La regulación jurídica del
seguro comienza por caracterizarlo como:
"un contrato oneroso por el que una de
las partes (asegurador) espontáneamente asume un riesgo y por ello cubre una
necesidad eventual de la otra parte (tomador del seguro) por el acontecimiento
de un hecho determinado a una prestación apreciable en dinero, por un monto
determinable o determinado, y en el que la obligación, por lo menos de una de
las partes, depende de circunstancias desconocidas en su gravedad o
acaecimiento"[1].
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En
síntesis, la obligación
del asegurador tiene por objeto la prestación (entrega) de una suma de
dinero, cualquiera sea la especie de que se trate -seguro
de daños o de personas-, en concepto de
(pago del) resarcimiento del daño (eventual, en su ocurrencia o en
sus causas o condiciones) sufrido por el asegurado, a éste o a otro
(beneficiario) |
Sobre la base
de la definición
precedente, se puede sintetizar que la finalidad del seguro es la cobertura –por
parte del asegurador- de un riesgo a cambio de una prima que abona el asegurado[2].
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Por su parte Stiglitz[4]
recoge la definición en el derecho comparado
Italia, artículo 1882, Código Civil: “El
seguro es el contrato por el cual el asegurador, mediante el pago de una
prima, se obliga a indemnizar al asegurado, dentro de los límites
convenidos, del daño producido al mismo por un siniestro, o bien a pagar un
capital o una renta a la verificación de un evento atinente a la vida
humana”.
México, artículo 1º, “Ley de Contrato de
Seguro” del 31-VIII-1935: “Por contrato de seguro, la empresa aseguradora se
obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero
al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”.
Alemania, artículo 1º de la ley del
30-V-1908: “En el seguro contra daños el asegurador, conforme al contrato,
se obliga a resarcir al tomador del seguro, en caso de siniestro, de los
daños patrimoniales sufridos por aquél. En el seguro sobre la vida y contra
los accidentes, y en los demás de personas, el asegurador se obliga, en caso
de siniestro, a pagar la suma convenida mediante un capital o una renta o
efectuar otras prestaciones convenidas. El tomador del seguro deberá pagar
la prima convenida. A efectos de esta ley, se considerarán las cuotas a
entregar a las empresas de seguros mutuos”.
Brasil, artículo 1432, Código Civil del año
1916: “Considérase contrato de seguro aquel por el cual una de las partes se
obliga para con otra, mediante el pago de un premio, a indemnizarle los
perjuicios resultantes de riesgos futuros, previstos en el contrato”.
Uruguay, artículo 634, Código de Comercio:
“El seguro es un contrato por el cual una de las partes se obliga mediante
cierta prima a indemnizar a la otra de una pérdida o de un daño, o de la
privación de un lucro esperado que podría sufrir por un acontecimiento
incierto”.
Chile, artículo 512, Código de Comercio,
define el seguro como “un contrato bilateral, condicional y aleatorio, por
el cual una persona natural o jurídica toma sobre sí por un determinado
tiempo todos o algunos de los riesgos de pérdida o deterioro que corren
ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose mediante una
retribución convenida, a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño
estimable que sufran los objetos asegurados”.
Paraguay, artículo 1546, Código Civil de
1985: “Por el contrato de seguro el asegurador se obliga mediante una prima,
a indemnizar el daño causado por un acontecimiento incierto, o a suministrar
una prestación al producirse un evento relacionado con la vida humana...”.
España, artículo 1º, ley 50 del 8-X-1980: “El
contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga mediante el
cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo
es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el
daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras
prestaciones convenidas”.
Bélgica, artículo 1º, “Ley de Contrato de
Seguro Terrestre” del 15-VI-1992: “Contrato de seguro: contrato en virtud
del cual, mediante el pago de una prima fija o variable, una parte, el
asegurador, se compromete hacia otra parte, el tomador del seguro, a
suministrar una prestación estipulada en el contrato en el caso en que
sobrevenga un evento incierto que, según el caso, el asegurado o el
beneficiario, tenga interés en que no se realice”. |
La prima es la medida
económica del riesgo cubierto, en tanto que de su mayor o menor probabilidad
depende que el seguro pueda ser tomado a una prima económicamente
equilibrada y razonable, es
legítimo que el asegurador efectúe una delimitación [3].
Ello no implica que los riesgos más probables no sean asegurados, sino que su
aseguramiento será a una prima más alta. Es indiscutible que en esta relación
riesgo = costo las enfermedades genéticas agraven el riesgo del asegurado;
aunque (no ceñido a la clase) el seguro de personas
-y el de salud- se verían especialmente impactados
por las “probabilidades genéticas”.
La cuestión principal finca
en el contenido del deber de declaración del asegurado cuyo fin último es el
conocimiento del asegurador del estado de salud del asegurado para así evaluar
el riesgo a asegurar.
Ya en la etapa
precontractual las partes del contrato de seguro asumen deberes secundarios de
conducta, los cuales se explican en la distinción que existe entre las
prestaciones principales y aquellas otras que las complementan, que les son
accesorias o instrumentales y que se fundan en la ejecución de la expectativa de
crédito. Estos deberes de cooperación son manifestaciones de buena fe
contractual[5]
Dentro de este
deber de
cooperación, se encuentra el de información, el cual tiene especial importancia
en las negociaciones previas a la conclusión y perfeccionamiento del contrato.
El deber de información encuentra su razón en la necesidad de establecer o, en
su caso, restablecer el equilibrio desde el inicio mismo de las tratativas, para
preservar la relación de equivalencia al tiempo del perfeccionamiento del
contrato. Si el que dispone de la información la oculta o la suministra
falsamente, el contrato se ha concluido en situación de desigualdad, de tal
relevancia que vicia el consentimiento[6].
El deber de informar debe
armonizarse con el deber de informarse, y ello según la aptitud o idoneidad y en
el marco de las posibilidades circunstanciales. Es decir que quien alega la
reticencia ignoraba la información o no se hallaba en condiciones de conocerla.
Las partes deben expresar con claridad los motivos determinantes (causa) y las
necesidades que a través del contrato aspiren (expectativa de crédito)
satisfacer (objeto).
Si uno de los sujetos que
participa de las tratativas sabe por anticipado que, al revelar una información,
la posibilidad de concluir el contrato quedaría frustrada o se formalizaría
sobre la base de un objeto contractual distinto y, obviamente, más oneroso, la
reticencia dolosa[7]
frustra clara y justamente el contrato, si ha determinado el consentimiento.
El asegurado debe
entonces:
dar
a conocer al asegurador, sin reservas, todas las circunstancias que puedan
influir en la apreciación del
riesgo, ya que las primas se determinan matemáticamente sobre la base de
cálculos de probabilidades, y
abstenerse de todo engaño, por
medio de declaraciones falsas u ocultación de hechos conocidos (reticencia).
Ocurre que
tanto la información reticente como la emitida con falsedad importan un
emplazamiento del riesgo carente de correspondencia con la realidad. La
descripción (información) realizada por el asegurando la desnaturaliza, la
deforma, en ambos casos con abstracción de la buena o mala fe con que haya
obrado. Es indiferente que la información silencie total o parcialmente
circunstancias, o las enuncie erróneamente o hasta ambiguamente.
No obstante, debe tenerse
presente que el asegurador puede alegar la nulidad del contrato únicamente
cuando su buena fe ha sido realmente sorprendida y las reticencias de la otra
parte lo hayan inducido a asumir la responsabilidad por un riesgo en tal grado
mayor que el que en realidad asumió, que -de haberlo
conocido- no habría celebrado el contrato.
La importancia de la
cuestión radica en que a partir de la descripción de la situación de riesgo (su
emplazamiento), el asegurador se halla en condiciones de examinar el grado de
posibilidad de que el mismo se “realice”, constituyendo lo que se enuncia como
probabilidad.
El riesgo se
encuentra
configurado por las circunstancias suficientemente relevantes como para
determinar la ocurrencia del siniestro (acontecimiento dañosos). Y la calificación de esas circunstancias
—como suficientemente relevantes— resultan de la estadística lograda sobre:
-
la experiencia del
mercado específicamente referida al riesgo en cuestión, y
-
del examen
particularizado de la declaración efectuada por el asegurando
En consecuencia, el
contenido de la declaración del asegurando debe contener una
descripción de todas las circunstancias conocidas y trascendentes que influyan
en la apreciación del riesgo, es decir las circunstancias:
| i |
referidas
â a la naturaleza
del interés asegurable (inherentes o exógenas) y
â las que correspondan a las
personas, tiempo y lugar.
Y que se proyecten al tiempo del
informe o de la conclusión del contrato (actuales) |
| i |
referidas a las que el asegurando
â sepa
(conozca) o
â
debiera saber (conocer) mediando de su parte una diligencia ordinaria,
lo que lo releva de la realización de averiguaciones onerosas o lentas que
recién una vez obtenidas lo coloquen en situación de declarar |
Ese "deber de declaración"
se satisface con las respuestas del asegurado al cuestionario que frecuentemente
va anexado a la solicitud del tomador. La declaración se complementa con
exámenes médicos que -si bien deben ser consentidos por el asegurado- se integran
a las etapas precontractuales, de forma tal que la negativa del asegurado cierra
el proceso de negociación, liberando al asegurador de cualquier compromiso para
la celebración del contrato y la consecuente emisión de la póliza.
Si en tales exámenes
médicos se llegara a entender comprendidos las pruebas genéticas se alcanzaría
un conocimiento sobre del estado de salud del aspirante no sólo actual, sino
también el probable.
Por otra parte, si de la inteligencia del contrato,
determinadas características genéticas –conocidas por quien carga con la
información- influyeran de modo relevante sobre el riesgo cubierto, la omisión
del dato sería considerable como reticencia e inobservancia del deber de buena
fe por parte del asegurado, incluso si la misma (información) no le fuera
exigida[8].
Tampoco estaría [el asegurado] obligado a denunciar o revelar datos genéticos
que no tuvieran una conexión directa con el bien asegurado, o tuvieran –respecto
de él- una incidencia directa o violaran el principio de equivalencia[9].
Más aún, para algunos autores- si la información genética fuera exigible, las
primas que tendrían que ser pagadas por los futuros asegurados ya no se
calcularían sobre el principio de la equivalencia y aumentarían de modo
constante hasta que los solicitantes no pudieran, ni quisieran pagarlas[10].
Sin
embargo, si el
asegurado contara con dichos datos –colectados por la razón que fuera (médica,
estadística)- las compañías de seguros tendrían un interés justificado en la
distribución simétrica de la información, pues de lo contrario podría producirse
una pérdida actuarial, que a la larga podría poner en peligro la viabilidad del
sistema de seguro.
El dilema a resolver será –conforme con algunas tesis[11]-
determinar cuál de los dos intereses es el que debe prevalecer al momento de
decidir la procedencia o improcedencia de exigir el análisis genético al
potencial asegurado si éste quiere celebrar un contrato de seguro de vida, de
salud o de crédito.
Bibliografía complementaria:
|
NORMATIVA
|
ENSAYOS Y
NOTAS DOCTRINARIAS
|
|
Monografías e
Investigaciones
|
APUNTES Y
ACTUALIDAD
|
UNIDADES/CLASES REFERENTES O DE TEMAS ASOCIADOS
|
GUÍA DE
TRABAJO
|
  
NOTAS:
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