

Recordemos que las exportaciones de estos productos hacia la Unión Europea representan el 35,71%, con lo cual, el impacto de tales medidas puede generar problemas de comercialización en los países europeos. Por esta razón puntual, una manera de salvaguardar este sector tan significativo de nuestras exportaciones sería a través del subsidio para hacer frente al incremento de costos que demandaría el etiquetado que identifique a los productos genéticamente modificados.

 

El Estado argentino podría plantearse como parte del nuevo modelo de comercialización internacional de organismos genéticamente modificados, el implementar un subsidio para que los productores y/o exportadores accedan al método de segregación o al de identidad preservada. Ya enunciamos en la primera parte de nuestro trabajo en que consisten dichos métodos que permiten separar la materia prima y los productos a través de toda la cadena productiva y comercial. El más seguro de los métodos parece ser el de identidad preservada, pudiéndose utilizar la estructura actual, además de establecer tareas de coordinación y limpieza para que cada producto cumpla con los requisitos de los mercados externos. Dichas erogaciones adicionales que se denominan “costos de transacción” deberían ser objeto del subsidio de referencia, para que no decaiga la competitividad de nuestra soja transgénica en los principales mercados de destino, como consecuencia de la tendencia legislativa de exigir el etiquetado.

 

VI- La ratificación del Protocolo de Bioseguridad por parte de Argentina y nuestra posición en la Organización Mundial del Comercio.

 

Habíamos adelantado en la primera parte de nuestro trabajo la relación conflictiva del Protocolo de Bioseguridad y los Acuerdos Internacionales de la OMC. Siendo el Protocolo un Tratado Internacional dirigido a regular el tráfico internacional de transgénicos u organismos genéticamente modificados, se plantea con principal problema, ante una eventual aplicación del mismo, su preeminencia o no frente a las normas que emanan de los acuerdos de la OMC.

 

La relación de las normas del Protocolo con aquellas contenidas en otros acuerdos internacionales en particular con los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio fue uno de los mayores puntos de conflicto en las negociaciones de Cartagena en febrero de 1999 y una importante causa de su fracaso.

 

La posición de la Unión Europea, durante el curso de las negociaciones se dirigió a asegurar un apropiado balance entre las preocupaciones del comercio y el medio ambiente en el contexto del Protocolo de Bioseguridad, mientras se estableciese un régimen comercial específico para los OGM se estaría promoviendo la bioseguridad al mismo tiempo que existiría una cierta predectibilidad para los exportadores e importadores de esos productos[59].

 

Conforme a esta visión, las obligaciones asumidas en el marco del Protocolo podían y debían ser implementadas por las partes en un modo consistente y complementario con sus obligaciones bajo los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio[60].

Como el Protocolo guardaba entre sus objetivos la reducción de los efectos adversos del comercio internacional de los OGM en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, también tomando en cuenta los riesgos respecto a la salud humana, la Unión Europea pensaba que las consideraciones del mismo no podían quedar simplemente subordinadas a los acuerdos que gobernaban el comercio internacional[61].

 

La Unión Europea propiciaba que la relación del Protocolo con los acuerdos de la OMC no fueran interpretadas ni aplicadas en forma aislada.

Hasta aquí la Unión Europea favorecía la aplicación, en lo que respecta a la relación del Protocolo con otros Acuerdos de la OMC existentes, de la regla del derecho internacional consuetudinario, incorporada por la Convención de Viena. Conforme la misma un tratado posterior prevalecía sobre uno anterior concluido por las mismas partes y referido al mismo asunto[62].

 

Del otro lado de la mesa de negociaciones se encontraba el grupo Miami (integrado por nuestro país junto a Chile, Cánada, Australia y Estados Unidos) que pretendía quedar comprendido en la excepción a la aplicación de dicha regla, a través de una “saving clause”. En efecto el artículo 30(2) de la Convención de Viena expresa “Cuando un Tratado especifique que está sujeto, o que no debe ser considerado incompatible con un anterior o posterior tratado, las previsiones de esos otros tratados prevalecen”.

 

De ahí que la inclusión o la omisión de una “savings clause” en un tratado posterior era de vital importancia en la determinación de que normas aplicar en caso de conflicto[63]. Las consecuencias jurídicas de la inclusión de una “savings clause” en el Protocolo de Bioseguridad permitiría que las previsiones del tratado posterior (en este caso el Protocolo de Bioseguridad) no pudieran prevalecer sobre las previsiones de tratados anteriores (por ejemplo los Acuerdos de la OMC) en caso de presentarse la hipótesis de conflicto entre ambos.

 

La “savings clause” propuesta por el Grupo Miami fue formulada en términos generales, referida a todos los acuerdos existentes, escondiendo detrás de la misma la sospecha de que algunas de las partes se vieran tentadas de usar el Protocolo como protección contra la rigurosa disciplina de la OMC, en particular en un área tan sensible como el de los productos agrícolas.

 

Otra de las razones esgrimidas por el Grupo Miami para propiciar la inclusión de una “savings clause” consistió en apelar a la dificultad de estimar las posibles implicaciones de las previsiones del Protocolo para otras áreas relacionadas con la biotecnología, las cuales se encontraban también sometidas a acuerdos internacionales específicos[64].

 

La Unión Europea se opuso a la inclusión de la “savings clause” en el texto del Protocolo ya que consideraba que el permitirlo tornaría indeterminado el status del Protocolo frente a otros Tratados y, por el mismo motivo la fuerza de la acción global requerida para alcanzar los objetivos del Protocolo al que nos venimos refiriendo. El efecto total de las disposiciones del Protocolo aparecía justificado desde la visión de que las partes se habían comprometido ha establecer un régimen comercial específico para los OGMs.

Desde esa perspectiva el Protocolo podía reclamar el status de lex specialis, además de su status de lex posterior[65].

 

Otros grupos presentes en las negociaciones, abogaban por la inclusión de una “savings clause” con una formulación similar a aquella contenida en la Convención de Diversidad Biológica. Recordemos que el artículo 22 (1) de la CDB, bajo el título “De la Relación con otras Convenciones Internacionales”, expresa: ”las provisiones de esta Con- vención no deberán afectar los derechos y obligaciones de ninguna Parte Contratante derivados de cualquiera de los acuerdos internacionales existentes, excepto cuando el ejercicio de dichos derechos u obligaciones puedan causar un serio daño o amenaza a la diversidad biológica”. Las consecuencias jurídicas de una disposición como ésta son que las previsiones de los acuerdos internacionales existentes generalmente prevalecerán por sobre aquellas contenidas en la Convención sobre Diversidad Biológica, excepto cuando pudiesen generar un daño o amenaza a la diversidad biológica.

 

La Unión Europea se pronunció en contra de incorporar una cláusula similar a la del CDB, sosteniendo que la utilización de ese criterio traería aparejada una significante incertidumbre legal. Este tipo de solución no aparecía apropiada si se comparaba la diferente naturaleza de los compromisos asumidos por las partes en el CDB y en el Protocolo. En efecto en Protocolo las partes habían asumido obligaciones de naturaleza más detallada que debían ser cumplidos por las mismas durante el transcurso normal de sus relaciones comerciales. Los compromisos asumidos en el Protocolo generarían un fuerte impacto en los derechos, obligaciones y legítimas expectativas de los operadores económicos privados[66].

 

La Unión Europea prefería no incluir ninguna referencia a la relación entre el Protocolo de Bioseguridad y los acuerdos internacionales previos, para no amenazar la aplicación de la regla contenida en el artículo 30 (3) de la Convención de Viena. Sin embargo no se opuso a la solución arribada en las negociaciones de incluir en el Preámbulo una declaración en términos claros acerca de que las provisiones del protocolo no quedarían subordinadas a los acuerdos previos. No obstante para poder tornar el texto atractivo al Grupo Miami recurrieron a un lenguaje débil y poco definido[67].

 

El primero de los párrafos del preámbulo del Protocolo de Bioseguridad establece que los Acuerdos sobre el comercio y el medio ambiente deben apoyarse mutuamente, a fin de contribuir al objetivo general de alcanzar un desarrollo sostenible. La implementación de este párrafo requiere la aplicación acumulativa de los derechos y obligaciones que emanan del Protocolo de Bioseguridad y de otros acuerdos internacionales relevantes.

 

El segundo y tercer párrafos del Protocolo contienen la formulación de un compromiso con elementos atractivos para la Unión Europea y para el Grupo Miami. En el segundo párrafo expresa:“...el presente Protocolo no podrá interpretarse en el sentido de que modifica los derechos y obligaciones de una Parte con arreglo a otros acuerdos internacionales ya en vigor”. Los negociadores de la Unión Europea aceptaron el segundo párrafo porque en el preámbulo se incluiría el tercer párrafo, y éste ultimo reforzaría los objetivos establecidos al inicio de las negociaciones de no subordinación del protocolo a los Acuerdos de la OMC. La inclusión de la no subordinación en el lenguaje del Protocolo reafirmó la aplicación de la regla del artículo 30 (3) de la Convención de Viena. El tercer párrafo tendrá el resultado de debilitar el efecto del segundo párrafo del protocolo, que de no haber existido el tercer párrafo de referencia podría haber permitido a las partes invocar el segundo párrafo como una “savings clause”[68].

 

Pensamos que por el momento seguirán aplicándose al comercio internacional de transgénicos las normas emanadas de los Acuerdos del GATT y la OMC, ya que el Protocolo de Bioseguridad no ha alcanzado status legal todavía al no haberse reunido el número de ratificaciones necesarias. Nuestro país como los demás integrantes del Grupo Miami han desplegado todas sus energías en que no entrara el Protocolo en vigencia, aún cuando se encuentran como países firmantes. Por lo que por el momento la discusión respecto a la interpretación del preámbulo de dicho Protocolo parece lejos de plantearse ante la OMC y en el comercio internacional.

 

VII- El Producto Bruto Interno desvalorizado durante el 2002 y la exportación de transgénicos.

 

La Argentina durante el 2002 atravesó la más profunda y prolongada crisis que haya vivido en su historia. Esta crisis, que en cierta manera continúa teniendo repercusión en el 2003, no sólo se ha referido al comportamiento económico, sino que afectó considerablemente su inserción internacional, la situación sociopolítica y en última instancia su estructura jurídica institucional[69].

 

Con más de cuatro años de recesión, en el plano económico, la etapa iniciada a mediados del 2001 afectó gravemente el sector real de la economía y puso al sistema financiero en situación próxima al colapso. A su vez la recesión se convirtió en depresión con una caída generalizada de la producción y de los Ingresos[70].

 

Como consecuencia del desequilibrio fiscal, la deuda pública ascendió a 140.000 millones de dólares, y su acumulación determinó finalmente la imposibilidad de enfrentar los servicios de la misma, desencadenando la cesación de pagos a partir de fines del 2001[71].

 

Por otra parte la incertidumbre sobre el futuro de la “convertibilidad o currency board ” llevó a una progresiva corrida hacia el dólar, abriéndose así el escenario de crisis cambiaria y ruptura de la paridad fija de peso con dólar que se había mantenido durante una década. Esto reflejó en la erosión durante el 2001 del 42% de las reservas internacionales[72].

 

Otra consecuencia negativa de la crisis fue que el desempleo alcanzó el 22% de la población económicamente activa.

 

Como resultado de este proceso, el producto bruto interno argentino se contrajo desde mediados del 2001 hasta abril del 2002 a tasas anualizadas de del 18,2%[73].

 

Argentina no cuenta todavía con mecanismos de acceso al mercado internacional de capitales, mientras avanza en un prolongado proceso de negociación para obtener el apoyo de los organismos internacionales de crédito[74].

 

En el contexto descripto, la profunda contracción del producto bruto interno argentino a partir de la devaluación del peso, conlleva enormes dificultades para enfrentar las erogaciones del presupuesto público.

 

El crecimiento del Producto Bruto Interno argentino, durante los años 1960-1990 fue de 0,2 por ciento anual. Insignificante. En esos años el país sufrió un período de parálisis productiva que tuvo su origen, entre otros factores, en un problema que hoy volvemos a enfrentar: un contexto de desconfianza[75].

 

Tras la debacle económica- traducida en devaluación y pesificación de deudas- que estalló el 20 de diciembre del 2001, el agro argentino se encuentra frente a una campaña que dará márgenes de rentabilidad excepcionalmente altos[76]. Según informes de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación la campaña 2002/03, en la cosecha de granos, hablan de rindes que superarán las 70,5 millones de toneladas[77].

 

Asimismo, el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, según sus siglas en inglés), vaticinó en su proyección de febrero que la producción de trigo argentino será de 12, 5 millones de toneladas, la de maíz:14,5 millones de toneladas y el liderazgo absoluto de la soja con 33,5 millones de toneladas[78].

 

Por otro lado a fines del 2002, muchas empresas volvieron a producir en el país luego de la devaluación. Se trata de compañías que habían preferido trasladarse a Brasil por las ventajas competitivas que ese país les ofrecía y que hoy retornan a suelo argentino para continuar con sus procesos productivos. Muchas de esas firmas están relacionadas con las maquinarias agropecuaria entre otras actividades[79].

 

En relación al campo, la devaluación y la pesificación de las deudas bancarias han aliviado transitoriamente la situación de los sectores medios endeudados de la región pampeana y de algunas otras regiones que producen bienes exportables. Esto ha traído cierta tonificación de la actividad industrial relacionada con la producción agrícola y ganadera[80].

 

Para el ingeniero Fernando Botta, la Argentina debe aprovechar la gran oportunidad que tiene hoy por delante, que implica reservarle a nuestro país un papel en el concierto de las naciones, como “un productor de alimentos”, una de las demandas más urgentes de la población mundial[81].

 

Sin embargo, pese a la devaluación, las exportaciones tampoco se han podido constituir hasta ahora en el agente dinamizador de la producción interna. En el 2002 se registró un comportamiento desparejo entre los diversos sectores exportadores, con alzas en ciertos productos primarios y manufacturas de ese origen (tales con combustibles y aceites vegetales por ejemplo), mientras otros sectores exportadores, sobre todo vinculados a manufacturas de origen industrial, durante el 2002, no lograban salir de la debacle[82].

 

Según Ferrer, Profesor Titular de Teoría Económica de la Universidad Nacional de Rosario, la incapacidad de las exportaciones para actuar como factor reactivador se proyecta también hacia el futuro, dada la baja significación relativa de las exportaciones en el producto bruto argentino, el mantenimiento de condiciones recesivas en una economía mundial dominada por la superproducción y su escaso potencial, bajo las relaciones existentes, de generar empleos[83].

 

No obstante que la situación crítica del país en bastante desalentadora, el complejo sojero se presenta como una de las principales fuentes de divisas genuinas que podría contribuir a recuperar notablemente el PBI considerablemente desvalorizado en el 2002. Razón por la cuál es importante proporcionarle herramientas adecuadas para su desarrollo.

 

VIII- Prefinanciación de exportaciones

 

Algunos economistas, ven la importancia decisiva que tiene el aumento de la productividad para superar la crisis que hemos reseñado en el punto anterior. Señalan que el aumento de la productividad en términos de mediano y largo plazo constituye el único sustento real para la elevación de los niveles de competitividad internacional de un sistema económico[84].

 

El indispensable incremento de la productividad de la economía argentina está directamente relacionado con dos factores principales: la posibilidad de conseguir financiamiento, es decir el costo del capital, y la capacidad para la incorporación de nuevas tecnologías en todos y cada uno de los eslabones de la cadena productiva, tanto sea en la industria como en el agro como en los servicios[85].

 

Para visualizar una Argentina productiva es necesario un aumento permanente en el nivel de todas la exportaciones, que sólo puede basarse en el incremento incesante de la productividad.

 

Sin embargo, el panorama actual que se presenta en el agro argentino tiene las siguientes características[86]:

 

·  Deterioro de la empresa agropecuaria: los menores precios respecto de los mercados internacionales motivados por la devaluación (si bien este sector cobra en dólares y el precio interno se mueve según los movimientos del dólar, el mismo no aumenta en igual proporción al incremento de cotización de dicha moneda extranjera) y el traslado de las retenciones a la exportación a los precios internos junto con la dolarización de los insumos agrícolas (que si absorben completamente todos los movimientos del dólar), ocasionan que la rentabilidad de la empresa agropecuaria vaya deteriorándose hasta convertirse en negativa.

 

·  Falta de inversión: la inexistencia de créditos para la actividad y la falta de financiación de los insumos hace que la escasa rentabilidad de la explotación derivada de la campaña anterior sea destinada al pago de gastos y no al recambio tecnológico por lo que en menor tiempo nos encontraremos con años de desactualización tecnológica.

 

·  Eventual pérdida de mercados: cuando nuestro país deje de aplicar tecnología en forma masiva debido al incremento de los costos, la calidad de nuestros productos dejará de ser óptima, por lo que la pérdida de mercados será inminente.

 

Frente a esta crisis la prefinanciación de las exportaciones de transgénicos resulta imprescindible para mantener su nivel o aumentarlo. Sabemos que no existe crédito interno y la dificultad de obtenerlo a nivel externo por la crisis de confianza. Pero también somos optimistas respecto a que esta situación deberá revertirse en el futuro.

 

Si el complejo sojero de transgénicos se presenta como uno de los principales a nivel de exportaciones comparables con el petróleo y otros de igual importancia, sería conveniente pedir financiamiento a La Corporación Financiera Internacional, que ha realizado prestamos blandos al sector privado en el pasado[87]. En cambio el Banco Mundial generalmente ha otorgado préstamos al sector público y en condiciones variables, según fuera el origen de los fondos captados, que luego presta[88].

 

Otra alternativa que se le presentaría al sector exportador de transgénicos sería recurrir a las financiaciones multibancarias, en cualquiera de sus tres modalidades que a continuación indicaremos.

 

·  Club “Deal”: los bancos simultáneamente, pero en forma independiente, establecen facilidades de crédito que ponen a disposición del tomador, ya sea por medio de un contrato de préstamo conjunto, o medio de contratos de préstamo separados entre cada banco y el prestatario. El banco conductor o líder estructura las facilidades crediticias y, como agente, representa a un grupo, llamado “sindicato” de bancos, que son parte del contrato de préstamo. Generalmente el tomador elige si habrá un contrato de préstamo para todos los bancos o un contrato de préstamo con cada uno de los bancos [89].

 

·  Financiaciones bancarias sindicadas: Generalmente se instrumenta para préstamos internacionales que son de tal magnitud, que ninguna institución financiera individual tendría la capacidad o el deseo de prestar la suma completa por sí misma. El deseo de distribuir el riesgo ha dado origen a este tipo de contrato de préstamo sindicado, según el cual un grupo de bancos, cada uno se compromete a contribuir con una proporción del préstamo según los términos de un contrato único de préstamo entre el sindicato prestamista y el tomador. Lo usual es que el banco líder negocie un préstamo con el tomador por una parte y con los bancos sindicados, a quienes invita a participar por medio de un memorándum informativo[90].

 

·  Participación en préstamos: Una tercera modalidad lo constituye la participación en préstamos, donde una vez que el préstamo se celebra, el banco agente, en caso de sindicatos, o los bancos participantes, venden casi simultáneamente parte del préstamo a un tercer banco, que ingresa a la operación por las conveniencias de la misma y la reputación de los bancos acreedores[91].

De este modo, los bancos que celebran la operación de préstamo original diversifican su riesgo y lo reducen en la proporción de participación vendida, creando mercados mayoristas y secundarios, donde los bancos internacionales transan y permutan participaciones globales: vendiendo riesgo latinoamericano o comprando riesgo africano, o permutando ambos[92].

 

IX- El impuesto a las ganancias sobre reintegros de exportación de transgénicos y el derecho de exportación. ¿Qué debería hacerse al respecto?

 

El derecho de exportación o arancel grava la exportación para consumo, entendiéndose que la misma es para consumo cuando se extrae del territorio aduanero por tiempo indeterminado. Pueden ser ad valorem o específico y definidos o transitorios[93]. El derecho de exportación se encuentra establecido en el art.724 del Código Aduanero.

 

El derecho de exportación ad valorem es aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible (valor FOB, FOR o FOT, según el medio de transporte que se empleare) de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB[94].

 

El derecho de exportación específico es aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de una suma fija de dinero por cada unidad de medida (art.752 Cod. Aduanero)[95].

 

La actual aplicación de derechos de exportación (o retenciones) al agro es ad valorem y llega al 20% en todos los casos excepto en la comercialización de la soja que alcanza al 23.5% (situación que se genera como consecuencia que con anterioridad a la aplicación de estos derechos de retención se gravaba al poroto de soja en un 3.5% de derechos de exportación para fomentar de esa manera la exportación de harina y aceite)[96].

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la situación actual, es que frente a la devaluación, los mercados de nuestro país tuvieron que adoptar como nueva modalidad la cotización de todos los cereales y oleaginosas en pesos (excepto el mercado de futuros que continuó su cotización en dólares)[97]. Esto provocó un incremento ficticio del valor de los cereales por la simple modificación de la moneda de cotización.

 

Simultáneamente, el gobierno anunció la aplicación de retenciones al sector agro exportador aduciendo que la devaluación de la moneda había producido “sustanciales ganancias” para el mismo. Las retenciones en un principio fueron de del 10%, cifra que en poco menos de un mes se incrementaría al 20%[98].

 

A esto debe sumársele, que después del 20/12/01, el mercado comienza a realizar sus operaciones en pesos y los exportadores a liquidar al tipo de cambio oficial[99].

 

Por otro lado tenemos el reintegro por exportaciones, que funciona como una especie de subsidio o incentivo al exportador, cuyo cobro queda gravado por el impuesto a las ganancias, por ser considerado una cuenta de resultado y no un activo.

 

Estos conceptos preliminares son necesarios para definir nuestra posición frente al interrogante planteado en este apartado del trabajo.

 

Consideramos como medida más efectiva a implementar para impulsar las exportaciones de transgénicos: la eliminación del llamado comúnmente derecho de exportación que no existe en ningún país del mundo que tenga como meta el auge de su sector exportador. Esta alternativa nos parece más justa y adecuada que una exención del impuesto a las ganancias para los exportadores de transgénicos sobre el reintegro por dichas exportaciones, dentro del cuál queda comprendido el importante complejo sojero.

 

Una exención del impuesto a las ganancias para exportadores de soja sobre reintegro por exportaciones podría violar el principio de igualdad o de justicia que rige en materia tributaria.

 

Es increíblemente ilustrativo el análisis basado en hechos concretos de la realidad que realiza Perotti, una investigadora de la Bolsa de Comercio de Rosario.

 

Perotti dice: “Si tenemos en cuenta que un chasis puede ser llenado aproximadamente con 9 o 10 toneladas de soja y un camión completo de carga entre 30 y 32 toneladas y a esta última cifra la multiplicamos por 23.5% de retenciones obtenemos que por cada 32 toneladas brutas de cosechas (es decir sin tener en cuenta todos los demás gastos de acondicionamiento), el Estado se lleva 7.5 toneladas (solo por retenciones, a lo que se debe sumar todas las demás erogaciones que debe realizar un productor agropecuario al Estado como Impuesto a las Ganancias, IVA, ISIB, ect.)”[100].

 

De allí es que concluyamos que un Estado que pretenda impulsar su sector exportador, y en el caso específico de nuestro trabajo las exportaciones de transgénicos, de replantearse el continuar gravando la actividad con el derecho de exportación.

 

 

 


NOTAS:

[1] Beker, Victor A., y otro, Economía, elementos de micro y macroeconomía, Ed. Mc Graw-Hill, Madrid, 1994, pag.137.

[2] Entrevista del diario la Nación de fecha 22/09/01, Sección Campo, a Daniel Vidal: experto del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), de la Comunidad Valenciana.

[3] Pere Puigdomenech, y Altieri, Miguel, Riesgos ambientales de los cultivos transgénicos. Una evaluación agroecológica, investigación del CSIC y la Universidad de Berkeley, publicado en www.econoticias.com consulta efectuada en fecha 10/03/01.

[4] Ibidem. Corporaciones Transnacionales (CTNs) como Monsanto, DuPont, Novartis, etc. Quienes son los principales proponentes de la biotecnología, ven los cultivos transgénicos como una forma de reducir la dependencia de insumos , tales como pesticidas y fertilizantes. De alguna forma se está equipando cada cultivo con nuevos genes insecticidas que prometen al mundo insecticidas más seguros, reduciendo la agricultura químicamente intensiva y a la vez haciéndola más sustentable.

[5] Casal, Ignacio y otros, La Biotecnología aplicada a la Agricultura, Ed.EUMEDIA, Madrid, 2000, pag.19.

[6] Leguizamón, Eduardo, “Biotecnología e Interes Nacional”, Revista Archivos del Presente, Año 5, Número 19, Ed. Fundación Foro del Sur, Bs. As. , 2000, pag 202. El autor de este artículo señala como los eventos más exitosos el de los cultivos de soja, maíz, algodón, todos ellos resistentes al herbicida glifosato, de baja toxicidad y carente de residualidad, que permite suprimir herbicidas de alta toxicidad como el 24 DB o con altísima residualidad como las sulfonilúreas.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] Ablin, Eduardo, y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, Separata del Boletin informativo Techint 307, Bs. As., Julio-Septiembre, 2001, pag. 5. Los cultivos transgénicos han permitido una evolución de la frontera agropecuria de la soja hacia zonas antes vedadas por razones climáticas y edafológicas, así como por la presencia de malezas particularmente nocivas, que tornaban inviable este cultivo dado los costos requeridos para la protección del mismo en condiciones rentables.

[10] Ibidem. Los autores de la investigación de referencia sostienen: ”El desarrollo de cultivos agrícolas a partir de los organismos genéticamente modificados (OGMs) ha encontrado en nuestro país un campo de singular expansión, verificándose tasas de crecimiento de las áreas dedicadas a los mismos inigualables a nivel internacional ”.

[11] Ibidem .

[12] Estefanell, Gonzalo, “Transgénicos y política comercial”, Revista Archivos del Presente, Año 5, Número 19, Ed. Fundación Foro del Sur, Bs. As. , 2000, pag 196.

[13] Ibidem.

[14] Leguizamon, Eduardo, ob. cit. pag. 202. El autor citado exalta la ventajas que la biotecnología ha aportado a la competitividad Argentina, y expresa :“No es cierto que la Argentina carezca de una política al respecto. Un país en el que 90% del área sembrada de su principal cultivo es transgénicos tiene definición y política ”.

[15] Giodanino, Stella y otros, “Cultivos transgénicos: un debate sobre el futuro del comercio agroexportador argentino”, Investigación publicada por Instituto de Comercio Exterior y el Banco Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., 2002, pag.8.

[16] Valls, Mario, “Una victoria para los intereses europeos y una traba más para biotecnología OGM que impone el Parlamento Europeo”publicado el 13/11/02 en www.elDial.com

[17] Perez Miranda, Rafael, “La Regulación del tráfico internacional de organismos genéticamente modificados ”, en Bergel, Salvador y otros, Biotecnología y Sociedad, Ed. Ciudad Argentina, Bs.As.-Madrid, 2001, pag.219. El autor de referencia analiza en detalle en caso de la carne de ganado con hormonas dirimido ante la OMC, y que llevó al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Comunidad Europea.

[18] Ablin, Eduardo R., y otro, Productos transgénicos y exportaciones agrícolas: Reflexiones en torno de un dilema argentino, publicado por Cancillería Argentina, Dirección Nacional de Negociaciones Económicas y Cooperación Internacional, Bs. As., 2000, pag.3

[20] Giodanino, Stella y otros, ob.cit. pag.36.En el año 1999, las semillas OGM de Monsanto se plantaron en 34,8 millones de hectáreas (el 87% del total dedicado a OGMs). Para el mismo año, Monsanto obtenía el 80% de todas las ganancias del mercado de agrobiotecnología, seguido por Aventis (7%), Syngenta (5%), BASF(5%) y Du Pont (3%). Los autores de la citada investigación señalan que los analistas de mercado creen que actualmente el mercado de cultivos OGMs está valuado en U$S 2.500 millones. Existe una prespectiva de crecimiento del 6% anual, cotizándose por encima de los U$S3.000 millones en 2003. De ganar terreno la tendencia anti OGMs, su valor podría caer por debajo de los U$S2.000 millones en tres años. En cambio si se abren nuevos mercados claves como Brasil, China y la India, el mercado podría crecer a un promedio de 10% anual, llegando a valer más de U$S 3.500 millones en el 2003.

[22] Vicuña, Rafael, “Ventajas de los cultivos transgénicos”, Editorial del Diario El Mercurio, Santiago, Chile, 25/09/02. En este sentido de destacar las ventajas de los alimentos transgénicos pueden consultarse las ponencias y conclusiones de científicos argentinos en el V Simposio Nacional de Biotecnología Vegetal, 20 al 22 de Octubre del 2002 realizado en Buenos Aires, www.biotecnologiavegetal.com .

[23] www.fao.org El documento completo “Safety Aspects of Genetically Modified Foods of Plant Origin ” puede ser consultado en el mencionado sitio de la FAO. También recomendamos visitar el sitio de la American Medical Association www.ama-assn.org/ama/pub/article/2036-3604.html y consultar el “Report on Genetically Modified Crops and Foods”, diciembre del 2000.

[24] Valls, Mario, “Una victoria para los intereses europeos y una traba más para biotecnología OGM que impone el Parlamento Europeo” publicado el 13/11/02 en www.elDial.com

[25] Leguizamon, Eduardo, ob. cit. pag. 204. El autor señala que en lo que hace a la soja, Europa compra la importante cantidad de 4 millones de toneladas de harina de soja y 16 millones de toneladas de porotos de soja , debido a que no pueden cubrir sus necesidades con soja convencional.

[26] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit, pag.6.

[27] Ibidem.

[28] Ibidem.

[29] Giordanino, Stella y otros, ob. cit. pag. 9.

[30] Ibidem.

[31] Ibidem.

[32] Giordanino, Stella y otros, ob. cit. pag. 9.La instrumentación de un proceso de identidad preservada conlleva un aumento en los costos de producción y comercialización, producto de las tareas adicionales que deben realizarse en toda la cadena productiva. Sin embargo, el poder certificar de manera adecuada el carácter no transgénicos de un cultivo es la condición que debería satisfacer quisiera beneficiarse de una prima de precio por un cultivo convencional. Para una visión detallada de los costos adicionales ver Ablin, Eduardo y otro, “Productos transgénicos y exportaciones agrícolas: reflexiones en torno a un dilema argentino”, publicado por la Cancilleria Argentina, Dirección Nacional de Negociaciones Económicas y Cooperación Internacional, Bs. As. , 2000, pag. 6.

[33] Ibidem.

[34] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit, pag.10

[35] Ibidem.

[36] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit, pag.10.

[37] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit, pag.14. El artículo XX:b del GATT prevé que “ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales”

[38]Ibidem.

[39] Ruiz Piracés, Roberto, “El Protocolo de Bioseguridad en el comercio de transgénicos”, informe interno de la Cancillería de Chile, Santiago, 2002, pag.2

[40] Ibidem.

[41] Ibidem.

[42] Valls, Mario, “La seguridad Biológica Internacional ante la modificación genética”, Sección Doctrina, Rev. J.A., T°II, año 2000, pag.1083

[43] Es decir con los estándares establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius FAO/OMS, así como por las organizaciones internacionales y regionales que operan en el marco de la Convención Internacional Fitosanitaria.

[44] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit, pag 14. Nos interesa rescatar una reflexión de los autores del citado trabajo con relación a los productos genéticamente modificados. Ellos sostienen que los cultivos transgénicos y convencionales son obtenidos a partir de dos métodos diferentes, no obstante su equivalencia sustancial, por lo que cualquier controversia debería al final del camino poder discernir si el proceso de manipulación genética conlleva características nocivas para los productos en cuestión.

[45] El preámbulo del Protocolo de Bioseguridad expresa en sus considerandos: ”este Protocolo no será interpretado en el sentido de implicar una modificación en los derechos y obligaciones de una Parte bajo cualquier acuerdo internacional existente” al mismo tiempo que señala que “el texto precedente no intenta subordinar este Protocolo a otros acuerdos internacionales”.

[46] La OMC incorpora un detallado procedimiento de solución de controversias (Entendimiento relativo a las normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias-ESD), incluyendo un mecanismo de apelación cuyas recomendaciones conllevan su adopción automática por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), salvo decisión contraria del mismo, adoptada por consenso. Esto hace presumir un potencial conflicto entre ámbito natural para la solución de controversias comerciales y el recurso a las previsiones del Protocolo de Bioseguridad como argumentación restrictiva del acceso a los mercados de cultivos transgénicos, o productos que lo contengan.

[47] Safrin, Sabrina, “The relationship with other agreements: much ado about a savings clause ”, The Cartagena Protocol of Biosafety , The Royal Institute of International Affairs, Ed. Earthscan Publications Ltd, London, 2002, pag. 439. Traducción propia.

[48] Ruiz Piracés, Roberto, ob. cit, pag. 3.

[49] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit., pag.10. Los autores del trabajo de referencia, resaltan que debe tenerse presente que la reversión de los productores hacia una mayor proporción de cultivo convencional sólo sería redituable en la medida en que la prima de precio que se percibiera por este tipo de producto compensara la pérdida de margen positivo de rentabilidad que les otorga el producto transgénico. En el caso de la soja, dicho margen tiene un componente cuantificable, estimado en nuestro medio en U$S43 promedio por ha, a lo que debe adicionarse un margen no mensurable, derivado de la expansión del cutivo a tierras que de lo contrario no resultarían aptas para la soja.

[50] Ablin, Eduardo R., y otro, Productos transgénicos y exportaciones agrícolas: Reflexiones en torno de un dilema argentino, publicado por Cancillería Argentina, Dirección Nacional de Negociaciones Económicas y Cooperación Internacional, Bs. As., 2000, pag 7. Los autores de la investigación citada expresan:”Sin embargo la reciente prohibición italiana de ingreso a su territorio de algunas variedades de maíz GM previamente aprobados por la UE- entre las cuales se encuentran dos eventos (maíz T25 y maíz Mon 810) aprobados por nuestro país en consonancia con la política de la UE pone en tela de juicio la sustentabilidad a largo plazo del criterio elegido ”.

[51] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit., pag.20 . Los autores de este trabajo destacan que no es previsible en estas regiones una reacción de los consumidores tendientes a discriminar contra los OGM, o los aceites producidos a partir de soja GM, en la medida que ello conllevaría a un diferencial de precio que afecte sus propios ingresos. Asimismo consideran que tampoco cabría esperar una reacción normativa de las autoridades tendientes a bloquear el ingreso de tales productos.

[52] Ablin, Eduardo R., y otro, El debate Internacional sobre productos transgénicos, opciones para las exportaciones agrícolas argentinas, ob. cit., pag.20.

[53] Burachik, Moisés, “Gestión de riesgos asociados con ensayos de plantas transgénicas. Caso de Argentina ”, en Bergel, Salvador y otros, Biotecnología y Sociedad, Bs. As., Ed. Ciudad Argentina, 2001, pag.343.

[54] Pérez Salom, José Roberto, Recursos Genéticos, Biotecnología y Derecho internacional, Ed. Aranzandi, Navarra, 2002, pag.293 a297.

[55] Ruiz Piracés, Roberto, “El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biológica y el Comercio Internacional”, en Revista Diplomacia, N°90, enero-marzo2002, Santiago de Chile, pag.52.

[56] Marzorati, Osvaldo, Derecho de los negocios internacionales, Ed. Astrea, Bs. As., 1993, pag. 9.

[57] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag.47.

[58] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag. 161.

[59] Afonso, Margarida, “The relationship with other international agreements”, The Cartagena Protocol of Biosafety , The Royal Institute of International Affairs, Ed. Earthscan Publications Ltd, London, 2002, pag. 424. Traducción propia.

[60] Ibidem. La autora del artículo de referencia señala que incluso el Grupo de la Unión Europea repetidamente insistió con la inclusión de una cláusula de no discriminaciónen el texto del protocolo. Esta sugerencia de la Unión Europea tenía por finalidad alejar temores acerca de que algunas de las partes pudieran discriminar las importaciones de OVM en orden a la protección de sus industrias nacionales de la competencia.

[61] Afonso, Margarida, “The relationship with other international agreements”, The Cartagena Protocol of Biosafety , ob. cit. pag.425.

[62] Artículo 30 (3) de la Convención de Viena sobre la Ley de los Tratados. Ver Safrin, Sabrina, “The relationship with other agreements: much ado about a savings clause ”, The Cartagena Protocol of Biosafety , The Royal Institute of International Affairs, Ed. Earthscan Publications Ltd, London, 2002, pag 439.

[63] Afonso, Margarida, “The relationship with other international agreements”, The Cartagena Protocol of Biosafety , ob. cit. pag.426. Ver también Safrin, Sabrina, “The relationship with other agreements: much ado about a savings clause ”, The Cartagena Protocol of Biosafety , The Royal Institute of International Affairs, Ed. Earthscan Publications Ltd, London, 2002, pag.439/442.

[64] Afonso, Margarida, “The relationship with other international agreements”, The Cartagena Protocol of Biosafety , ob. cit. pag.426.

[65] Afonso, Margarida, ob. cit. pag.427.

[66] Afonso, Margarida, “The relationship with other international agreements”, The Cartagena Protocol of Biosafety , ob. cit. pag.427 y 428.

[67] Afonso, Margarida, ob. cit., pag. 434.

[68] Afonso, Margarida, ob. cit. pag. 435.

[69] www.un.it/argentina/español/discursos/miscelaneos/quinta2002.htm consulta efectuada el 18/02/03.

[70] Ibidem.

[71] Ibidem.

[72] www.un.it/argentina/español/discursos/miscelaneos/quinta2002.htm

[73] Ibidem

[74] Ibidem.

[75] “Recobrar la confianza para volver a crecer” www.e-campo.com/media/news/weekly-arg-report/spanish consulta efectuada en fecha 18/02/03.

[76] Ibidem.

[77] “La inestabilidad climática ¿amenaza la cosecha record?” www.e-campo.com/media/news/weekly-arg-report/spanish consulta efectuada en fecha 18/02/03.

[78] Ibidem.

[79] “Recuperar la esperanza” www.e-campo.com/media/news/weekly-arg-report/spanish consulta efectuada en fecha 18/02/03.

[80] Ferrer, Edgardo, “Perspectivas de la economía argentina”, www.rebelion.org/argentina/ferrer271202.htm , consulta efectuada en fecha 18/02/03.

[81] “Recobrar la confianza para volver a crecer” www.e-campo.com/media/news/weekly-arg-report/spanish consulta efectuada en fecha 18/02/03.

[82] Ferrer, Edgardo, “Perspectivas de la economía argentina”, www.rebelion.org/argentina/ferrer271202.htm , consulta efectuada en fecha 18/02/03

[83] Ibidem.

[84] Castro, Jorge, “Argentina 2002 en el contexto mundial (Cuarta Parte)” www.agendaestrategica.com.ar consulta efectuada el 18/02/03.

[85] Ibidem. Señala Jorge Castro que la apreciable ventaja que, en términos de poderío económico, viene ganando Estados Unidos es el resultado del aumento de sus índices de productividad que son considerablemente superiores a los de sus competidores . Y la razón de ser de esta diferencia reside en la fortaleza y la fluidez del sistema financiero norteamericano y en el hecho de que, a lo largo de toda la década del ´90, y muy especialmente a partir de 1977, Estados Unidos fue el país en el mundo que proporcionalmente más invirtió en las nuevas tecnologías en relación a su producto bruto interno. La Unión Europea y Japón estarían considerablemente atrás en esa carrera.

[86]Perotti, Estrella, “Devaluación y retención: un cóctel explosivo”, www. bor.com.ar/pagcentrales/publicaciones/imágenes/polf consulta efectuada en fecha 18/02/03.

[87] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag 252.

[88] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag.252

[89] Ibidem

[90] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag. 253 a 254.

[91] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag. 255.

[92] Marzorati, Osvaldo, ob. cit.,pag. 255.

[93] Marzorati, Osvaldo, ob. cit., pag.188.

[94] Ibidem.

[95]Perotti, Estrella, “Devaluación y retención: un cóctel explosivo”, www. bor.com.ar/pagcentrales/publicaciones/imágenes/polf consulta efectuada en fecha 18/02/03

[96]Perotti, Estrella, “Devaluación y retención: un cóctel explosivo”, www. bor.com.ar/pagcentrales/publicaciones/imágenes/polf consulta efectuada en fecha 18/02/03

[97] Ibidem.

[98] Ibidem.

[99] Ibidem.

[100]Perotti, Estrella, “Devaluación y retención: un cóctel explosivo”, www. bor.com.ar/pagcentrales/publicaciones/imágenes/polf consulta efectuada en fecha 18/02/03

 

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Última modificación: 09 de Marzo de 2007

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