Ley 27.411
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
REGIMEN
DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
TITULO I DEL
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE SUS CONOCIMIENTOS
COLECTIVOS
TITULO
II DE LAS DEFINICIONES
TITULO
III DEL AMBITO DE PROTECCION
TITULO
IV DE LOS OBJETIVOS
TITULO
V DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
TITULO
VI DEL REGISTRO DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE PUEBLOS INDIGENAS
TITULO
VII DE LAS LICENCIAS
TITULO
VIII DE LA CANCELACION DE REGISTRO
TITULO
IX DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
TITULO
X DE LA PROTECCION QUE CONFIERE ESTE REGIMEN
TITULO
XI DE LAS ACCIONES POR INFRACCION
TITULO
XII DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y DEL COMITE DE ASESORAMIENTO
MULTIDISCIPLINARIO
TITULO
XIII RECURSOS IMPUGNATIVOS
TITULO
XIV PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
DISPOSICIONES
FINALES
Artículo 1.-
Reconocimiento de derechos. El Estado Peruano reconoce el derecho y la
facultad para decidir de los pueblos indígenas, sobre sus conocimientos
colectivos.
Artículo 2.-
Definiciones. Para los efectos del presente dispositivo se entenderá por:
-
Comunidades campesinas:
Son organizaciones de
interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos
ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático,
el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la
realización plena de sus miembros y del país.
-
Comunidades nativas: Tienen origen en los grupos
tribales de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de
familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o
dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y
permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.
-
Conocimiento colectivo:
Conocimiento desarrollado
por los pueblos indígenas respecto a las propiedades, usos y características
de la diversidad biológica.
El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo.
-
Consentimiento informado previo:
Autorización
otorgada por uno o más comunidades o pueblos indígenas para la realización
de determinada actividad que implique acceder y utilizar el conocimiento
colectivo, previo suministro de suficiente información relativa a los propósitos,
riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos
del conocimiento y, de ser el caso, el valor del mismo.
-
Contrato de licencia de uso de conocimientos
colectivos: Acuerdo celebrado entre uno o varios pueblos indígenas y un
tercero que incorpora términos y condiciones sobre el uso de los
conocimientos colectivos.
Estos contratos pueden constituir
un anexo al contrato mencionado en el artículo 34 de la Decisión 391 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece un Régimen Común sobre acceso
a los recursos genéticos.
-
Pueblos indígenas:
Son aquéllos que descienden de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
Estos incluyen las comunidades
nativas y campesinas, los grupos étnicos no contactados y aquéllos que estando
integrados no han sido aun reconocidos legalmente como comunidades nativas o
campesinas.
A efectos del presente
dispositivo, toda referencia a "pueblos indígenas" se entenderá
referida a comunidades nativas, campesinas y demás pueblos indígenas.
-
Recursos biológicos:
Recursos genéticos,
organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo del
componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial
para la humanidad.
Artículo 3.-
Ambito de protección de la norma. El presente dispositivo establece el régimen
especial de protección a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Propiedad
Industrial, aprobada por Decreto Legislativo Nº 823, y se aplica al
conocimiento colectivo de los pueblos indígenas.
Artículo 4.-
Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Acceso a
los recursos genéticos. La conservación y el aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica y el acceso a los recursos genéticos se rigen por la
legislación vigente en la materia.
Artículo 5.-
Excepciones al Régimen. El presente régimen no afectará el intercambio
tradicional entre comunidades y pueblos indígenas de los conocimientos
colectivos protegidos bajo este régimen.
Artículo 6.-
Objetivos del Régimen. Son objetivos del presente Régimen:
-
Promover el respeto, la protección, la preservación, la
aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de
los pueblos indígenas;
-
Promover la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos;
-
Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de la
humanidad y de los pueblos indígenas.
Artículo 7.-
Condiciones para el acceso a los conocimientos colectivos.
Quienes pretendan
acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicación científica,
comercial e industrial deberán solicitar a una o más comunidades o pueblos indígenas
que posean el conocimiento colectivo en cuestión su consentimiento informado
previo.
La comunidad,
comunidades, pueblo o pueblos indígenas cuyo consentimiento informado previo
haya sido solicitado deberá(n) informar que están entrando en una negociación
al mayor número posible de comunidades o pueblos indígenas poseedores del
conocimiento y tomar en cuenta sus intereses e inquietudes, en particular aquéllas
vinculadas con sus valores espirituales o creencias religiosas. La información
que proporcionen se limitará al recurso biológico sobre el cual versa el
conocimiento colectivo objeto de la negociación en curso, en salvaguarda de los
intereses de la contraparte en mantener secretos los detalles de la negociación.
En caso de acceso
con fines de aplicación comercial o industrial, se deberá suscribir una
licencia donde se prevean condiciones para una adecuada retribución por dicho
acceso y se garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados
del mismo.
Quien acceda a un
determinado conocimiento colectivo a través de una comunidad o un pueblo indígena
destinará el 0,5% del valor de las ventas brutas antes de impuestos resultantes
de la comercialización de los productos desarrollados a partir de dicho
conocimiento colectivo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a
que se refieren los artículos 34 y siguientes. Las partes podrán acordar un
porcentaje mayor, en función del grado de utilización o incorporación directa
de dichos conocimientos en el producto final resultante, el grado de aporte de
dichos conocimientos a la reducción de los costos de investigación y
desarrollo de los productos derivados, entre otros.
Artículo 8.- Rol
de las generaciones presentes. Las generaciones presentes de los pueblos indígenas
preservan, desarrollan y administran sus conocimientos colectivos en beneficio
propio y de las generaciones futuras.
Artículo 9.-
Naturaleza colectiva de los conocimientos. Los conocimientos colectivos
protegidos bajo este régimen son aquéllos que pertenecen a una comunidad o a
un pueblo indígena y no a individuos determinados que formen parte de dicha
comunidad o pueblo. Pueden pertenecer a varias comunidades o pueblos indígenas.
Estos derechos son
independientes de aquéllos que puedan generarse al interior de las comunidades
o los pueblos indígenas y para cuyo efecto de distribución de beneficios podrán
apelar a sus sistemas tradicionales.
Artículo 10.-
Conocimientos colectivos y patrimonio cultural. Los conocimientos colectivos
forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
Artículo 11.-
Inalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos.
Por ser parte de su
patrimonio cultural, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus
conocimientos colectivos son inalienables e imprescriptibles.
Artículo 12.-
Conocimientos colectivos que están en el dominio público. En caso de
conocimientos colectivos que se encuentran en el dominio público, las
comunidades o los pueblos indígenas poseedores de dichos conocimientos antes de
que estuvieran en el dominio público podrán, de mutuo acuerdo con los
solicitantes, convenir una compensación por su utilización, en particular, en
aquellos casos en que el conocimiento en cuestión haya entrado en el dominio público
sin el consentimiento de las comunidades o pueblos indígenas poseedoras del
mismo.
En todo caso, se
destinará un porcentaje no menor al 0,5% del valor de las ventas brutas antes
de impuestos resultantes de la comercialización de los productos desarrollados
a partir de dicho conocimiento colectivo, al Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas a que se refieren los artículos 34 y siguientes.
A efectos del
presente régimen, se entenderá que un conocimiento colectivo se encuentra en
el dominio público cuando haya sido accesible a personas ajenas a los pueblos
indígenas, a través de medios de comunicación masiva, tales como
publicaciones, o cuando se refiera a propiedades, usos o características de un
recurso biológico que sean conocidas masivamente fuera del ámbito de los
pueblos indígenas.
Artículo 13.-
Representantes de los pueblos indígenas. Para efectos de este Régimen las
comunidades o los pueblos indígenas deberán ser representados por
quienes hayan designado, de acuerdo a los mecanismos legales previstos por la
Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley de Comunidades Nativas y de
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva o a través de sus
sistemas tradicionales de adopción de decisiones, pudiendo ser representadas
por federaciones, confederaciones, directivos comunales, etc.
Artículo 14.-
Carácter facultativo del registro. El Registro de Conocimientos Colectivos
de Pueblos Indígenas es meramente facultativo, de manera que su omisión no
perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y
garantizados por el presente régimen, con excepción de aquéllos
reservados para aquellas comunidades o pueblos indígenas que hayan registrado
sus conocimientos ante el Indecopi.
Artículo 15.-
Objeto del Registro de Conocimientos Colectivos. El Registro de
Conocimientos Colectivos de Pueblos Indígenas tiene por objeto:
-
preservar los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas;
y
-
proveer a la Autoridad Nacional Competente de información
que le permita coadyuvar a la defensa de los intereses de aquellas
comunidades o pueblos indígenas que hayan registrado sus conocimientos.
Artículo 16.-
Solicitudes de registro de conocimientos colectivos. Las solicitudes de
registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas que se presenten ante
la Autoridad Nacional Competente deberán contener:
-
Identificación de la comunidad o pueblo indígena que
solicita el registro de sus conocimientos;
-
Identificación del representante;
-
Indicación del recurso biológico sobre el cual versa el
conocimiento colectivo, pudiendo utilizarse el nombre indígena;
-
Indicación del uso o usos que se dan al recurso biológico
en cuestión;
-
Descripción clara y completa del conocimiento colectivo
objeto de registro; y
-
Acta en la que figura el acuerdo de registrar el
conocimiento por parte del pueblo indígena.
La solicitud deberá
ser acompañada de una muestra del recurso biológico sobre el cual versa el
conocimiento colectivo objeto de registro. En aquellos casos en que la muestra
sea de difícil transporte o manipulación, la comunidad o pueblo indígena que
solicita el registro podrá requerir a la Autoridad Nacional Competente que le
exima de la presentación de dicha muestra y le permita presentar, en su lugar,
fotografías en las que se puedan apreciar las características del recurso biológico
sobre el cual versa el conocimiento colectivo. Dicha muestra, o en su caso,
dichas fotografías, deberán permitir a la Autoridad Nacional Competente
identificar de manera fehaciente el recurso biológico en cuestión y hacer
constar en el expediente el nombre científico del mismo.
Artículo 17.- Trámite
de la solicitud. La Autoridad Nacional Competente verificará, en el plazo
de diez (10) días de presentada la solicitud, que la misma consigne todos los
datos especificados en el artículo anterior.
En caso que se haya
producido alguna omisión, notificará a la comunidad o pueblo indígena que
solicita el registro a efectos de que complete la solicitud, dentro del plazo de
seis (6) meses, prorrogables a su solicitud, bajo apercibimiento de declarar el
abandono de la solicitud.
Una vez que la
Autoridad Nacional Competente haya verificado que la solicitud consigne todos
los datos especificados en el artículo anterior, procederá a registrar el
conocimiento colectivo en cuestión.
Artículo 18.-
Envío de representantes de la Autoridad Nacional Competente.
Para facilitar
el registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas, la Autoridad
Nacional Competente podrá enviar representantes debidamente acreditados a los
pueblos indígenas con el fin de recabar la información necesaria para dar trámite
a las solicitudes de registro que deseen presentar.
Artículo 19.-
Acceso a la información contenida en el Registro. El Registro de
Conocimientos Colectivos de Pueblos Indígenas no podrá ser consultado por
terceros. Sólo tendrán acceso al registro de un conocimiento colectivo quienes
cuenten con el consentimiento escrito de la comunidad o pueblo indígena titular
de dicho registro.
No obstante lo
expresado en el párrafo anterior, se podrá solicitar información a la
Autoridad Nacional Competente acerca de las comunidades o pueblos indígenas a
contactar en función de las necesidades de información del interesado.
Artículo 20.-
Información contenida en el registro como parte del estado de la técnica.
Con
el fin de objetar solicitudes de patente en trámite, cuestionar patentes
concedidas o influir en general en el otorgamiento de patentes relacionadas con
productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento
colectivo, las comunidades o pueblos indígenas que hayan registrado sus
conocimientos colectivos podrán solicitar a la Autoridad Nacional Competente
que envíe la información contenida en los literales a), c) y d) del artículo
16, a una o más Oficinas de Patentes, a efectos de que sea tomada en cuenta
como parte del estado de la técnica. La información contenida en el literal e)
del artículo 16 podrá también ser enviada, a solicitud expresa de la
comunidad o pueblo indígena que haya registrado sus conocimientos.
Artículo 21.-
Registros locales de conocimientos colectivos. Los pueblos indígenas podrán
organizar registros locales de conocimientos colectivos, independientes del
Registro de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas a cargo del
Indecopi. Al no formar parte dichos registros del Registro de Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas a cargo del Indecopi, no otorgarán los
derechos con que cuentan las comunidades o pueblos indígenas que hayan
registrado sus conocimientos ante el Indecopi.
Artículo 22.-
Inscripción facultativa de contratos de licencia. A solicitud de cualquiera
de las partes, los contratos de licencia podrán inscribirse en un
registro que para estos efectos llevará la Autoridad Nacional Competente.
Artículo 23.-
Obligatoriedad de forma escrita de contratos de licencia.
La comunidad,
comunidades, pueblo o pueblos indígenas que poseen un conocimiento colectivo
podrán otorgar a terceras personas licencias de uso de dicho conocimiento
colectivo sólo mediante contrato escrito.
Para la celebración
de estos contratos, no es necesario el consentimiento de todas las comunidades o
pueblos indígenas que posean el mismo conocimiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 7 de la presente Ley.
Artículo 24.-
Contenido del contrato de licencia. A efectos del presente régimen, los
contratos deberán contener por lo menos las siguientes cláusulas:
-
Identificación de las partes;
-
Descripción del conocimiento colectivo objeto del
contrato;
-
El establecimiento de las regalías que recibirán los
pueblos indígenas por el uso de su conocimiento colectivo. Estas regalías
incluirán un pago inicial o alguna forma de compensación directa inmediata
a los pueblos indígenas y un porcentaje del valor de las ventas brutas
antes de impuestos resultantes de la comercialización de los productos
desarrollados directa e indirectamente a partir de dicho conocimiento
colectivo, de ser el caso.
-
El suministro de suficiente información relativa a los
propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, incluyendo los
eventuales usos del conocimiento colectivo y, de ser el caso, el valor del
mismo.
-
La obligación del licenciatario de informar periódicamente,
en términos generales, al licenciante acerca de los avances en la
investigación, industrialización y comercialización de los productos
desarrollados a partir de los conocimientos colectivos objeto de la
licencia.
En caso que en el
contrato se pacte un deber de reserva, el mismo deberá constar expresamente.
La Autoridad
Nacional Competente no registrará los contratos que no se ajusten a lo
establecido en este artículo.
Artículo 25.-
Solicitudes de registro de contrato de licencia / Confidencialidad del contrato.
Las solicitudes de registro de un contrato de licencia que se presenten ante
la Autoridad Nacional Competente deberán contener:
-
Identificación de los pueblos indígenas que son parte
en el contrato y de sus representantes;
-
Identificación de las demás partes en el contrato y de
sus representantes;
-
Copia del contrato; y
-
Acta en la que figura el acuerdo de celebrar el contrato
de licencia por parte del pueblo indígena.
El contrato no podrá
ser consultado por terceros, salvo con autorización expresa de las partes.
Artículo 26.- Trámite
de la solicitud. La Autoridad Nacional Competente verificará, en el plazo
de diez (10) días de presentada la solicitud, que la solicitud consigne todos
los datos especificados en el artículo anterior.
En caso que se haya
producido alguna omisión, notificará a quien solicita el registro a efectos de
que complete la solicitud, dentro del plazo de seis (6) meses, prorrogables a su
solicitud, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud.
Artículo 27.-
Verificación del contenido del contrato. A efectos de inscribir una
licencia, la Autoridad Nacional Competente, dentro del plazo de treinta (30) días
de presentada la solicitud, verificará si se cumplen las cláusulas mencionadas
en el artículo 24.
Artículo 28.-
Posibilidad de solicitar información adicional acerca del impacto ambiental.
La
Autoridad Nacional Competente, a solicitud de parte, o de oficio, en aquellos
casos en que considere que podría existir el riesgo de destruir el equilibrio
ambiental en los territorios que habitan las poblaciones indígenas como
consecuencia del contrato cuyo registro se solicita, podrá solicitar información
adicional. El registro del contrato podrá ser denegado de verificarse dicho
riesgo y en caso que las partes no se comprometan a tomar las medidas necesarias
para evitarlo, a satisfacción de la Autoridad Nacional Competente.
Artículo 29.-
Alcance de las licencias de uso. La licencia de uso de conocimiento
colectivo de un pueblo indígena no impedirá a otros utilizarlo ni otorgar
licencias sobre este mismo conocimiento. Esta licencia tampoco afectará el
derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir utilizando y
desarrollando conocimientos colectivos.
Artículo 30.-
Prohibición de conceder sublicencias. Sólo se podrán conceder
sublicencias con autorización expresa del pueblo indígena que otorga la
licencia.
Artículo 31.-
Causales de cancelación de registro. La Autoridad Nacional Competente podrá
cancelar, de oficio o a solicitud de parte, un registro de conocimiento
colectivo o de licencia de uso, previa audiencia de las partes interesadas,
siempre que:
-
Haya sido concedido en contravención de cualquiera de
las disposiciones del presente régimen;
-
Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos
contenidos en la solicitud y que sean esenciales.
Las acciones de
cancelación que se deriven del presente artículo podrán intentarse en
cualquier momento.
Artículo 32.-
Solicitud de cancelación de registro. La solicitud de cancelación de
registro deberá consignar o adjuntar, según el caso, lo siguiente:
-
Identificación de quien solicita la cancelación;
-
Identificación del representante o apoderado, de ser el
caso;
-
Registro materia de la cancelación;
-
Indicación del fundamento legal de la acción;
-
Pruebas que acrediten las causales de cancelación
invocadas;
-
Domicilio donde se notificará al titular del registro
cuya cancelación se solicita;
-
En su caso, copia de los poderes que fueren necesarios;
y,
-
Copias de la solicitud y sus recaudos para el titular del
registro.
Artículo 33.- Trámite
de la solicitud. De la solicitud se correrá traslado a quien aparece como
titular del registro por un término de treinta (30) días luego de los cuales
con o sin la contestación respectiva, el expediente se encontrará expedito
para resolver.
Artículo 34.-
Objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Créase el
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objeto de contribuir
al desarrollo integral de los pueblos indígenas a través del financiamiento de
proyectos y otras actividades. Este Fondo gozará de autonomía económica,
administrativa y financiera.
Artículo 35.-
Acceso a los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Los
pueblos indígenas tienen derecho a acceder a los recursos del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de proyectos, previa evaluación
y aprobación del Comité Administrador.
Artículo 36.-
Administración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será administrado por
representantes de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y de
un organismo nacional especializado en la materia, los mismos que conformarán
el Comité Administrador.
Este comité deberá
utilizar, en la medida de lo posible, los mecanismos tradicionalmente empleados
–por los pueblos indígenas- para compartir y distribuir beneficios generados
colectivamente.
El Comité
Administrador deberá informar a las organizaciones representativas de los
pueblos indígenas sobre los recursos recibidos.
La Autoridad
Nacional Competente determinará el monto o porcentaje máximo de los recursos
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que se podrá destinar a
sufragar los gastos que irrogue su administración.
Artículo 37.-
Obligación de presentar declaraciones juradas de los miembros del Comité
Administrador. Los miembros del Comité Administrador, al momento de asumir
sus cargos y anualmente, deberán presentar a la Autoridad Nacional Competente,
una declaración jurada de bienes y rentas.
Artículo 38.-
Apoyo del Comité de Asesoramiento Multidisciplinario.
El Comité
administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contará
con el apoyo del Comité de Asesoramiento Multidisciplinario a que se refiere el
artículo 64.
Este Comité también
asesorará a los pueblos indígenas que lo requieran en la elaboración y
ejecución de proyectos.
Artículo 39.-
Recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Los
recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se obtendrán
del Presupuesto Público, de la cooperación técnica internacional, de
donaciones, del porcentaje de los beneficios económicos a que se refieren los
artículos 7 y 12, de las multas a que se refiere el artículo 60, así como de
otros aportes.
Artículo 40.-
Derechos de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos.
El
pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo estará protegido contra la
revelación, adquisición o uso de tal conocimiento colectivo sin su
consentimiento y de manera desleal, en la medida en que este conocimiento
colectivo no se encuentre en el dominio público.
Asimismo, estará
protegido contra la divulgación sin autorización en caso que un tercero haya
tenido acceso legítimamente al conocimiento colectivo pero con deber de
reserva.
Artículo 41.-
Acciones por infracción de derechos de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas
que poseen conocimientos colectivos pueden interponer acción por infracción
contra quien infrinja los derechos que se precisan en el artículo anterior.
También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de
que estos derechos puedan ser infringidos.
Las acciones por
infracción podrán iniciarse de oficio por decisión de la Autoridad Nacional
Competente.
Artículo 42.-
Inversión de la carga de la prueba. En los casos en los que se alegue una
infracción a los derechos de un pueblo indígena poseedor de determinado
conocimiento colectivo, la carga de la prueba recaerá en el denunciado.
Artículo 43.-
Acciones reivindicatorias e indemnizatorias. Los pueblos indígenas que
poseen conocimientos colectivos podrán iniciar las acciones reivindicatorias e
indemnizatorias que les confiera la legislación vigente contra el tercero que,
de manera contraria a lo establecido en este régimen, hubiere utilizado,
directa o indirectamente, dichos conocimientos colectivos.
Artículo 44.-
Solución de discrepancias entre pueblos indígenas. Para solucionar las
discrepancias que pudieran generarse entre los pueblos indígenas en el marco de
aplicación de este régimen, tales como aquéllas relacionadas con el
cumplimiento por parte de la comunidad o pueblo indígena que ha negociado un
contrato de licencia de uso de sus conocimientos colectivos de lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 7 de la presente Ley, éstos podrán recurrir
a sus leyes consuetudinarias y a sus formas tradicionales de solución de
conflictos.
Artículo 45.-
Contenido de la denuncia. Las comunidades o pueblos indígenas que deseen
interponer una acción por infracción deberán presentar ante la Autoridad
Nacional Competente una solicitud que deberá contener:
-
La identificación de la comunidad o pueblo indígena que
interpone la acción y de sus representantes;
-
La identificación y domicilio de la persona que
estuviere ejecutando la infracción;
-
La indicación del número de registro que ampara el
derecho de la comunidad o pueblo indígena denunciante o, en su defecto, la
descripción del conocimiento colectivo e indicación del recurso biológico
sobre el cual versa el conocimiento colectivo materia de la acción;
-
La descripción de los hechos constitutivos de la
infracción, con indicación del lugar y de los medios utilizados o
presumiblemente utilizados, y cualquier otra información relevante;
-
La presentación u ofrecimiento de pruebas; y
-
La indicación expresa de la medida cautelar que se
solicita.
Artículo 46.- Trámite
de la denuncia. Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá
traslado de la misma al denunciado, a fin de que éste presente su descargo. El
plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde
la notificación, vencido el cual, la Autoridad Nacional Competente declarará
en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado.
En el caso de los
procedimientos de oficio, el plazo para la presentación de descargos correrá a
partir de la fecha en la que la Autoridad Nacional Competente notifica al
denunciado los hechos materia de investigación, así como la tipificación y
descripción de la presunta infracción. La Autoridad Nacional Competente podrá
realizar las inspecciones e investigaciones que considere necesarias, antes de
enviar dicha comunicación. La notificación de la denuncia podrá efectuarse
simultáneamente con la realización de una inspección, ya sea a pedido del
denunciante o de oficio, en caso de que la Autoridad Nacional Competente
considere que su actuación sea pertinente.
Artículo 47.-
Medidas cautelares. En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a
pedido de parte, la Autoridad Nacional Competente podrá, dentro del ámbito de
su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas
cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:
-
La cesación de los actos materia de la acción;
-
el decomiso, el depósito o la inmovilización de los
productos desarrollados a partir del conocimiento colectivo materia de la
acción;
-
la adopción de las medidas necesarias para que las
autoridades aduaneras impidan el ingreso al país y la salida del país de
los productos desarrollados a partir del conocimiento colectivo materia de
la acción;
-
el cierre temporal del establecimiento del denunciado; y
-
cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se
produzca algún perjuicio derivado del acto materia de la acción o que
tenga como finalidad la cesación de éste.
La Autoridad
Nacional Competente podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida
cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada.
Artículo 48.-
Incumplimiento de la medida cautelar. Si el obligado a cumplir con una
medida cautelar ordenada por la Autoridad Nacional Competente no lo hiciera, se
le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa
permitida, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios que emplea
la Autoridad Nacional Competente al emitir resoluciones finales. Dicha multa
deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencidos
los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el
incumplimiento, la Autoridad Nacional Competente podrá imponer una nueva multa
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta hasta
que se cumpla la medida cautelar ordenada y sin perjuicio de poder denunciar al
responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal
que corresponda. Las multas impuestas no impiden a la Autoridad Nacional
Competente imponer una multa o sanción distinta al final del procedimiento.
Artículo 49.-
Conciliación. En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de
admitirse a trámite la denuncia, la Autoridad Nacional Competente podrá citar
a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la
Autoridad Nacional Competente o ante la persona que ésta designe. Si ambas
partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta
donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción
extrajudicial. En cualquier caso, la Autoridad Nacional Competente podrá
continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados
considera que podría estarse afectando intereses de terceros.
Artículo 50.-
Mecanismos alternativos de solución de conflictos. En cualquier estado del
procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, las partes
podrán someterse a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de
resolución de disputas a cargo de terceros. Si las partes decidieran someterse
a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral
correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará
el Directorio del Indecopi. En cualquier caso, la Autoridad Nacional Competente
podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos
denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.
Artículo 51.-
Medios probatorios. Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios
probatorios:
-
Pericia;
-
Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos,
fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas
y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás
objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún hecho, una
actividad humana o su resultado; e
-
Inspección.
Excepcionalmente
podrán actuarse pruebas distintas a las mencionadas, sólo si a criterio de la
Autoridad Nacional Competente, éstas revisten especial importancia para la
resolución del caso.
Artículo 52.-
Inspección. En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta
será efectuada por la Autoridad Nacional Competente o por la persona designada
por éste para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá
levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así
como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado
del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado, su
representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará
constancia de tal hecho.
Artículo 53.-
Auxilio de la Policía Nacional. Tanto para la actuación de las pruebas
como para la realización de las diligencias, la Autoridad Nacional Competente o
la persona designada por éste podrá requerir la intervención de la Policía
Nacional, sin necesidad de notificación previa, a fin de garantizar el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 54.-
Actuación de medios probatorios / Insuficiencia de pruebas.
Si de la revisión
de la información presentada, la Autoridad Nacional Competente considera
necesario contar con mayores elementos de juicio, notificará a las partes a fin
de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en el plazo que aquélla
determine, o actuará las pruebas de oficio que considere necesarias. Las partes
deberán absolver las observaciones por escrito, acompañando los medios
probatorios que consideren convenientes.
Artículo 55.-
Informe oral. La Autoridad Nacional Competente pondrá en conocimiento de
las partes que lo actuado se encuentra expedito para resolver. Las partes podrán
solicitar la realización de un informe oral ante ésta, dentro del plazo de
cinco (5) días. La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a
criterio de la Autoridad Nacional Competente, según la importancia y
trascendencia del caso.
Artículo 56.-
Base de cálculo para las multas. El monto de las multas que aplique la
Autoridad Nacional Competente será calculado en base a la UIT vigente en el día
del pago voluntario, o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza coactiva.
Artículo 57.-
Reducción de la multa. La sanción de multa aplicable será rebajada en un
veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma
con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno
contra dicha resolución.
Artículo 58.-
Gastos por actuación de medios probatorios. Los gastos por los peritajes
realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la
tramitación del proceso serán asumidos inicialmente por el Indecopi. En todos
los casos, la resolución final determinará si los gastos deben ser asumidos
por alguna de las partes, y reembolsados al Indecopi, de manera adicional a la
sanción que haya podido imponerse.
Artículo 59.-
Registro de sanciones. La Autoridad Nacional Competente llevará un registro
de las sanciones aplicadas, con la finalidad de informar al público, así como
para detectar casos de reincidencia.
Artículo 60.-
Sanciones. Las infracciones a los derechos de las comunidades o pueblos indígenas
que poseen conocimientos colectivos darán lugar a la aplicación de una sanción
de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los
actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.
Las multas que la
Autoridad Nacional Competente podrá establecer serán de hasta ciento cincuenta
(150) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la
Autoridad Nacional Competente, teniendo en consideración el beneficio económico
obtenido por el infractor, el perjuicio económico ocasionado a los pueblos indígenas
y la conducta del infractor a lo largo del procedimiento. La reincidencia se
considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá
ser menor que la sanción precedente.
Si el obligado no
cumple en un plazo de tres (3) días con lo ordenado en la resolución que pone
fin a un procedimiento, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la
multa permitida, según los criterios a los que hace referencia el artículo
precedente, y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el
incumplimiento, la Autoridad Nacional Competente podrá duplicar sucesiva e
ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin
perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que
éste inicie el proceso penal que corresponda.
Artículo
61.- Autoridad Nacional Competente. La Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y
resolver en primera instancia todo lo relativo a la protección de los
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo los procesos
contenciosos en la vía administrativa sobre la materia.
La Sala de Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del Indecopi conocerá y resolverá los recursos de apelación en
segunda y última instancia administrativa.
Artículo 62.-
Funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
Serán
funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi:
-
Llevar y mantener el Registro de Conocimientos Colectivos
de Pueblos Indígenas;
-
Llevar y mantener el Registro de Licencias de Uso de
Conocimientos Colectivos;
-
Evaluar la validez de los contratos de licencias sobre
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la
opinión del Comité de Asesoramiento Multidisciplinario;
-
Supervisar al Comité Administrador del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el ejercicio de sus funciones,
estando facultada para imponerles sanciones, tales como la amonestación, la
suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones o la separación
definitiva de sus cargos, en caso que infrinjan las disposiciones del
presente régimen o su reglamento, o que incurran en hechos que afecten los
intereses de los pueblos indígenas, sin perjuicio de las sanciones penales
o de las acciones civiles que correspondan; y
-
Ejercer las demás funciones que se le encargan mediante
el presente dispositivo.
Artículo 63.-
Supervisión de la Autoridad Nacional Competente al Comité Administrador.
La
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi podrá exigir al Comité
Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cualquier
tipo de información relacionada con la administración de dicho Fondo, ordenar
inspecciones o auditorías, examinar sus libros, documentos y designar un
representante que asista con voz pero sin voto a sus reuniones.
La resolución que
ordene la práctica de una auditoría deberá ser motivada.
Artículo 64.-
Comité de Asesoramiento Multidisciplinario. Los miembros del Comité de
Asesoramiento Multidisciplinario serán designados por el Directorio del
Indecopi, en coordinación con la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas del
PROMUDEH.
Este Comité cumplirá
las funciones a que se refiere el artículo 38, apoyará a la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi en el desempeño de sus funciones
y brindará asesoría a los representantes de los pueblos indígenas que así lo
soliciten en asuntos vinculados con este régimen.
Artículo 65.-
Recurso de reconsideración. Salvo en los casos de acciones por infracción,
contra las resoluciones expedidas por la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los
quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado
con nueva prueba instrumental. En los casos de acciones por infracción, el
plazo para interponer este recurso es de cinco (5) días.
El afectado por una
medida cautelar podrá solicitar ante la Autoridad Nacional Competente su
modificación o levantamiento, si aporta nuevos elementos de juicio que lo
justifiquen.
Artículo 66.-
Recurso de apelación. Salvo en los casos de acciones por infracción,
procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que
ponga fin a la instancia, expedida por la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. No
procede interponer recurso de apelación contra las resoluciones de primera
instancia que imponen medidas cautelares o preventivas. En los casos de acciones
por infracción, el plazo para interponer este recurso es de cinco (5) días.
Artículo 67.-
Sustento de recurso de apelación. Los recursos de apelación deberán
sustentarse ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, con la
presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas
producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos
establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Oficina deberá conceder la apelación y
elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.
Artículo 68.- Trámite
en segunda instancia. Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad
Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del Indecopi, se correrá traslado de la apelación a la otra parte
para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquél
con el que contó el apelante para interponer su recurso.
Artículo 69.-
Medios probatorios e informe oral. No se admitirán medios probatorios,
salvo documentos. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá
solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a
cuestiones de hecho o de derecho. La actuación o denegación de dicha solicitud
quedará a criterio de la Sala del Tribunal. Citadas las partes a informe oral,
éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.
Independencia de
la legislación vigente en materia de propiedad intelectual
PRIMERA.-
Este
régimen especial de protección es independiente de lo previsto en las
Decisiones 344, 345 y 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los
Decretos Legislativos Nº 822 y 823 y en el Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI.
Presentación del
contrato de licencia como requisito para obtener una patente de invención
SEGUNDA.-
En
caso se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos
obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante
estará obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito
previo para la concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un
conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio público. El
incumplimiento de esta obligación será causal de denegación o, en su caso, de
nulidad de la patente en cuestión.
Conformación del
Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
PRIMERA.-
La
conformación del Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas estará a cargo del PROMUDEH, en coordinación con los
pueblos indígenas.
Reglamento del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
PRIMERA.-
Dentro
del plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del
presente régimen, el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano reglamentará la organización y funcionamiento del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Reglamento deberá
contemplar beneficios preferentes para aquellos pueblos indígenas que hayan
registrado sus conocimientos colectivos.
Comuníquese al
Presidente de la República para su promulgación.
