A partir de la premisas
trascriptas en clases anteriores de esta unidad pedagógica,
el bien ambiental es la unidad cuya conservación y defensa interesa a todos
los ciudadanos, y el corolario obviamente significa distribuir socialmente su
financiación y sancionar, en su caso, a aquellos que provoquen o realicen el
daño, entendiendo éste como agresión al equilibrio ecológico, o sea, al bien
ambiental que subyace y lo prefigura.
El uso libre de los
recursos ambientales y la gratuidad del uso suponen al estado actual la
degradación progresiva de la calidad del ambiente. La finalidad del principio
contaminador pagador es la de internalizar los costos del perjuicio o
deterioro ambiental o la prevención de que ello ocurra. Hay excepciones a su
aplicación, tales como las industrias o áreas con graves dificultades
económicas o las distorsiones más significativas en el tráfico internacional,
pero, en rigor, el principio apunta a que los costes ambientales sirvan para
su imputación efectiva sobre el agente contaminante. La consecuencia es, que
se trata de un criterio que supone la interdicción de las subvenciones o
subsidios y, esto es destacable, la proporcionalidad entre el grado de
contaminación (la capacidad contaminante) y el pago a realizar.
El
principio, no obstante, se presenta cargado de polémica desde el punto de
vista político. Si para algunos se trata pura y simplemente de asegurar el
derecho del ciudadano a la tutela del equilibrio ecológico,
no creen que este principio obligue directamente a conservarlo.
Los costos sociales
internos que acompañan la producción industrial deben internalizarse. Es
decir, ser tomados en consideración por los operadores económicos en sus
costos de producción. Rosembuj toma de Pigou el desarrollo de la teoría de la
externalidad en la forma de divergencia entre los productos netos sociales y
privados [1].
A juicio de Pigou las correcciones convenientes para igualar las diferencias
entre productos netos marginales sociales y privados son o extraordinary
encouregements o extraordinary restraints o sea subvenciones o tributos.
Pigou indica diversos campos en los que la corrección de las externalidades
positivas o negativas aparecen: la producción de alcohol, el consumo de
gasolina, pero, sobre todo. el perjuicio ambiental en problemas colectivos
como el paisaje, el aire, el agua.
El problema de las
externalidades puede ser visto como consecuencia de la ausencia de derechos de
propiedad; Baumol y Oates afirman que nadie es propietario del aire limpio o
del agua y, por lo tanto no hay precios que funcionen. Aunque es evidente que
no hay cantidades ilimitadas de aire limpio y agua, se ha fracasado en la
utilización del sistema de precios para asignar racionalmente estos recursos
escasos. De allí nace que para regular las externalidades negativas quienes
las originan están obligados a soportar el costo, la sociedad desalienta el
flujo de efectos indeseables.
Si se asegura que los
costos de producción reflejan los costos ambientales ello traerá aparejado que
los precios de los bienes reflejen los costos de producción reales: los
consumidores (cualquiera que directa o indirectamente daña el ambiente o crea
las condiciones para que tal daño se produzca) deben pagar los costos de las
disposiciones necesarias para eliminar la contaminación o reducirla.
El principio no se aplica
siempre y a todas las externalidades, según Coase es un error pensar en una
parte que daña a otra. El problema es bilateral y surge cuando dos partes
pretenden usar un recurso incompatible entre ellas y compiten para
conseguirlo. La solución es: o el que contamina paga o, si el costo de
transacción-negociación es cero, los contaminados venden al contaminante su
derecho a contaminar o éste compensa por su derecho a los primeros. Ambas
partes prefieren una eficiente asignación de recursos si los gastos de litigio
pueden evitarse.
Pero no será el libre
mercado el que llevará a una asignación óptima de los recursos cuando haya
externalidades. Los bienes que las generan se subproducirán y/o elevarán su
precio final.
La falla del mercado se
debe a que determinados productos –v.gr., la contaminación y la pérdida de la
biodiversidad- no tienen precio; el remedio podría consistir en reforzar el
tratamiento de mercado fijando precio a todos los bienes (la incolumidad del
ecosistema) . Sin embargo hasta los más acérrimos defensores del sistema de
libre mercado han admitido la dificultad en fijar dichos precios. No cabe
ninguna duda que probado quien fue el agente causante del daño, a éste le cabe
la responsabilidad de indemnizar los daños causados en forma primaria. Sin
embargo, -afirma Pizzorno[2]-
la acción podrá ser dirigida contra el dueño o quien tenga la guarda de la
cosa. Lo más corriente es que el daño sea el resultado de la acción de varias
acciones como posibles responsables que hayan concurrido a producirlo. Y, debe
repararse -advierte el autor citado- en que los extremos de hecho a probar en
causas de daño ambiental requieren precisas mediciones, en muchos de los casos
con sofisticado equipamiento -generalmente muy costoso. Debido a la pesada
carga de la prueba que pueden tener los demandantes es de aplicación aquí la
teoría de las cargas dinámicas de la prueba apoyados en el deber de
colaboración de las partes en el juicio como asimismo la obligación de probar
de aquel que se encuentre en mejor posición para hacerlo.
En los Estados Unidos la
EPA (Enviromental Protection Agency) ha desarrollado políticas tuitivas a
través de instrumentos como certificados de permiso y multas[3].
Por su parte, en la
Argentina el sistema federal de organización ha dejado a las provincias la
regulación ambiental[4]
con algunos mínimos contenidos en la Constitución Nacional[5],
que define como daño ambiental a toda lesión o menoscabo al derecho o interés
que tienen los seres humanos, como vecinos o como colectividad, a que no se
alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida; y en la ley
nacional de Residuos Peligrosos[6].
La lesión al ecosistema
es –por otra parte- en alguna medida inevitable pues el hombre por el solo
hecho de vivir deteriora al medio y, además, la evolución científica y
tecnológica también reporta beneficios para los humanos pese a sus
consecuencias degradantes[7]
(ver asimismo, las soluciones que aporta la bioremediación
en
Biotecnologías aplicables en MICROORGANISMOS).
No cabe pues pensar en la
total eliminación de la contaminación ambiental, sino solamente en alcanzar
grados de deterioro compatibles con la preservación del entorno y con las
exigencias del desarrollo, y en última instancia con la protección de la vida,
salud y bienestar del hombre. En general, los costos marginales de lograr un
ecosistema limpio y que conserve la dinámica evolutiva propia pueden ser
afrontados sino en toda su pureza si en un nivel de contaminación aceptable,
donde el costo marginal de mejorar la calidad es igual a su beneficio
marginal.
Los costos de una salud
más amenazada, menos recursos para la alimentación y recreación son algunos de
los más importantes (pero no los únicos si se tiene en cuenta el valor
potencial de la diversidad no explorada aún). Entonces se entiende que los
consumidores estarían dispuestos a disminuir su beneficios corrientes en
procura de gozar de los beneficios marginales de mantener un ecosistema
dinámicamente sano y potente. Sin embargo para Pigretti, el derecho a
traspasar el costo de la contaminación no condice con un concepto estricto de
justicia y debería –para algún supuesto- imponer al contaminador un
indemnización de la naturaleza con la ganancia no trasladable[8].
Bibliografía complementaria:
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NORMATIVA
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ARGENTINA
25.670
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión y eliminación de los PCBs en todo el territorio de la Nación
Registro. Autoridad de Aplicación. Responsabilidades. Infracciones y
sanciones. Disposiciones complementarias
BsAs Octubre 23 de 2002.
COLOMBIA
491. Ley de Seguro
ecológico. Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. |
|
ENSAYOS Y
NOTAS DOCTRINARIAS
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Monografías e
Investigaciones
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NOTAS:
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