Tradicionalmente se ha
considerado que la investigación científica debe estar abierta al debate y la
confrontación pública. Desde sus primeros pasos, la ciencia moderna ha
propugnado la libre comunicación de ideas, teorías y resultados de los
trabajos realizados para permitir el ejercicio de la crítica y compartir el
conocimiento. Pero no hay que engañarse, la relación con el estado, el
ejército, los empresarios y el mercado también ha existido siempre en mayor o
menor medida.
En los siglos XVII y
XVIII era ya notorio el interés por la dimensión tecnológica y el sentido
utilitario de la ciencia, muy especialmente en ciudades como Londres[1];
las implicaciones sociales, industriales y comerciales de afamados científicos
de la época como Boyle, Newton y Hooke, entre otros muchos, son bien
conocidas. Los ejemplos se extienden por todas las épocas; en el siglo XIX
nombres de ilustres físicos teóricos como Maxwell y Kelvin aparecen ligados
también a la tecnología y a la ciencia industrial, por ejemplo, en relación
con el cableado de la telegrafía transatlántica[2].
En el siglo XX, la insigne Mme. Curie, pese a que nunca aceptó solicitar
patentes por sus descubrimientos, concibió y contribuyó a poner en marcha los
procesos industriales para fabricar y purificar numerosas sustancias
radiactivas así como la instrumentación necesaria al efecto; además, bajo su
dirección, el Instituto del Radio jugó un decisivo papel en el desarrollo
metrológico de la radiactividad para usos industriales y en la medicina[3],
constituyéndose un servicio de medidas y control de los instrumentos al que
acudían industriales y médicos de todas partes, lo que convirtió oficiosamente
al laboratorio de Curie en el centro nacional de medidas que no existía en
Francia.
Por su interés como
fuente de poder (science is power), es durante la segunda mitad del siglo XX
cuando la ciencia ha tenido que doblegarse con más frecuencia que antaño a los
imperativos económico y militar, lo que queda históricamente ilustrado por el
proyecto Manhattan desarrollado al finalizar la Segunda Guerra Mundial[4],
la cual marca la línea divisoria entre la antigua y la nueva forma de entender
el apoyo a la ciencia.
Las restricciones que
imponen desde entonces los secretos comerciales y militares chocan
frontalmente con la norma mertoniana del comunalismo científico, considerado
idealmente un valor propio de la ciencia. La mayoría de los científicos
académicos que investigan subvencionados por las empresas o el gobierno tienen
que pedir autorización para publicar sus trabajos. Aunque generalmente se les
permite publicarlos, el hecho mismo de que tenga que ser con un permiso
expreso, externo a la propia ciencia, está indicando que estos científicos ya
no pueden seguir cumpliendo libremente con dicha norma. Estas limitaciones,
características del modelo I&D, se han ido extendiendo a toda la investigación
científica, porque muchos laboratorios industriales y de defensa nacional
llevan a cabo, o encargan a las universidades, no sólo investigación aplicada,
sino básica y estratégica o básica dirigida.
Desde los comienzos de la
década de los ochenta, la valoración comercial de los resultados de las
investigaciones se ha constituido en la preocupación más importante de la
política científica y tecnológica. En estos tiempos, el interés por las
aplicaciones comerciales de tales resultados se está imponiendo sobre sus
propias implicaciones científicas. En coherencia con esta posición, los países
más avanzados hacen considerables esfuerzos para animar a los científicos a
proseguir su tarea más allá de sus proyectos de investigación básica e,
incluso, a que participen en la aplicación de sus resultados. Al mismo tiempo
los gobiernos y las grandes empresas promueven programas nacionales e
internacionales destinados a desarrollar investigaciones que obligan a la
colaboración entre equipos de universidades y empresas.
No todos están de acuerdo
con este modelo de investigación básica dirigida a lograr metas tecnológicas
específicas. La necesidad social de planificar y gestionar los recursos
destinados a financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico
no debería conducir a los políticos y gestores a caer en un excesivo
dirigismo, exclusivamente orientado hacia objetivos tecnológicos concretos a
lograr a corto plazo, porque la investigación básica, que genera conocimientos
y prepara científicos -muchos de los cuales trabajarán en la ciencia
industrial-, es también fundamental para la innovación tecnológica[5].
No obstante, lo que se
percibe en el mundo contemporáneo es que a la investigación científica se le
exige cada vez más el requisito de interés tecnológico y su compatibilidad con
la tecnología. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos la ciencia es uno de
los componentes del complejo sistema denominado tecnociencia y se valora por
su utilidad. Para bien o para mal, en los albores del siglo XXI emerge un
paradigma de D&I en ese orden, que está sustituyendo al I&D.
Bibliografía complementaria:
|
NORMATIVA
JURISPRUDENCIA
|
ENSAYOS Y
NOTAS DOCTRINARIAS
|
|
Monografías e
Investigaciones
|
APUNTES Y
ACTUALIDAD
|
UNIDADES/CLASES REFERENTES O DE TEMAS ASOCIADOS
|
GUÍA DE
TRABAJO
|
NOTAS:
