Se acusa a
las patentes sobre herramientas de investigación el ser potencialmente
dañinas, al restringir el uso de aplicaciones muy amplias que cubren campos
enteros.
En 1894, durante el Congreso anual de la
British Association for the Advancement of Science celebrado en Oxford,
Lodge presentó sus dispositivos transmisores de ondas hercianas, enviando
con ellos señales electromagnéticas de hasta cincuenta metros de alcance.
Este físico británico pensaba que el conocimiento científico debía ser de
dominio público; estaba muy preocupado por las restricciones que suponía el
uso de patentes y era contrario a ellas. Sin embargo, dos años después, el
joven Marconi tomado la iniciativa en este terreno obtuvo la primera patente
en todo el mundo para la radiotelegrafía: un método de transmitir señales
por medio de impulsos eléctricos. En 1909 Marconi, inventor y empresario,
compartió el premio Nóbel con el físico alemán K.F. Braun por sus
contribuciones a las comunicaciones por radio. Lodge, precursor de esta
técnica, no pudo conseguirlo.
Aunque en
ocasiones se han levantado críticas muy duras contra los científicos que
patentan, muchos investigadores actuales no ven mal unir sus descubrimientos
científicos a las patentes. Hay quienes opinan que éstos deben publicarse para
su conocimiento público; otros, en cambio, consideran que deben patentarse
para obtener beneficios económicos que contribuyan a paliar los enormes gastos
que ocasiona la investigación contemporánea. Los científicos están aprendiendo
a buscar alternativas en una época en la que cada vez es más difícil obtener
subvenciones económicas públicas. Incluso en algunos casos, animados por
políticos y promotores industriales, ciertos grupos de científicos han
constituido sus propias empresas[1], en las que se realiza al mismo tiempo la investigación y la
comercialización de sus productos
No
obstante, las patentes de especies obtenidas por ingeniería genética originan
fuertes controversias. También fue muy cuestionada la demanda de patente para
secuencias de segmentos del genoma humano que solicitaron los National
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos. Como para poder patentar se
exige el requisito de novedad (innovación), lo que implica que no se haya
publicado o comunicado previamente, los NIH pidieron al Senado de los Estados
Unidos la preparación de una legislación especial reconociendo que la
publicación científica de una secuencia determinada no fuera ningún
impedimento para patentar con posterioridad alguna posible aplicación.
Sin duda,
uno de los motivos de la introducción de las patentes en la ciencia es su
valoración comercial, un aspecto a considerar cada vez más. En muchos países
se están tomando medidas para impedir publicaciones prematuras, las cuales se
hacen solamente después de haber evaluado todas las implicaciones económicas
de los resultados de las investigaciones. Además, en los últimos años las
patentes se han introducido también en la ciencia académica, reconociéndose
como mérito para la promoción universitaria en el mismo plano que las
publicaciones. Pero, sobre todo, el interés por las patentes es consecuencia
de la enorme competencia existente entre los diferentes equipos científicos
que investigan simultáneamente en un tema. Los derechos de propiedad
industrial sobre un hallazgo científico están influyendo mucho en la forma en
que los investigadores dan cuenta de sus propios experimentos. De esta forma,
la retención parcial de información se está convirtiendo en algo habitual[2]
El
problema con las patentes de herramientas de experimentación es que su mercado
natural son precisamente los laboratorios de investigación (sean académicos o
industriales). Pretender la exención de todas las actividades experimentales
significaría que las patentes sobre útiles experimentales perderían todo su
valor para los inventores correspondientes, que no podrían recuperar las
inversiones[3]. Las dificultades típicas para aplicar el criterio de exención para
propósito experimental eran las de determinar los propósitos comerciales y no
comerciales del experimentador, pero esto se ha vuelto aún más problemático
cuando muchos grupos académicos realizan investigación con potencial comercial
o poseen acuerdos con empresas, como es frecuente en el caso de la
biotecnología, y cuando por otro lado las empresas biotecnológicas son la
“avanzada” de la investigación básica en muchas área de la biología
fundamental.
Bajo la
jurisdicción de la EPC (European Patent Convention), la clave está en la
distinción que establece en experimentar sobre una invención
patentada y en hacerlo con una invención patentada[4].
Un laboratorio que use la técnica de PCR para
el propósito para el que fue diseñada (amplificar in vitro fragmentos de
ADN), no podría quedar exento de pagar regalías sobre la patente. Pero un
laboratorio que usara la PCR para diseñar un nuevo sistema mejorado de
amplificación, quedaría cubierto por las cláusulas de exención por
investigación, porque no está usando el invento con el propósito original,
sino que le está sirviendo para continuar el avance de las técnicas, e
indirectamente está beneficiando a la sociedad[5].
La carrera
por patentar herramientas de investigación genómica es relativamente reciente.
Innovaciones tan fundamentales como las técnicas de secuenciación de Maxam-Gilbert
y de Sanger (mediados de los años 70) no fueron nunca patentadas, a pesar de
que cumplían todos los requisitos. Aunque está claro que estos cambios han
tenido influencias sobre los científicos y su trabajo, es difícil especular
con qué hubiera ocurrido de haber sido las cosas de otra manera o qué efectos
a largo plazo podría tener el dejar de patentar este tipo de útiles en la
actualidad.
En la
conexión entre patentes biotecnológicas y avance científico, el comportamiento
del sistema de patentes es variable: por un lado, la ley Bayh-Dole, que
pretendía (y logró) que las perspectivas de ganancias llevaran a la
comercialización y distribución de las innovaciones financiadas federalmente,
y por otro, el proyecto de directrices de los NIH (National Health Institutes),
para las que la búsqueda de ganancia privada no es adecuada para un gran
segmento de invenciones usables como herramientas de investigación[6].
Otro tema
que ha sido discutido es la patentabilidad de innovaciones logradas con fondos
públicos. En 1998 un grupo interno de trabajo de los Estados Unidos emitió un
informe que recomendó que los NIH limitaran, en la medida de lo posible, la
aplicación de derechos de patentes sobre útiles de investigación como medio de
ganancias privadas a costa de la ciencia biomédica pública. De acuerdo con
ello, en 1999 se propusieron unas directrices que, entre otras cosas,
obligarían a los receptores de financiación federal a que desarrollen
herramientas patentables y a sus socios comerciales, a ponerlas a disposición
de otros científicos sin coste o con bajas tarifas[7].
Sin
embargo, algunos ejemplos pueden ser reseñados a favor de la postura que
afirma que las patentes sobre herramientas de investigación pueden tener
efectos positivos sobre la investigación científica.
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Leroy Hood y sus colegas del CalTech desarrollaron la idea de las
máquinas secuenciadoras de alto rendimiento, a las que se puede atribuir
en buena medida el éxito de la rápida secuenciación del genoma humano, y
que redujeron notablemente los costes. Sin embargo, una vez que Hood
publicó su idea original, los NIH rechazaron nada menos que 19
solicitudes de empresas para invertir en esa tecnología. Finalmente,
Hood logró el apoyo de una compañía, Applied Biosystems, a la que cedió
la licencia exclusiva de la técnica. La empresa tuvo que invertir más de
70 millones de dólares en costes de desarrollo antes de empezar a ver
resultados. Esta inversión mejoró 2000 veces los rendimientos de la
técnica de secuenciación[8].
Según los críticos, si ahora se inventase
una tecnología de herramienta con fondos de los NIH una vez aprobadas
las directrices, el grupo financiado federalmente estaría obligado a
licenciar esa técnica, a cambio de una “moderada tarifa” (que
probablemente quedaría a discreción de los NIH). En estas condiciones,
es probable que pocas empresas estuvieran dispuestas a invertir.
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El
sistema de síntesis automatizada de oligonucleótidos fue inventado en la
Universidad de Stanford, financiado por 300.000 dólares de los fondos
del Ministerio de Energía (DOE) para el Proyecto Genoma. La universidad
la patentó y licenció en exclusiva a una empresa privada (Protogene), a
cambio de royalties como porcentaje de las ventas futuras. Protogene,
aliada con Life Technologies, invirtió más de 2 millones de dólares en
desarrollar las máquinas. Las empresas desecharon la idea de
comercializar los aparatos, y en lugar se dedicaron a vender
oligonucleótidos hechos a medida para los laboratorios de investigación[9]. |
No cabe
duda de que, independientemente de las medidas que se puedan tomar para que
las patentes no impidan el ulterior avance científico, se está imponiendo una
especie de cultura del secreto, sobre todo en aquellos laboratorios públicos
que tienen conexiones (o esperan tenerlas) con empresas dispuestas a
comercializar sus innovaciones patentables[10]. Los científicos, ayudados
por un ejército de abogados especializados, están cambiando su mentalidad
originalmente abierta a divulgar sobre la marcha sus descubrimientos en
simposios, reuniones y revistas. En muchos laboratorios, durante los
habituales seminarios de trabajo, hay investigadores que optan por un velo de
silencio en su “materia clasificada” ante sus propios compañeros, toda una
revolución que va en contra de la centenaria práctica académica. Las empresas
especializadas en obtener datos genómicos los venden bajo contrato a otras
empresas o universidades, o bien las publican parcialmente (incluso con
indicios de introducción de “errores” intencionados) o las colocan en el
dominio público meses o años después, una vez que se aseguran la explotación
de los datos más importantes.
Es que la
política adoptada no deja de ser irónica si se niega la concesión de una
patente en una fase temprana de una línea de investigación para allanar el
camino a la patente de un tercero de alguna técnica diagnóstica o terapéutica
más concreta -posteriormente desarrollada sobre la base de aquélla-, en ambos
casos no se superan los abusos del sistema sino que se trataría de refinar las
exigencias del mismo.
Obviamente, las biotecnologías plantean el incentivo vital para encontrar,
preservar, examinar, discutir, comprender y utilizar nuevas formas de vida.
Pero, las nuevas tecnologías posibilitan y obligan, antes que todo, a que el
hombre y la sociedad tomen la decisión de nurturizar las reservas genéticas
del planeta y sus propios genes, a un alto costo financiero que demanda la
protección jurídica, definiendo los alcances y significados de esas acciones y
sistemas de apropiación. La preservación prístina del medio ambiente y de las
especies, los cambios demográficos[11]: la calidad de vida, la superación de las enfermedades y del hambre[12] son objetivos que se
presentan fuertemente ligados a los sistemas de propiedad industrial en esta
materia.
A los
problemas éticos, sanitarios y económicos planteados al patentamiento de
material viviente se suman los reclamos por la posible polución que la
ingeniería genética podría, eventualmente, producir en la reserva genética del
planeta, en el ecosistema y en la biosfera[13]; sin embargo, aún si los
organismos recombinantes fueran potencialmente azarosos, su control no se
vería más o mejor garantizado por la denegación de la protección patentaria. (Para el tema de la regulación medioambiental ver la
Unidad 4
Ecología/Alimentación)
