Los
argentinos deseamos mantener la diversidad de especies, genes y ecosistemas del
país y nos preocupa su pérdida, así como la pérdida de los valores y
conocimientos que a lo largo de cientos de años han gestado en torno a ellos
las diversas culturas y comunidades que hoy conviven en el territorio nacional.
A la vez, consideramos que la conservación de esa riqueza es fundamental para
el bienestar de los habitantes de nuestro país y reconocemos que su conservación
es de interés para la humanidad.
Resuelto
a aunar esfuerzos para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras, el
Gobierno Nacional firmó en 1992 el Convenio sobre Diversidad Biológica, el
cual fue posteriormente aprobado por el Congreso Nacional por Ley Nº 24375.[1]
Las
estrategias tendientes a garantizar la conservación y utilización sostenible
de los recursos biológicos, la reducción al mínimo de los efectos adversos
para la diversidad biológica derivados de las actividades productivas y la
participación equitativa en los beneficios derivados de la utilización
adecuada de los recursos genéticos, requieren necesariamente del
establecimiento de condiciones esenciales tendientes a armonizar dichas
estrategias con los usos actuales de los recursos biológicos, con el desarrollo
económico y social, así como con las actividades tendientes a la generación
de empleo y a la erradicación de la pobreza.
Si
bien la responsabilidad primaria de proveer a estos objetivos corresponde al
Estado en el ámbito nacional, provincial y municipal, los argentinos
reconocemos que el sector público no puede por sí solo asegurar el
establecimiento de esas condiciones esenciales. Resulta imprescindible la
complementación entre los sectores estatal y privado del país, en procura de
acuerdos básicos para la acción. Asimismo, para el logro de esos objetivos es
preciso reforzar las acciones de cooperación con otros países, dentro y fuera
de la región.
Para
canalizar los esfuerzos público y privado en tal sentido, el Gobierno Nacional
ha realizado un proceso de planificación participativa, mediante el proyecto
ARG/96/G31 financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), bajo la
administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
tendiente a diseñar la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
La
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (actualmente Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social), en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Comité Argentino de
instituciones adheridas a la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), coordinó
el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional y avanzó en la
identificación de elementos para conformar un plan de acción nacional y sus
respectivos planes sectoriales.
En
atención a lo expuesto previamente, el ejercicio realizado, cuyos resultados se
presentan en este documento, tuvo las siguientes características:
1.
Constituyó un primer ciclo del proceso de elaboración y desarrollo de la
Estrategia Nacional de Biodiversidad.
2.
La coordinación general de la tarea realizada estuvo a cargo de un equipo
mixto, conformado por tres integrantes de organismos gubernamentales: la
entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Administración de Parques
Nacionales; y tres integrantes de organismos no gubernamentales, todos
pertenecientes al Comité Argentino de la UICN. La dirección general del
proceso estuvo a cargo de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable.
3.
Fue un ejercicio consultivo y participativo, con alto involucramiento tanto en
el ámbito sectorial como regional[2]
Los
elementos sobresalientes de la visión conjunta a futuro son:
-
Que la diversidad biológica de la Argentina contribuya al bienestar de la
sociedad, a partir del mantenimiento tanto de la riqueza biótica del país en sí,
como de los múltiples servicios que ella presta a las actividades humanas.
-
Conservar la diversidad biológica a nivel de genes, especies, hábitats y
ecosistemas, para contribuir al mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales.
-
Respetar la variedad de cosmovisiones que tienen los diferentes sectores de la
sociedad sobre la diversidad biológica y sus componentes.
-
Garantizar que el aprovechamiento de los recursos biológicos se haga en base a
modalidades de manejo sostenible.
-
Promover instrumentos que garanticen una participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
-
Fortalecer las capacidades nacionales, tanto referidas a los recursos humanos
como a las instituciones, para el logro de estos objetivos.
-
Desarrollar una activa coordinación y cooperación en el ámbito internacional.
Para
alcanzar esa visión, la Estrategia Nacional de Biodiversidad procura
contribuir, en primer lugar, a capitalizar las acciones en marcha, vertebrando
los numerosos esfuerzos ya existentes en el país, así como a identificar las
deficiencias o vacíos y planificar los próximos pasos necesarios.
Este
documento constituye el producto del primer ciclo de un proceso de planificación,
una primera aproximación a la definición de un marco para la acción nacional,
un esfuerzo de integración de voluntades y proyectos individuales, un paso para
el involucramiento de la sociedad en el diseño de una perspectiva que vaya más
allá del presente.
Esta
Estrategia debe ser percibida como el inicio de un proceso disparador e
integrador de ideas y acciones que procura motivar la expansión de las
capacidades y esfuerzos, más que como un producto terminado y definitivo.
Se
espera que constituya un cimiento a partir del cual construir y reconstruir
compromisos, y no que sea entendida como un manual de recomendaciones rígidas e
inalterables.
Las
acciones derivadas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad deben servir para
fortalecer:
-
la integración de las cuestiones relativas a la biodiversidad en los planes y
programas sectoriales que hacen al desarrollo del país y al mejoramiento de la
calidad de vida;
-
la comprensión del papel y las funciones de los genes, especies y ecosistemas;
-
el acceso creciente a información relativa a biodiversidad por parte de
diversos segmentos de la sociedad;
-
el proceso de transformación hacia modelos de uso y consumo que sean
compatibles con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales,
procurando no reducir el capital natural de la Argentina;
-
la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos y otros compuestos derivados;
-
la conservación del patrimonio natural de los argentinos.
Las
orientaciones incluidas en este documento del primer ciclo de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad son el resultado de los acuerdos alcanzados por
individuos e instituciones involucrados con la diversidad biológica, se trate
de quienes la regulan, la usan, la protegen o la estudian.
Por
cierto que muchos de estos actores del ámbito nacional, provincial o local
desarrollan planes y programas, e implementan políticas, cuya armonización se
pretende reforzar. Las orientaciones aquí expuestas establecen la plataforma a
partir de la cual estructurar nuevos esfuerzos. Será fundamental ahondar en los
aspectos relacionados con la implementación de acciones, tanto mediante planes
sectoriales como provinciales, regionales o locales, de modo de acercar
progresivamente lo planificado al plano de las decisiones, el compromiso y la
implementación en la práctica.
Los
procesos de planificación de la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica son cíclicos y convergentes. Son cíclicos en tanto que una segunda
etapa no parte de cero, sino que se basa en el esfuerzo y los resultados del
ciclo anterior. Son convergentes ya que, por una parte, se involucran en ella,
en forma sucesiva, nuevos y diversos segmentos de la sociedad, mientras que por
otra parte, a medida que se amplía la participación, la definición de las
orientaciones estratégicas se perfila con mayor detalle y por lo tanto se
vuelven más viables.
Se
espera que haya nuevos ciclos de profundización en los ámbitos sectorial y
regional[3].
La elaboración de estrategias provinciales de diversidad biológica, así como
de planes de acción en los ámbitos municipales o locales, sería
complementaria de este ejercicio inicial.
En
apoyo de esta visión, este primer ciclo de la Estrategia Nacional debería
promover:
-
el establecimiento de un proceso continuo de planificación;
-
el involucramiento de nuevos segmentos de la sociedad;
-
el desarrollo de directrices tendientes a programar el segundo ciclo de la
Estrategia, así como su profundización regional y sectorial;
-
la organización y coordinación de acciones interinstitucionales e
intersectoriales;
-
la adopción de compromisos crecientes para la implementación práctica del
Convenio sobre Diversidad Biológica en el país.
El
Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que "las autoridades
proveerán a la protección ... de la diversidad biológica" y más
adelante, en el mismo artículo, estipula que "corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a
las provincias, las necesarias para complementarlas". Por otra parte, en su
Artículo 124, dispone que "corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
Esto
enmarca el derecho de las Provincias de decidir sobre sus recursos naturales y
el nivel de responsabilidad en el cuidado del patrimonio natural bajo su dominio
territorial. A la vez, se esclarecen las competencias jurisdiccionales entre la
Nación y las provincias de modo de asegurar una base común de cuidado
ambiental, dentro del cual se incluye a la diversidad biológica.
Existen
otros mecanismos institucionales que brindan un marco a la relación entre las
Provincias y entre éstas con la Nación. Así, por ejemplo, el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), constituye el foro para la concertación y elaboración
de una política ambiental coordinada entre sus miembros (las provincias, la
actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación a través de la Secretaría
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable – actualmente Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Desarrollo Social)[4]
Con
posterioridad, también entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Nación se suscribe el Pacto Federal Ambiental, acuerdo a través del
cual se busca "promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas
en todo el territorio nacional, estableciendo Acuerdos Marco entre los estados
federales y entre éstos y la Nación"[5]
Cabe
mencionar también el Decreto Nº 1347 suscripto en diciembre de 1997, a través
del cual se designa a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación para el Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
Por
el mismo instrumento, se crea la Comisión Nacional Asesora para la Conservación
y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), con la
participación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Secretaría
de Ciencia y Tecnología (actualmente Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva) del Ministerio de Cultura y Educación, un representante
de cada una de las provincias que manifiesten a la autoridad de aplicación su
interés de integrar esta Comisión, representantes de las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones indígenas y el sector empresario.
Establecer
los acuerdos institucionales básicos e impulsar la sanción de las leyes
fundamentales para implementar en forma armónica el Convenio sobre Diversidad
Biológica en el país, en el ámbito nacional, provincial y municipal.
Establecer
un marco político-institucional que permita elevar la calidad de la conservación
de la diversidad biológica y garantizar la sustentabilidad de los usos de sus
componentes, partiendo de las competencias de las provincias sobre sus recursos
naturales, y de las normas y políticas existentes.
Orientaciones estratégicas
1.1.
Precisar las competencias y las obligaciones en los ámbitos nacional,
provincial y municipal en materia de conservación y regulación del uso de la
diversidad biológica, estableciendo nuevos mecanismos institucionales o
reforzando aquéllos existentes.
1.2.
Acordar criterios respecto a la responsabilidad de cada ámbito (Nación y
Provincias) en la financiación de las acciones necesarias para adecuar la
administración de la diversidad biológica, de acuerdo a los compromisos
derivados de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica.
1.3.
Promover el establecimiento de una instancia federal de coordinación de políticas
y programas sobre diversidad biológica entre la Nación y las Provincias,
preferentemente como un grupo especial de trabajo dentro del COFEMA.
1.4.
Promover en cada jurisdicción la jerarquización funcional de las dependencias
públicas con incumbencia en la administración de la diversidad biológica, así
como procurar una mayor articulación con otros organismos públicos relevantes.
1.5.
Fortalecer la eficiencia del control de la utilización de los recursos biológicos
por parte de los organismos vinculados a la gestión de los mismos, en los ámbitos
nacional y provincial.
1.6.
Establecer mecanismos tendientes a incorporar en el diseño de otras políticas
sectoriales, en los ámbitos nacional y provincial, pautas esenciales para
favorecer la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Dictar
y adecuar las normas en el ámbito nacional y provincial necesarias para la
implementación efectiva de las disposiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Orientaciones estratégicas
2.1.
Promover el dictado de las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección relativos a la diversidad biológica comunes a todo el territorio
nacional, conforme lo previsto en el Artículo 41 de la Constitución Nacional,
cuando indica que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección".
2.2.
Adecuar las normas y reglamentos pertinentes, procurando que las reformas a
incorporarse reflejen los conceptos y nuevos principios derivados del avance en
el conocimiento de la diversidad biológica y sus funciones.
2.3.
Cubrir los vacíos normativos existentes en materia de diversidad biológica,
tales como los relativos al régimen de acceso a los recursos genéticos y la
protección y uso sostenible de la flora silvestre.
2.4.
Compatibilizar, entre distintos sectores y entre distintas jurisdicciones, los
regímenes legales que regulan la evaluación de los impactos ambientales, de
forma tal de contar con un sistema coordinado y eficiente.
Establecer
mecanismos institucionales interjurisdiccionales para coordinar políticas,
normas y acciones de conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica.
Orientaciones estratégicas
3.1.
Establecer o reforzar instancias de coordinación en el ámbito regional[6],
que faciliten acordar criterios comunes de conservación y manejo de
ecosistemas, especies y recursos genéticos, sin que ello altere las
jurisdicciones provinciales y las respectivas facultades administrativas.
3.2.
Armonizar en el ámbito regional, en la medida de lo posible, las leyes y normas
particulares sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.[7]
3.3.
Establecer una base de coordinación interinstitucional para operar ante
situaciones de emergencia que entrañen peligros graves e inminentes para la
diversidad biológica.
El
mantenimiento de las condiciones de estabilidad de un ecosistema, requiere
preservar la biodiversidad, asegurando el flujo de la energía y el ciclo de la
materia, permitiendo de esta manera la adaptación y autorregulación de la
diversidad biológica y genética.
El
aprovechamiento de las especies silvestres y asilvestradas deberá considerar
estas bases ecológicas, para garantizar la sustentablilidad de la actividad.
Generar,
difundir y fomentar experiencias de manejo sostenible a nivel de ecosistemas y
poblaciones.
Orientaciones estratégicas
1.1.
Apoyar y sistematizar experiencias existentes y generar nuevas, demostrativas
del manejo sostenible de ecosistemas y poblaciones.
1.2.
Orientar mayores esfuerzos económicos por parte de las instituciones, para
fomentar las investigaciones y experiencias de manejo sobre especies nativas, y
también sobre interacciones biológicas y socioeconómicas entre éstas y las
especies introducidas.
Impulsar
el dictado de una ley de presupuestos mínimos nacional, que tienda a garantizar
que los usos de los recursos biológicos sean sostenibles y reforzar la
capacidad de las instituciones que deban instrumentarla.
Orientaciones estratégicas
2.1.
Completar y adecuar la legislación vigente vinculada a la biodiversidad[8],
unificando criterios en el ámbito nacional y provincial, y tender a la
armonización en el ámbito del Mercosur, desarrollando mecanismos de cooperación
y coordinación a esos ámbitos para su aplicación.
