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por G.R.A.I.N.

Fuente: Revista Biodiversidad - Enero 2004

	Argentina después de la soja
	Brasil: "o mais grande..." (y codiciado)

 

 

 

 

Argentina después de la soja

En la zafra 2002/03 se sembraron en Argentina más de 12 millones de hectáreas con sojas transgénicas RR resistentes al herbicida glifosato (se estima que menos del 5% es soja convencional); se produjeron 35 millones de toneladas de grano lo que representa la mitad del volumen total de producción del país con un valor aproximado de 7 mil millones de dólares (Lapolla, 2003). En la zafra 2003/04 el área sembrada de es de casi 14 millones de hectáreas.

En Argentina la liberación de maíces genéticamente modificados para el cultivo ha sido más restringida que la soja. Uno de los factores explicativos es la determinación ministerial de 1999 de liberar sólo eventos que hayan sido aprobados por la UE y presenten ventajas agronómicas. Las estimaciones actuales pronostican para la zafra 2003/04 unos dos millones de hectáreas de maíz (Boy, 2003). Se estima que en la zafra 2002/03 unas 800 mil hectáreas (35% a 40% del total) fueron plantadas con maíces transgénicos Bt resistentes al barrenador del tallo Diatraea sacharalis (De León, 2003).

El país, otrora granero del mundo, exportador de trigo, maíz y carne para el consumo humano, a partir de la soja transgénica ha pasado a ser un país productor y exportador de aceite y forraje para la producción cárnica en Europa y Asia (Pengue, 2001).

Desde fines de la década del 70, con la instauración de las políticas neoliberales en la agricultura, profundizadas desde la década del 90 y agudizadas desde 1996 con el crecimiento exponencial del área de monocultivo con soja transgénica se han producido importantes impactos estructurales en la agricultura Argentina. Entre 1991 y 2001 esta estrategia de desarrollo rural excluyente _en la cual la soja RR para el mercado externo ha sido el factor fundamental_ ha provocado en Argentina la desaparición 150 mil productores familiares, una mayor concentración de la tierra (6 mil empresas poseen cerca del 50% de la tierra productiva) y su control por capitales extranjeros (16 millones de hectáreas) (Laplace, 2003).

Como estrategia empresarial, Monsanto y el distribuidor de sus semillas, la empresa Nidera, permitieron a los empresarios la libre reproducción de semillas de soja transgénica de un año para otro no cobrando royalties y de esta forma favorecieron la competencia al equiparar el precio al de la semilla convencional (Morales, 2002). Una vez adoptada en forma generalizada la soja RR, desaparecida del mercado la semilla de soja convencional, Nidera Semillas hace valer sus dobles derechos de propiedad intelectual: los derechos de obtentor y la Ley de Patentes. De esta forma las semillas que el empresario sojero le compra a Nidera siguen siendo de su propiedad; si el empresario quiere volver a utilizar semillas que el mismo produjo, puede hacerlo siempre y cuando le pague a la empresa por concepto de "regalía extendida" (Vicente, 2003).

 

Brasil: "o mais grande..." (y codiciado)

Desde fines de la década de los 90, Monsanto a través de sus empresas comercializadoras, su vinculación con los grandes empresarios agrícolas y con la complicidad de las autoridades argentinas promovió la introducción de semillas de soja transgénica de contrabando en el mercado semillerista del sur de Brasil, donde su cultivo estaba prohibido. Indudablemente el copamiento del mercado de semillas brasileño era desde un principio un objetivo de primer orden. Luego de dominado el mercado de semillas de Argentina, por la vía de los hechos consumados invade el mercado potencial más grande de América del Sur. Datos de consultoras internacionales estiman que para la zafra 2003/04 la soja brasileña _con casi 21 millones de hectáreas_ ocupará el 36% de las ventas mundiales del grano, estimándose el descenso de Estados Unidos del 52% del año pasado al 40%.

A pesar de haberse declarado contrario a una liberación sin criterios de precaución durante la campaña electoral, cediendo a las presiones empresariales, una de las primeras acciones del gobierno de Lula fue la autorización a comercializar la soja transgénica plantada ilegalmente en Río Grande del Sur en la zafra 2002/03 (MST, 2003). La medida provisoria, transformada posteriormente en Ley Federal, autoriza la venta de esa zafra dentro y fuera del país. Existían, como señalan varias organizaciones sociales, otros caminos para responder a la situación de hecho planteada; principalmente el criterio político debería haber sido que pagasen los costos del contrabando ilegal las empresas dueñas de la tecnología y los organismos que habiendo tenido que controlar no lo hicieron, y no toda la sociedad brasileña. La ley abre ahora un camino más fácil, al sentar un precedente, para que una postura de mayor apertura a esta tecnología en la agricultura sea impulsada desde los sectores empresariales nacionales y extranjeros que tienen intereses económicos vinculados a este sector de la industria. La medida además pasó por encima de una decisión judicial del Tribunal Federal que prohíbe la comercialización de OGMs. Por un lado el gobierno contrarió esa decisión con una medida provisoria y posterior ley, y por otro cumplió la exigencia de varias organizaciones sociales en cuanto al etiquetado, con el decreto de abril de 2003, que obliga a los productos con más del 1% de ingredientes transgénicos a presentar esa información en el embalaje (Silva, 2003).

Preparándose para la nueva situación, en junio la empresa Monsanto divulgó la noticia que cobrará royalties a las empresas exportadoras que comercialicen soja transgénica.

A partir de julio de este año las empresas que exporten soja transgénica brasileña deberán obtener una licencia de la empresa Monsanto reconociendo sus derechos de propiedad intelectual. El esquema es válido para las exportaciones de Brasil a países donde la tecnología RR está patentada: EEUU, Canadá, Japón y la UE (Milanes, 2003).

Desde el mes de diciembre, en Brasil Monsanto ha iniciado una fuerte ofensiva publicitaria por televisión y radio dirigida principalmente a las amas de casa, alegando las "bondades" de la soja transgénica frente a la soja convencional derivadas de su producción con menos agrotóxicos. El Foro Nacional de entidades Civiles en Defensa del consumidor, entidad que congrega a 21organizaciones de 14 estados de brasileños y otras organizaciones están denunciando esta agresiva y mentirosa campaña publicitaria (Adital, 2003).

La existencia en Brasil, principalmente en el sur, de un fuerte movimiento social, con larga historia de lucha en contra de estos cultivos, que abarca al MST, junto a Vía Campesina, Contag, Fetraf y diversas y numerosas organizaciones no gubernamentales ambientalistas, de derechos humanos y de consumidores junto a las pastorales sociales son una garantía para la larga batalla. La capacidad de propuestas alternativas que hoy esta levantando el movimiento social en el campo y las ciudades en torno a la soberanía alimentaria, la conservación de las semillas locales y la producción agroecológica y el desarrollo de mercados locales es de gran importancia para enfrentar este malón transnacional transgénico conjuntamente con sus aliados empresariales locales (MST, 2003).

Un último "detalle": Aunque los grandes empresarios brasileños sojeros afirman que el uso de soja transgénica disminuye los costos por la reducción de mano de obra y el número de aplicaciones de herbicida, la realidad está demostrando lo que era previsible: en áreas con mayor tiempo de cultivo de soja transgénica ha surgido una hierba resistente al glifosato llamada "corda de viola" obligando al aumento de la dosis y número de aplicaciones del herbicida e incrementando, consecuentemente, los costos de producción.