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[1]. Mientras que para otros el acento debe ser puesto en el encarecimiento de las aplicaciones médicas y la salud de los usuarios[2]. En cuanto a la acusación genérica de que las patentes sobre ADN impiden la libre competencia comercial, no se puede olvidar que las propias leyes y la jurisprudencia de patentes está dejando últimamente mucho margen para los competidores. Los argumentos que se han esgrimido contra las patentes de sondas genéticas para la detección de enfermedades, se pueden resumir: Las patentes sobre descubrimientos incipientes pueden inhibir la ulterior investigación, con negativas consecuencias en la consecución de diagnósticos y terapias, dañando los intereses de los pacientes y la población en general. Si la patente es amplia puede suponer un monopolio de facto sobre esa innovación, de modo que su titular puede imponer altas tarifas o negarse a licenciarla. Encarecen los tratamientos, introduciendo injusticia en el sistema sanitario. Algunas organizaciones de médicos de los Estados Unidos están presionando al Congreso para que revise la legislación de patentes que afecta a las pruebas de laboratorio clínico en el sentido de que los patólogos y otros especialistas queden exentos de infracción al usar las pruebas diagnósticas patentadas. La Sociedad Norteamericana de Patólogos Clínicos (ASCP) razona, en un artículo dirigido al Comité Consultivo de Pruebas Genéticas (SACGT), que las tasas por licencias de patentes han encarecido las pruebas de laboratorio, reduciendo así el acceso de los pacientes a los diagnósticos necesarios, y propone varias opciones, incluyendo la exención obligatoria para clínicos que trabajen en temas como cáncer. Se pretende que tales pruebas sean considerados en la ley como equivalentes de métodos quirúrgicos, y por lo tanto exentos desde el origen, lo que supondría modificar la enmienda Ganske-Frist (1996), en la que el grupo de presión biotecnológico logró la exclusión de las patentes biotecnológicas de las exenciones previstas. Posturas similares mantienen el Colegio Americano de Médicos Genéticos y el Colegio Americano de Patólogos, que parecen pedir que se excluyan del pago de royalties las patentes sobre kits diagnóticos y métodos basados en secuencias de ADN. Esto ha originado una batalla entre grupos de presión opuestos, las sociedades médicas por un lado y la BIO (Organización de Industria Biotecnológica) por otro. Esta última está divulgando documentos con datos sobre las desastrosas consecuencias para las empresas si tal propuesta saliera adelante: pérdidas billonarias, afectando a 1800 patentes ya concedidas y a otras 7000 pendientes de resolución. Además, sería un incentivo para empresas piratas, que competirían con el dueño de la patente. Por otro lado, no se puede obviar el hecho de que las propias Universidades y centros clínicos públicos perderían, ya que ahora ganan 725 millones de dólares por sus licencias de patentes[3]. Recuérdese que la declaración que Bill Clinton y Tony Blair -tras un acuerdo de última hora entre el Proyecto Genoma Humano público y la empresa Celera- realizaron mostrando la resolución de que los datos generados fueran públicos y compartidos abiertamente, produjo una inmediata venta de acciones en muchas compañías cuyos valores bursátiles estaban inflados por expectativas sobre los resultados de la secuenciación.
[1] “Una serie de decisiones judiciales definiendo lo que puede ser patentado, la explosión de empresas que ocupan nichos más cercanos al laboratorio que a los productos para el consumidor, y la aprobación de la Ley Bayh-Dole y demás legislación que anima a las firmas y a las instituciones a patentar y licenciar descubrimientos para evitar que languidezcan, han creado un ambiente en el que se patenten descubrimientos en sus primeras fases y se restringe su acceso. […] Además, un gran número de distintas entidades [corporaciones privadas e instituciones públicas] son ahora titulares de propiedad intelectual de muchas diferentes herramientas que se necesitan para el proceso de descubrimiento. Los potenciales usuarios deben [hacer] un sustancial esfuerzo legal [e invertir] grandes sumas de dinero”. Rebecca Eisenberg durante la sesión de septiembre de 1997 del Consejo Consultivo Nacional para la Investigación del Genoma Humano (trad. De Iáñez Pareja, E. Patentes y biotecnología Parte II. Curso de doctorado. Universidad de Granada. 2000) [2] Este tipo de disputas se están extendiendo a la opinión pública. Por ejemplo, hubo protestas de padres de niños afectados por la enfermedad de Canavan contra el Hospital Infantil de Miami, cuando se enteraron que éste cargaba un regalía de U$S 12.50 dólares por cada prueba diagnóstica de la enfermedad. [3] Y las iguala a las empresas comerciales haciéndolas pasibles de la exclusión que impone el sistema de patentes. Así, la empresa Myriad Genetics demandó a la Universidad de Pennsylvania por infracción de su patente sobre las sondas para la detección de mutaciones en el gen BRCA1, responsables de ciertos cánceres hereditarios de mama. Si que el centro de altos estudios pudiera aducir argumentos o finalidades que “moralmente” la exoneraran del pago de regalías.
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